Columna de Óscar Contardo: El partido de facto

Los presidentes y representantes de los partidos politicos se reunieron en el ex congreso para discutir el nuevo acuerdo constitucional. Foto: Andres Perez / La Tercera NUEVA CONSTITUCION - CONVENCION CONSTITUCIONAL - ENCUENTRO - REUNIONES - PARTIDOS POLITICOS - NEGOCIACIONES - REUNIONES - SEDE - EXCONGRESO


El grupo autodenominado Amarillos ha vuelto a intervenir en el proceso constituyente. Esta vez en las negociaciones para reanudarlo luego del rotundo rechazo cosechado por la primera propuesta, un fracaso en el que los miembros de Amarillos tuvieron una participación estelar. Según el reporte del sitio de noticias Ex Ante, la irrupción ocurrió durante la semana, cuando Chile Vamos evaluaba aceptar la propuesta de una Convención totalmente elegida y paritaria, que incluyera la participación de un grupo de expertos en una instancia por definir. Esta opción desechaba la posibilidad de una convención mixta elegida en parte por el Congreso, la posición que Chile Vamos sostenía a inicios de la semana.

La propuesta de Amarillos, que aun no se conforma como partido ni tienen representación parlamentaria, era hasta el jueves la de un órgano totalmente elegido por los congresistas en ejercicio. El reporte de Ex Ante relata que una representación del movimiento, encabezada por el dirigente Cristián Warnken, acudió a la mesa de negociación para plantear su propuesta. Frente a la posibilidad de que sus aspiraciones no fueran consideradas por las fuerzas políticas con representación parlamentaria, Warnken habría tomado la palabra e indicado que “de no aceptarse la propuesta impulsada por Amarillos, desde la colectividad en formación harían campaña para que el nuevo proceso constitucional fracase”. Esa habría sido la advertencia del vocero del movimiento, según Ex Ante, una frase perentoria que suena a ultimátum. Durante la misma jornada, el conductor del programa de televisión La Belleza del Pensar enfrentó a la prensa que cubre las negociaciones y dijo que si el acuerdo contemplaba una Convención completamente elegida y no una designada por los parlamentarios en ejercicio, “se está invalidando al órgano representativo y democrático que es el Congreso, se está instalando una suerte de dictadura de facto, eso son los caminos populistas”. Es decir, según la lógica de Warnken, si el propio Congreso decide continuar el proceso constituyente con un órgano elegido en su totalidad y sin miembros designados, se está anulando a sí mismo y destruyendo la democracia. El escritor llega a esa conclusión a pesar de que el Congreso es incumbente en este proceso y, por lo tanto, cabría esperar que sus miembros se abstengan de ejercer como juez y parte en la redacción de un proyecto que aspira a un cambio en las reglas del juego institucional y un reordenamiento de la distribución del poder.

En sus declaraciones Warnken acusa, además, de populista la opción de la Convención totalmente elegida, a pesar de estar validada de manera aplastante por 80 por ciento de los votos en el plebiscito de entrada. El escritor evitó una vez más referirse a las causas que nos llevaron a la crisis en curso: una deslegitimación generalizada de las instituciones, entre otras, del propio Congreso, que cuenta con niveles misérrimos de confianza. ¿Cómo va a ser posible que una Convención designada por una institución desprestigiada logre legitimidad social? Warnken no responde esa pregunta. Tampoco se refiere a los orígenes y causas de un estallido social.

Han transcurrido tres años desde octubre de 2019 y tres meses desde el último plebiscito, y aunque durante ese lapso ha pasado de todo, en el fondo no ha cambiado nada. Quienes llamaron a votar Rechazo prometiendo una nueva Constitución más inclusiva (es decir, con mayor participación de los partidos de derecha), con más amor y unidad, se desentendieron de lo prometido en cuanto su opción triunfó. Los rostros de la campaña del Rechazo que secuestraron para su uso privado y personal las nociones de sensatez y moderación, sencillamente se lavaron las manos y cedieron el testigo del asunto a todos los dirigentes conservadores y ultraconservadores que durante los meses de campaña se mantuvieron a resguardo de la opinión pública. La voluntad de continuar el proceso inmediatamente fue sumergida en un pantano de declaraciones orientadas a reescribir los acontecimientos, asegurando que el estallido fue poco más que una asonada delictual y que el descontento social era fruto de un malentendido tramado por las izquierdas. El propio Warnken, quien en una entrevista había anunciado con semblante decidido que tras el triunfo del Rechazo él mismo estaría presionando para que el trayecto constituyente no se desviara, aparece ahora dando un ultimátum que impide acelerar los acuerdos, diagnosticándole populismo a todo quien no se manifieste a favor de sus declaraciones. No veo dónde está la mesura y la sobriedad en calificar de populista una elección plena de una nueva Convención. Lo que sí ha quedado claro es la capacidad que tienen las vocerías de los amarillos para trastocar el sentido de ciertos conceptos, barnizándolos de pesticida mortífero: así lo hicieron con la Convención elegida democráticamente, que desprestigiaron poniendo en circulación la idea de que se trataba de una “tiranía de los muchos”; así lo hacen ahora etiquetando como una “dictadura de facto” la posibilidad de una elección plena de un nuevo órgano constituyente.

Tal y como cualquier otro movimiento político, el autodenominado grupo Amarillos debería sostener sus puntos de vista con argumentos que al menos guarden una lógica interna. Sin embargo, no es así. Tal vez para ellos no sea necesario hacerlo. Ya ha quedado claro que el movimiento del cual forme parte Cristián Warnken tiene un lugar asegurado en la mesa donde se toman las decisiones, como un partido de facto que no necesita conformarse como tal, ni siquiera ganar elecciones. Basta que sus dirigentes se presenten en el lugar preciso, avalados por un poder misterioso que no necesita manifestarse en las urnas; un poder que les abre puertas, les convoca cámaras, les financia campañas y les permite calificar de populista cualquiera intención de cambio, y llamar “dictadura” a toda elección contraria a sus intereses.

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