Los reiterados casos de violencia al interior de los colegios, que se han traducido en vandalismo, graves agresiones a alumnos y profesores -en uno de estos incidentes incluso resultó asesinada una inspectora del liceo- y casos de alumnos portando armas de fuego, requieren de respuestas enérgicas por parte del Estado, que no solo se hagan cargo de los problemas estructurales que puedan estar detrás de esta violencia irracional, sino también de asegurar que por la vía de las sanciones se den señales a los infractores de que actos de esta naturaleza no quedarán impunes.

En ese marco se insertan dos proyectos de ley que acaba de presentar el Ejecutivo: uno de ellos establece nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos contra la comunidad educativa y los recintos escolares, en tanto que el otro busca introducir medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Es este último el que sobre todo ha abierto un intenso debate en el Congreso, particularmente porque la oposición ha mostrado fuerte resistencia tanto hacia la disposición que busca permitir el registro de mochilas, como respecto de aquella que introduce un nuevo requisito para la obtención de la gratuidad, que es no haber sido condenado por delitos que atentan contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura.

El tema de condicionar temporalmente el beneficio de la gratuidad a quienes presenten comportamientos muy violentos o incurran en delitos no es inédito, pues este ya se dio con motivo de la ley de presupuestos 2025, cuando un grupo de parlamentarios propuso una indicación para privar de dicho beneficio por espacio de un año a los alumnos infractores.

No cabe duda de que, como criterio general, la pérdida de la gratuidad debería ser una medida de “ultima ratio”, porque es atendible el argumento de que en el caso de alumnos muy violentos o que incurren en delitos, la alternativa de mantener la chance de continuar estudios superiores puede ser una posibilidad concreta para enmendar el curso de sus vidas. Con todo, es también un hecho que la violencia en los colegios no se ha logrado controlar, por lo que resulta válido que la sociedad se abra a explorar otras fórmulas que eventualmente puedan funcionar como un disuasivo, sobre todo cuando se busca asegurar el derecho a la educación para el conjunto de la comunidad estudiantil.

En ese orden de cosas, es válido que el país debata acerca de los requisitos que habrán de exigirse para que los alumnos puedan acceder a este beneficio, donde incorporar como exigencia adicional la ausencia de condenas por vandalismo o violencia parece algo razonable. Es una señal que se envía en cuanto a que los actos contrarios a la ley tendrán consecuencias, reforzando la noción de que los miembros de toda sociedad, así como reciben del Estado determinados beneficios, también deben cumplir con obligaciones elementales. Bajo esa perspectiva, el hacer más exigente la gratuidad no supone “conculcar un derecho”, sino perder un beneficio por el incumplimiento de las personas por requisitos fijados de antemano en la ley.

El proyecto que ha presentado el gobierno probablemente requerirá de perfeccionamientos, pero tiene el mérito de abrir un debate en la sociedad que ha sido largamente postergado.