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Esto, luego de que el 30 de octubre pasado, el Juzgado de Garantía de Arica desestimara la imputación de "violación de secreto" realizada contra cuatro abogados que solicitaron y accedieron a la identidad de 57 testigos reservados en el marco de una investigación de la Fiscalía en contra del clan de “Los Gallegos”, vinculado al grupo criminal internacional de origen venezolano.

Según confirmó el titular de Justicia, la decisión adoptada por el juez Héctor Barraza constituye un "hecho grave" y será el máximo tribunal el que determine las posibles sanciones en contra del magistrado. En paralelo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció el inicio de una investigación penal contra quien resulte responsable.

La mañana de este jueves, la Corte de Apelaciones dio lugar a la orden de no innovar que pidió la fiscalía en el recurso de protección presentado en favor de los testigos protegidos con identidad reservada de esta causa. Esto suspende resolución de juez que ordenaba entregar sus nombres a las defensas de los imputados.

El pasado 20 de abril, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso interpuesto por el Ministerio Público, el cual solicitaba no acceder a la resolución de la magistrada Viviana García, quien en la preparación de juicio determinó dar a lugar la solicitud presentada por el abogado del dirigente mapuche.

En 2022 se destinó el 75% del presupuesto ejecutado a 176 “reubicaciones” de testigos con protección. Además, se cubrieron costos de alimentación, seguridad y asistencia social. El fiscal nacional defiende la medida: “Circunstancias graves justifican medidas distintas a las reglas generales”.

A la medida, anunciada por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se suma un recurso de protección en favor de los eventuales declarantes, por ponerse en riesgo su integridad física y psíquica.

Estos testigos estaban incluidos en la acusación contra el imputado por delitos de incendios,robos con intimidación y porte ilegal de armas de fuego.

El Tribunal de Cañete concedió revocar la medida de prisión preventiva, pero la fiscalía apeló en audiencia, por lo que la determinación deberá ser ratificada por la Corte de Apelaciones.

El caso del incendio registrado en Tucapel Bajo y la causa en contra de Emilio Berkhoff se mantienen paralizados luego que el Ministerio Público se negara a revelar la identidad de informantes para proteger su integridad.