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Son más de 5.550 personas que denunciaron violaciones a los derechos humanos entre el 18 de octubre del 2019 y el 30 de marzo del 2020, según la Fiscalía Nacional. Sin embargo, la mayoría de los casos se concentran en dos grandes indagatorias: responsabilidad del mando policial y lesa humanidad. La primera apunta a Carabineros, donde será formalizado el general director, Ricardo Yáñez,y la segunda tiene que ver con que si hubo o no una política para reprimir a la población y así evitar las protestas. Sus estados procesales son distintos y la Fiscalía, cuatro años después, sigue decretando diligencias.

La persecutora -que indaga delitos asociados a la responsabilidad de mando por los lesionados durante los desmanes y protestas de octubre del 2019- busca desde noviembre del año pasado poder interrogar al jefe policial. Sin embargo, el alto oficial ha sido escurridizo: en marzo, la investigadora lo visitó en su oficina sin éxito, pues el uniformado decidió guardar silencio.

El dos veces mandatario fue interrogado durante este martes como imputado. Esto, debido a las querellas presentadas en su contra por el exsenador Alejandro Navarro y otras organizaciones en el marco de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el denominado estallido social. Asimismo, se le requeriría como testigo en otra arista que tramita la jefa de Alta Complejidad Centro Norte y que apunta a la responsabilidad de mando de Carabineros en apremios, lesiones y torturas cometidas por la policía uniformada tras el 18-O.

La fiscal de Alta Complejidad Centro Norte llegará hasta el Edificio Bicentenario del Ejército para interrogar, en calidad de testigo, al comandante en jefe de la institución castrense.

La persecutora de Alta Complejidad interrogará a las exautoridades de gobierno en calidad de imputados, debido a la querella que abrió la investigación que está dirigida contra ellos y los mandos de Carabineros. El objetivo es indagar las consecuencias que tuvo el actuar policial en los manifestantes lesionados durante el estallido social. Samuel Donoso, abogado del exmandatario, señaló que "los hechos demuestran que su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas, procurando en todo momento el resguardo de los derechos humanos, en los difíciles momentos que vivió el país". La ronda de interrogatorios comenzó este viernes 31 con la declaración de Andrés Chadwick.

La fiscal Ximena Chong indaga la presunta responsabilidad del mando policial en delitos de apremios ilegítimos durante el estallido social, donde Ricardo Yáñez podría ser, incluso, formalizado. Desde la defensa del alto oficial advierten que es “una causa sin sustento jurídico”.

El exgeneral director de Carabineros presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, ante las negativas del fiscal regional, Xavier Armendáriz, de inhabilitar a la investigadora de Alta Complejidad por su vínculo con la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), quienes son querellantes en la causa. El tribunal de alzada acogió a trámite la acción judicial y le dio 24 horas al juez Daniel Urrutia para informar sobre la resolución con que también rechazó la realización de una audiencia para discutir el tema.

La persecutora de Alta Complejidad Centro Norte solicitó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, "resguardo, en formato PST, de los correos electrónicos” de Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, además de los exsubsecretarios Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, y el exasesor Mijael Bonito. El Ministerio Público pesquisa el rol de las autoridades de la época durante el estallido social.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, dictó una resolución que agrupa las investigaciones por eventuales delitos de lesa humanidad que hasta ahora estaba radicada en la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La máxima autoridad del Ministerio Público ordenó que todo sea indagado por el fiscal regional de la zona Centro Norte, Xavier Armendáriz, y su equipo. El principal motivo, dice, es que la mayor cantidad de causas de violaciones a los DD.HH. ocurrieron en el centro de Santiago, por lo que también permitirá que los fiscales porteños se ocupen de otras causas más importantes que hay en su zona.

El mandatario brasileño rechazó por completo el informe que senadores de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) entregaron a la Fiscalía, que tendrá que decidir si denuncia al jefe de Estado. El documento pide que se le acuse de nueve crímenes relacionados con la pandemia, entre ellos violación de medidas sanitarias preventivas, curanderismo, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos, falsificación de documentos privados, además de responsabilidad en delitos de lesa humanidad.

En octubre se van a cumplir dos años de la muerte de Álex Núñez, atribuible -según indaga el Ministerio Público- al accionar de Carabineros en medio de las manifestaciones por el estallido social. Hasta ahora la fiscalía no ha podido dar con los responsables. Una de las últimas declaraciones es la de un carabinero que ya denunció ante la policía, en 2020, a dos de sus compañeros de querer encubrir una paliza que dieron a otro detenido en el mismo sector el día que falleció el mecánico de 40 años.

El Ministerio Público ingresó al Juzgado de Garantía de San Bernardo la acusación en contra del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Fabiola Campillai. La mujer perdió la vista y el olfato por el impacto de una lacrimógena que recibió en su rostro cuando estaba en un paradero de San Bernardo, esperando la micro para ir a su trabajo, el 26 de noviembre de 2019. La defensa de Maturana pidió la reapertura de la investigación. Entre las diligencias solicitó que se realice una reconstitución de escena y se hagan pericias de tiro que apoyen la hipótesis de su representado, quien asegura haber percutado la carabina bajo protocolos.

Quien fuera subsecretario del Interior entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, Rodrigo Ubilla, entregó su testimonio en calidad de testigo el 15 de abril pasado ante la fiscalía. Mientras que el actual delegado presidencial, exintendente metropolitano, Felipe Guevara, lo hizo el 12 de mayo en calidad de imputado. Se investigan eventuales delitos de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones del estallido social. Ambos apuntaron a la policía como el ente responsable de tomar decisiones de tipo operativo en materia del uso de la fuerza, señalando que por normativa ellos son quienes definen las estrategias a usar y que el Ejecutivo solo le pidió al entonces general director de Carabineros que “tomara medidas”.

En su testimonio de 11 carillas, y al que tuvo acceso La Tercera, el Mandatario detalló al Ministerio Público que no hubo por parte del gobierno “ninguna advertencia concreta y específica" que previera los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019. Consultado por el Ministerio Público sobre su frase "estamos en guerra ante un enemigo poderoso", explicó que se trató de una alocución retórica y que no se refería a los manifestantes.

La mujer fue víctima de impacto de bomba lacrimógena en San Bernardo cuando iba a su trabajo, el 26 de noviembre de 2019. En total, la fiscalía lleva investigando este caso un año y medio. El 27 de mayo, el Juzgado de Garantía de San Bernardo resolvió -a raíz de una petición de la fiscal Paola Zárate- fijar una audiencia para discutir la ampliación del plazo de la indagatoria para el 3 de septiembre de 2021. Ante el aplazamiento del proceso judicial, se inició una campaña con el objetivo de exigir celeridad a la justicia en este emblemático caso del estallido social.