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Abusos sexuales en la Iglesia: Fiscal Arias ordena incautar el archivo eclesiástico castrense

Foto: ATON

Por tratarse de un recinto militar, además de religioso –lo que implica un aviso previo de 48 horas para un registro de este tipo- el ingreso policial fue coordinado previamente con el ministro de Defensa, Alberto Espina y con el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, quienes mostraron disposición a colaborar con la diligencia.


Son religiosos, pero además son funcionarios públicos y por lo tanto, por ley, tienen la obligación de denunciar a la justicia, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y a la autoridad los hechos de carácter irregular de los cuales tomen conocimiento. Con este argumento, el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, solicitó al tribunal de Rancagua una orden de entrada, registro e incautación para acceder a los archivos eclesiásticos del Obispado Castrense dependiente del Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

La autorización, que fue aprobada, le permite acceder a todas las denuncias e investigaciones de las que exista constancia en la entidad en los últimos 20 años y que involucren a menores de edad, pero también a adultos. Hasta ahora, de acuerdo a los antecedentes que se manejan, hay al menos una acusación que permite al Ministerio Público vislumbrar la eventual existencia de otros ilícitos. Como la norma en la Iglesia Católica ha sido no poner en conocimiento de las autoridades civiles los ilícitos, la Fiscalía presume que es altamente probable que exista información resguardada, o que por alguna otra circunstancias los obispos castrenses hayan conocido de otras causas ajenas al mundo militar, pero de que de todos modos, por su condición de funcionarios públicos, debieron denunciar.

Por tratarse de un recinto militar, además de religioso –lo que implica un aviso previo de 48 horas para un registro de este tipo- el ingreso policial fue coordinado previamente con el ministro de Defensa, Alberto Espina y con el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, quienes mostraron disposición a colaborar con la diligencia que está en pleno desarrollo. Hasta el lugar no acudió personalmente Arias, sino un persecutor de su equipo.

Actualmente, el obispo castrense es Santiago Silva Retamales, hoy presidente de la Conferencia Episcopal y quien además figura como eventual sucesor del Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Al trabajar con los uniformados su grado es de general de Brigada de Ejército y tiene una remuneración bruta mensual de cargo fiscal de $4.091.671. Consultado por este tema, aseveró que “estamos por supuesto dispuestos a colaborar en todo lo que se nos requiera”.

Los sacerdotes que cumplen labores con él son también considerados como parte del Ejército y reciben salarios y beneficios de acuerdo a su rango. Así, por ejemplo, el vicario general, Claudio Verdugo Cavieres, es mayor de Ejército con un sueldo bruto de $2.205.184.

Antes de Silva, el obispo Castrense hasta 2015, y por cerca de 10 años fue Juan Barros Madrid, discípulo de Fernando Karadima y quien dejó este año de ser obispo de Osorno, en medio de una de las peores crisis de la Iglesia Católica. Anteriormente había sido acusado como encubridor por parte de las víctimas de Fernando Karadima.

Para la revisión del material, Arias -a quien el fiscal nacional, Jorge Abbott, amplió sus facultades de investigación-, cuenta con un equipo reforzado.

En tanto, el próximo 21 de agosto, el persecutor tomará declaración como imputado a Ezzati quien contará con los servicios del abogado Hugo Rivera.

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