El presidente de Azul Azul, Michael Clark, el director de la misma, José Ramón Correa y el abogado de la entidad, Jorge Arredondo, viajaron a Buenos Aires durante la jornada de este lunes para visitar a los hinchas que aún se encuentran en hospitalizados en la capital transandina e interponer una denuncia judicial contra quienes resulten responsables de los graves incidentes que se produjeron en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana.

Hito judicial al cual tuvo acceso El Deportivo y en la cual se pudo leer que no sólo se apunta a los agresores directos, sino también a “cómplices o encubridores de los hechos de extrema violencia sucedidos el 20 y 21 de agosto de 2025 en el Estadio Libertadores de América”. Aunque, lo que más llama la atención, es que el escrito también apunta a la policía y guardias privados.

“La presente denuncia penal está dirigida a todos aquellos funcionarios y agentes municipales, provinciales y nacionales que hayan sido responsables de organizar y coordinar el evento; al personal policial de la Provincia de Buenos Aires y/o de las distintas fuerzas de seguridad que hayan tenido intervención en los hechos, y todo aquel personal de seguridad privada que oportunamente hubiere sido contratado a tales efectos”, se leyó en el escrito.

Clark y compañía acusan que cada uno de los involucrados pueden ser juzgados por homicidio en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, lesiones graves y gravísimas, asociación ilícita, robo y hurto e incumplimiento a los deberes de funcionario público, entre otras cosas, según detalla el documento.

“Más grave aún resulta el hecho de que, una vez que los hinchas de la Universidad de Chile se retiraban como podían de la tribuna visitante, el personal policial priorizó un procedimiento arbitrario de detención masiva en las salidas del estadio, cometiendo actos claros de abuso de poder que implicaron apremios y torturas, y que dejaron a un sinnúmero de hinchas heridos, muchos ellos de gravedad”, lanzó la sociedad anónima laica.

También se resaltó que no se detuvo -esa noche- a ningún argentino involucrado en la golpiza “y las fuerzas de seguridad dirigieron su accionar represivo contra las propias víctimas, golpeándolas y deteniéndolas indiscriminadamente... Nuestros hinchas sufrieron constantes maltratos, golpes, robo de pertenencias y la privación del debido acceso a una atención médica producto de sus graves lesiones sufridas”.

La demanda resaltó que “hubo encubrimiento por parte de las fuerzas de seguridad intervinientes y distintos funcionarios municipales, provinciales y nacionales” y catalogó la violenta jornada como “una emboscada planificada y tolerada, en la que hinchas de la Universidad de Chile -muchos de ellos familias enteras, mujeres y menores de edad fueron objeto de linchamientos, torturas, desnudamientos, vejaciones, agresiones con armas cortopunzantes y detenciones ilegales”.

Por último y pidiendo que el fiscal a cargo de la causa, Mariano Zitto, oficie a Independiente, hospitales y fuerzas policiales y organismo del gobierno transandino para que entreguen todas las imágenes y escritos de los días anteriores y posteriores a la tragedia, Azul Azul determinó que los graves hechos de violencia fueron premeditados.

“No se trató de incidentes aislados ni espontáneos, sino de una acción organizada, donde se vulneraron los accesos a la tribuna visitante bajo la inacción deliberada de las fuerzas de seguridad y la insuficiencia del operativo dispuesto, que se tradujo en una auténtica zona liberada que permitió el ingreso de la parcialidad local, lo que propició una verdadera masacre”, concluyó.