La sistematicidad de las violaciones de DD.HH.

INDH durante la manifestacion

FOTO: AILEN DÍAZ/ AGENCIAUNO

La polémica es inesperada, en primer lugar, porque se trata de una noción bastante pacífica en el derecho internacional de los derechos humanos, entendiéndose que existe sistematicidad en la violación de derechos cada vez que la comisión de un conjunto de actos no se explica por mero azar, como cuando estos actos responden a ciertas similitudes. 



*Esta columna fue escrita en conjunto con Claudia Cárdenas, académica de Ciencias Penales Universidad de Chile y Magdalena Garcés, abogada de Londres 38, espacio de Memorias.

Por nuestra actividad profesional nos encontramos reiteradamente con una noción que de manera inesperada ha saltado al ruedo de la polémica en los medios: la de violación sistemática de derechos humanos.

La polémica es inesperada, en primer lugar, porque se trata de una noción bastante pacífica en el derecho internacional de los derechos humanos, entendiéndose que existe sistematicidad en la violación de derechos cada vez que la comisión de un conjunto de actos no se explica por mero azar, como cuando estos actos responden a ciertas similitudes. Así lo afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco vs. México, agregando que también se expresa tal sistematicidad en la negativa de las autoridades gubernamentales a reconocer la dimensión de los ilícitos perpetrados en contra de una población civil en contexto de protesta social.

En segundo lugar, la polémica resulta inesperada porque en la fenomenología que han tenido las denuncias por violaciones de derechos humanos a manos de agentes del Estado, en las últimas semanas hay un cúmulo de factores que denotan sistematicidad. A saber: desde que se anunciara que se invocaría la Ley de Seguridad Interior del Estado ha habido un aumento explosivo de denuncias (como se constata a partir de las cifras del INDH, del Ministerio Público y de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, en la que hemos estado colaborando).

De acuerdo a esas denuncias, en distintos días y lugares del país se repiten conductas bien determinadas: disparos de bombas lacrimógenas y balines al cuerpo y a la cabeza -a corta distancia- contra manifestantes o transeúntes que no han ejercido violencia física, provocándoles daño ocular en al menos 160 casos; detenciones arbitrarias sobre todo a jóvenes, no siempre registradas debidamente; violencia sexual. Quienes denuncian han sido muchas veces personas pertenecientes a grupos especialmente vulnerables y que deberían ser por lo mismo objeto de especial protección.

Otro factor relevante para determinar la sistematicidad de los hechos denunciados es que en las denuncias se imputa como autores directos, en su gran mayoría (según cifras del Ministerio Público), a funcionarios de Carabineros, cuerpo altamente jerarquizado y obediente a su mando.

Considerando estas características, resulta llamativo que sólo recientemente se ha informado que se esté tomando alguna medida frente a estos hechos, y las que se han informado (reubicación y apertura de sumarios en los casos en los que se ha podido imputar a personas concretas) no resultan eficaces para poner coto al fenómeno, aunque las cifras de personas heridas y muertas se conocen desde ya hace varios días y resulta evidente que las conductas denunciadas no se condicen con los protocolos institucionales de actuación. Antes bien, se ha respaldado el actuar policial; refiriéndose las autoridades en cambio a los y las manifestantes de manera despectiva, equiparándoles a vándalos, a lumpen, o a seres no humanos, al tiempo que engrosan la lista de hechos denunciados la obstaculización del derecho a la defensa.

No resulta explicable por mero producto del azar la coincidencia tanto de acciones como de actores. No puede entonces sino concluirse que las violaciones a los derechos humanos (vida, libertad, integridad física, libertad/indemnidad sexual, manifestación pacífica, defensa jurídica) que los y las denunciantes imputan a funcionarios del Estado son sistemáticas.

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