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"Mientras él mantenga el cargo él tiene una obligación constitucional y legal de desempeñar su función", aseveró el jefe de la cartera de Justicia.

Desde el estallido social de 2019, la imagen del país en el extranjero ha sido motivo de debate. Recientemente el diario uruguayo El País habló de “la tragedia chilena”, mientras que la revista británica The Economist afirmó que Chile “luce peor que en cualquier punto desde el retorno a la democracia”. De cara a las elecciones presidenciales, Michael Reid, Enrique Krauze, Cynthia Arnson, Aders Beal, Michael Shifter, Carlos Malamud y Talita Sao Thiago Tanscheit, entregan su diagnóstico en las siguientes columnas de opinión escritas para La Tercera.

El director del Instituto Nacional de DD.HH. cuestiona la falta de reconocimiento del Estado ante las consecuencias del estallido social. Además, critica las modificaciones introducidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el 2022, que aluden a la reparación monetaria de las víctimas de abusos por parte de agentes policiales y militares.

El paisaje urbano de las grandes ciudades del país cambió radicalmente tras las manifestaciones del 18 de octubre de 2019. Con la pandemia como un entretiempo casi invisible, algunos lugares donde se llevaron a cabo las marchas hoy lucen distintos, pero con huellas visibles del estallido. Otros sitios, en cambio, aún no han podido ser reparados e incluso han sufrido evidentes mutaciones, como Plaza Baquedano, el epicentro de la furia y las demandas.

Según un sondeo realizado en más de 15 empresas, cerca del 90% de los locales que resultaron dañados tras el 18 de octubre ya han sido reconstruidos. Por otro lado, un catastro de Mapcity revela que si bien el 23% de los supermercados cerró el año pasado por el estallido, en marzo de 2020 esa cifra había bajado a un 13%. En septiembre subió a 14% por la pandemia, siendo San Ramón la comuna más afectada.

Las causas penales abiertas por la fiscalía por violaciones a los DD.HH. han cercado a la máxima autoridad de Carabineros, quien -además- enfrenta ahora una investigación por la compra de balines utilizados para repeler las protestas, que han provocado 223 traumas oculares.

La apuesta fue y sigue siendo muy alta: el gobierno y la oposición parlamentaria centran sus esfuerzos en generar una nueva Constitución Política como el modo principal de detener la violencia. Pero ninguno de los dos ha demostrado la capacidad de lograrlo y en algún caso cabe presumir que hasta la han alentado, por omisión, ambigüedad o doble discurso.

Desde el 18 de octubre, tras cada marcha de protesta, grupos de personas -la mayoría jóvenes- provocan destrozos, saquean y prenden fuego. Las mismas autoridades han dicho que se mueven en forma coordinada, siguiendo un patrón, sin embargo, la policía rara vez los detiene. El control de carabineros consiste, casi exclusivamente, en la represión de los manifestantes. Disparos de balines y bombas lacrimógenas lanzados incluso dentro de liceos, departamentos y condominios.