Una tensa jornada se vivió este miércoles en las dos sesiones de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados durante la discusión del proyecto que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE), proyecto que finalmente fue despachado a la Comisión de Hacienda luego de aprobarse el corazón de la iniciativa del gobierno y sus indicaciones.

Y es que durante la jornada se votó el proyecto en particular y las 70 indicaciones que fueron ingresadas por el Ejecutivo y los diputados para un proyecto que, dicho está, busca modificar el SAE. La iniciativa, hasta aquí, ha despertado críticas por la forma en que se hace cargo de reintroducir el mérito: una vía optativa con admisión propia para colegios con sobredemanda.

Esa ha sido quizás si el gran foco de una crítica proveniente incluso de expertos a los que la derecha generalmente recurre para argumentar favorablemente sus proyectos. Pero también hubo otras a temas más específicos del proyecto, como las entrevistas a apoderados.

Conciente de las advertencias y habiendo reconocido públicamente la ministra María Paz Arzola que el proyecto tenía ciertas debilidades en la redacción, si bien el gobierno ingresó indicaciones que anulan parte de su propuesta, también mantienen la modalidad de Elección Mutua (EM), que es la vía optativa para establecimientos sobredemandados. Esto, desde ya, hace suponer que la discusión se mantendrá a tope en las etapas legislativas venideras.

Los cambios

Lo primero que aclaran los entendidos del Mineduc que participaron de la redacción de las indicaciones es que la intención de las modificaciones al SAE fue siempre mantener un sólo sistema. Y que para reforzar eso las indicaciones aclaran que la Elección Mutua se incorpora dentro de los criterios del sistema de admisión, para luego detallar más latamente qué tipos de criterios se incorporan en ese mecanismo. Del mismo modo, dentro de esos criterios en el ministerio creen haber aclarado que las entrevistas no tienen un propósito de admisión, sino informativas.

Para la cartera, que sigue defendiendo que con su proyecto los colegios pasen a tener más incidencia en la elección que con el SAE actual, lo que proponen quienes los han criticado es que los establecimientos sólo puedan incorporar criterios que el Estado fija. El Ejecutivo, en cambio, seguirá buscando que sean los colegios los que los determinen. Y en ese sentido, la proyección del gobierno es que la discusión fuerte ahora se va a dar en cuánto más -o menos- se puede reforzar la fiscalización “sin cercenar la autonomía y libertad de enseñanza”, según detalla uno de los entendidos de la discusión.

Las más relevantes de las indicaciones, por cierto, tenían que ver con el mecanismo de Elección Mutua.

Una de las indicaciones del Ejecutivo dice que el proceso de admisión se llevará a cabo a través de un sistema único, provisto por el Ministerio de Educación, y que los sostenedores de establecimientos que hayan tenido más postulantes que vacantes en el proceso de admisión inmediatamente anterior, estarán facultados para implementar el mecanismo de elección mutua.

“Los establecimientos educacionales que cumplan con la condición prevista en el inciso décimo del artículo 7° bis, podrán implementar el mecanismo de elección mutua con el objeto de verificar criterios de prioridad propios para la asignación de vacantes", se lee. El sostenedor interesado deberá informar la decisión al Mineduc, acompañando la descripción del proceso que pretende aplicar, incluyendo los criterios de admisión que utilizará. Asimismo, deberá acompañar una declaración jurada en la que conste que dicho procedimiento no contraviene los principios establecidos en la ley.

Según la indicación, los colegios que opten por esta vía podrán utilizar criterios como de vínculo y continuidad (hermanos, hijos de trabajadores, asistencia previa, provenir de un establecimiento del mismo sostenedor, hijo de un exalumno del establecimiento); adhesión al proyecto educativo (aceptación expresa y por escrito del proyecto educativo, compromiso de participación en las actividades de la comunidad); aptitud en caso de establecimientos que impartan educación técnico profesional, de aptitudes de especialización temprana o de alta exigencia académica, los que podrán aplicar pruebas de admisión, las que evaluarán exclusivamente las aptitudes señaladas. También se incluyen criterios de inclusión.

“El sostenedor podrá aplicar criterios distintos de los contemplados”, se lee en la indicación del Ejecutivo. Para esto, deberá justificar que dichos criterios cumplen con el requisito de ser objetivos, transparentes, verificables y no conlleven ni constituyan discriminación arbitraria. A partir de séptimo básico los establecimientos también podrán considerar el desempeño académico, el que podrá ser medido a través de una evaluación.

Una vez finalizado el mecanismo de EM, los establecimientos reportarán al Mineduc los estudiantes priorizados y los padres que no sean elegidos podrán solicitar un informe.

Asimismo, el gobierno detalla que los establecimientos que opten por la EM deberán contemplar al menos un 20% de cupos para estudiantes prioritarios y, al menos, un 10% para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales.

La EM, además, no se podrá aplicar cuando el establecimiento sea el único de un determinado territorio, según pretende Palacio.

“Las indicaciones recogen los puntos advertidos durante la discusión y aclaran que esto seguirá siendo un sólo sistema. Lo que empujamos es que los colegios tengan participación en sus procesos de admisión, eso ya está declarado. El riesgo de la discriminación arbitraria - estamos de acuerdo en que existe- , por eso lo abordamos con una fiscalización exante, como la declaración jurada de los colegios, y también expost, con fiscalizaciones y eventuales sanciones que pueden terminar en quitar la facultad del colegio se usar la elección mutua. También asegurando las cuotas de estudiantes con necesidades educativas especiales y prioritarios”, se extiende el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez.

De hecho, una de las indicaciones del gobierno dice que “en caso de reincidencia respecto de infracciones cometidas durante la aplicación del mecanismo de elección mutua, el establecimiento perderá la opción de implementarlo por cinco años”.

La tensión

La jornada, dicho está, fue marcada por la tensión en ambas sesiones de una comisión que cada vez que sesiona ve enfrentados a sus diputados. Esta vez la disputa comenzó luego de que parlamentarios oficialistas -quienes cuentan con mayoría- rechazaran varias indicaciones presentadas por la oposición, y en medio de la discusión, la diputada Valentina Becerra (Partido Republicano) solicitara el cierre del debate del proyecto de ley, pese a que aún restaban cerca de 35 indicaciones por discutir.

Si bien esto no está permitido por reglamento-ya que el cierre del debate debe solicitarse individualmente por cada norma en discusión- el intento de terminar la discusión de manera anticipada causó la molestia de los parlamentarios no oficialistas (PC, FA, PS, DC y PDG), quienes optaron por retirarse de la sesión acusando a la oposición de una falta de ánimo para debatir.

“En esta comisión, por un acuerdo administrativo, la derecha tiene una sobrerrepresentación y eso lo ha ocupado, lamentablemente, porque nos clausuran el debate. Lo que queremos alertar con el retiro es que el oficialismo no tiene vocación de mayoría democrática y, por otra parte, el Mineduc no tiene liderazgo de sus parlamentarios. Nos citaron a una mesa técnica que no cumplió su objetivo. Esto no puede seguir así, ya pasó con Escuelas Protegidas, que tuvimos que llevarlo al TC. Este proyecto también tiene normas anticonstitucionales y quiere repetir la receta: fracaso tras fracaso en los trámites de la Comisión de Educación”, se extendió al respecto Daniela Serrano (PC).

Por su parte, Emilia Schneider (FA), dijo que “aquí no estamos solamente el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, sino que el Partido de la Gente también abandonó esta comisión, porque efectivamente el gobierno no quiere dialogar y lo que quiere hacer es volver a instalar la discriminación a las y los estudiantes”.

En esto, la parlamentaria también apuntó a que las indicacioens presentadas no fueron escuchadas. “Hicimos propuestas sensatas para mejorar este proyecto que incluso se alejaban de nuestras propias ideas, pero queríamos colaborar. Eso fue completamente desechado”, advirtió. “Pareciera ser que la ministra (de Educación) ni siquiera tiene interés en referirse a esto y encima después de todos estos sucesos la diputada Becerra del Partido Republicano pide el cierre del debate de todo el proyecto de ley para que no se discuta ninguna norma”.

Mientras, Tamara Ramírez, subjefa de la bancada del PDG, aliado del gobierno en otros proyectos, dijo que “lamentablemente hemos sido utilizados por parte del subsecretario y la ministra de Educación. Nuestras indicaciones presentadas lo único que querían era poder dejar definida una estructura de criterios para proteger hoy día a nuestros estudiantes. Lamentablemente se nos ha tildado de que estamos ideologizados y las han rechazado sin ni siquiera poder revisarlas o leerlas en detalle”, sostuvo.

Pero Luis Pardo (RN) refutó estas aseveraciones: “La pataleta que hizo hoy día la izquierda no tiene ninguna justificación. Primero, porque todas y cada una de las más de 40 a 50 indicaciones que presentaron han sido debidamente leídas por la secretaria. Han sido fruto de discusión, de interpelación a la ministra y al subsecretario, como incluso interacciones con los demás parlamentarios”, señaló, agregando que “es totalmente falso que se le voten en contra todas sus indicaciones”.