En la medida que la tasa de desempleo se ha mantenido persistentemente por sobre el 8%, lo razonable sería pensar en medidas que facilitaran la contratación, pero en realidad ha venido ocurriendo justo lo contrario. Una serie de recientes leyes ha aumentado los costos laborales, en tanto que en el Congreso se tramitan más de 20 proyectos que de ser aprobados recargarán aún más los costos para las empresas. Todo ello naturalmente va creando un cuadro muy poco favorable para efectos de revertir lo que algunos expertos ya califican como una emergencia laboral.

Un reciente informe de Libertad y Desarrollo (LyD) estimó que el aumento del salario mínimo a $529 mil -y que a partir de enero del próximo año se incrementará a $539 mil-, la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas y el incremento de las cotizaciones previsionales de 1% desde septiembre, han elevado los costos laborales en un 23,7%. LyD proyecta que hacia fines de 2026, producto de que algunas de estas leyes continuarán con su proceso de implementación, el costo laboral habrá aumentado hasta 30%.

El cuadro se hace aún más complejo a raíz de la irresponsable manera en que el mundo político está abordando la realidad laboral, sin atender a los costos e implicancias de estas iniciativas. La Cámara de Comercio de Santiago ha alertado de a lo menos 24 proyectos de ley que podrían encarecer aún más la contratación, donde si bien hay algunas mociones de parlamentarios de oposición, la mayoría provienen del oficialismo. Allí se cuentan distintas iniciativas para seguir introduciendo feriados irrenunciables que responden a los más variados motivos, pero también proyectos como la negociación ramal -impulsada por diputados socialistas-, donde por lo visto no se han calibrado las implicancias de mezclar en procesos de negociación colectiva a empresas de distintos tamaños y productividad. También despiertan especial preocupación las tres mociones que apuntan a eliminar el tope de indemnización por años de servicio, lo que abre una serie de interrogantes sobre cómo ello impactará en los costos por despido.

Si esta batería de proyectos ya genera importantes dosis de incertidumbre, las señales que algunas candidaturas presidenciales están enviando complican aún más el cuadro. Es el caso de Jeannette Jara, la abanderada del oficialismo, en cuyo programa se contienen algunas propuestas especialmente controvertidas. Además de la negociación ramal, también propone que se “actualizará la normativa para limitar el subcontrato en funciones del núcleo de la actividad de la empresa, como se practica hoy en la mayoría de las empresas del país”, algo que desde luego ha abierto una serie de interrogantes porque no queda claro el alcance exacto de la propuesta. Lo cierto es que en la actualidad la subcontratación es una fórmula ampliamente utilizada en las empresas -del orden de un millón de trabajadores están empleados bajo esta modalidad-, de modo que una regulación no bien pensada puede generar efectos muy negativos en el mercado laboral.

Jara, como exministra del Trabajo, tuvo un rol directo en las reformas que han aumentado los costos laborales, y ha presentado dichos cambios como triunfos resonantes para los trabajadores, omitiendo los costos para el mercado del trabajo. Los contenidos de su programa de gobierno siguen en esta misma línea, revelando que su mirada está desconectada de la precaria realidad que el país vive en materia de empleo.