Control de Identidad: sentido común y estrategia

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El gobierno busca ampliar facultades de las policías para pedir la identificación de menores de edad.

El Ministerio del Interior argumenta que el 30% de los portonazos; 22,8% robo con violencia; y el 28,9% del robo de autos son cometidos por menores de edad, cifras que darían legitimidad al proyecto, pero que nos obligan también a recurrir a un razonamiento práctico: los niños y niñas tienen conductas que no son homologables con las de los adultos. Y cuando estamos frente a un gobierno que decide ponerlos primeros en la fila, debemos ser conscientes del límite entre exponerlos y protegerlos.


El gobierno ha acertado al identificar la seguridad como una de las urgencias transversales de los chilenos. Un asunto que fue completamente desatendido por la administración anterior y que se ha convertido en una de las prioridades para el Ejecutivo. Sin duda, un tema complejo considerando el rol que ha tenido la oposición frente a esta materia y que se dificulta aún más con el obstruccionismo político, por lo que resulta esencial que la estrategia utilizada en el planteamiento de las soluciones vaya en la dirección correcta del sentido común.

Con lo anterior en mente, el gobierno anunció que buscará ampliar las facultades del Control Preventivo de Identidad que hoy tiene Carabineros. Un instrumento a todas luces necesario, no aplicándolo como lo ridiculiza la oposición al dar a entender que los 60 mil policías estarán todos haciendo estos procedimientos, olvidándose de otras herramientas para enfrentar el delito.

Sin embargo, el hecho de que existan estos controles, dotaría a Carabineros de facultades para que, en ciertas circunstancias, puedan tener mayor efectividad para combatir el control de armas, narcotráfico y receptación. ¿Quién podría estar en contra de esto?

Dicho lo anterior, otra arista a considerar es la inclusión de menores. El Ministerio del Interior argumenta que el 30% de los portonazos; 22,8% robo con violencia; y el 28,9% del robo de autos son cometidos por menores de edad, cifras que darían legitimidad al proyecto, pero que nos obligan también a recurrir a un razonamiento práctico: los niños y niñas tienen conductas que no son homologables con las de los adultos. Y cuando estamos frente a un gobierno que decide ponerlos primeros en la fila, debemos ser conscientes del límite entre exponerlos y protegerlos.

Solo imagine a su hijo o nieto jugando afuera de su colegio y siendo obligado por personal de Carabineros a abrir su mochila. ¿Lo relaciona con seguridad? Estudios han demostrado que, frente a un segundo control, quienes no han cometido un delito, se cuestionan aspectos como vestimenta, imagen, entre otros. Además, este hecho tiene como consecuencia una pérdida de legitimidad hacia la institución policial.

Por tanto, no sería correcto señalar que solo se trata de entregar un RUT, como quien lo hace en un supermercado para acceder a beneficios. Se trata de una vivencia en la cual un menor de edad no tiene la misma madurez que un adulto. Resulta perfectible de criterio frente a la vulnerabilidad, la privacidad e inocencia, pero también podría ser fuente de posibles estereotipos.

En segundo lugar, no podemos ignorar que sólo un 44% estaría de acuerdo con que se efectúe el control de identidad a menores (Cadem), cayendo ostensiblemente respecto del apoyo mayoritario a la medida, que alcanzó un 63% al preguntar por mayores de 18 años.

En suma, el gobierno debe asumir que presenta un proyecto en el cual no cuenta con mayoría parlamentaria. Por ello, su mejor estrategia no solo es poner oído a la ciudadanía, sino que también apostar por el sentido común, proponiendo proyectos moderados y que convoquen adhesión, dejando a la oposición con pocos incentivos y espacios para negar la sal y el agua a las propuestas que apunten a solucionar los problemas de los chilenos.

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