Movistar Arena pide al MOP extender la concesión: acusa fuerte caída de sus ingresos por pandemia y 18-O

Durante junio de 2020, el centro de eventos fue utilizado como centro de acopio para las cajas de alimentos que entregó el gobierno a las familias más vulnerables para paliar los efectos de la pandemia.

La concesionaria ha enviado dos cartas al Ministerio de Obras Públicas en las que solicita extender la concesión del estadio techado del Parque O'Higgins, aludiendo a las graves consecuencias que dejó el estallido social y el Covid-19. En su última misiva, enviada la semana pasada, la empresa adjuntó un informe en derecho elaborado por un juez del Tribunal de Contratación Pública que defiende la solicitud y compara el caso con el del aeropuerto de Sanitago. Desde la Dirección General de Concesiones del Mop respondieron que "las situaciones ocurridas a causa de la pandemia no son responsabilidad del Estado, por lo que no corresponde revisar el contrato".




La concesionaria del Movistar Arena, el principal centro de eventos techado del país, envió una carta al Ministerio de Obras Públicas, el 20 de enero de 2021, para extender el plazo de la concesión del Estadio Techado Parque O’Higgins. La Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario -propiedad del empresario Peter Hill- sostuvo en su misiva que el toque de queda por los hechos de violencia registrados en octubre de 2019 y las restricciones de movilidad por la pandemia provocaron una fuerte caída en sus ingresos.

El 9 de julio de 2004, por medio del Decreto Supremo Nº 555, el MOP entregó la concesión del recito al grupo conformado por las empresas Gestión e Ingeniería IDC S.A., Administración de Concesiones IDC S.A., Producciones del Pacífico S.A., Hiller Inversiones Limitada y Allen + Fulton Limitada, las cuales integran el grupo denominado Consorcio Arena Bicentenario.

La concesión considera una duración de 240 meses, expirando el día 4 de septiembre de 2024. Las bases de la licitación estableció como una de las obligaciones de la concesionaria efectuar determinados pagos al MOP. El contrato también determinó que durante la fase de explotación de la concesión, la Sociedad Concesionaria deberá pagar anualmente al MOP o a Chile Deportes, según corresponda, un monto, expresado en Unidades de Fomento (UF}, equivalente al 2% de los ingresos totales de la sociedad concesionaria. Esto por concepto de cobro de entrada al público por la realización de eventos deportivos, artísticos, ferias, exposiciones, arriendo del recinto a terceros, merchandising, estacionamientos, ventas de comestibles, publicidad y cualquier otra fuente de ingreso durante cada año calendario de la explotación.

En la misiva enviada al MOP, la empresa explicó que desde octubre de 2019 una serie de hechos han afectado en forma importante la explotación de la concesión. “En efecto, luego de las graves alteraciones al orden público producidas en nuestro país, y principalmente en la ciudad de Santiago, desde el 18 de octubre de 2019, en los meses siguientes las actividades programadas y calendarizadas sufrieron una merma importante. En efecto, existían 34 eventos masivos (con venta de tickets) contratados, de los cuales solo se realizaron 25. Además, se cancelaron dos eventos corporativos”, señaló la concesionaria.

Pero el escenario es más complejo. En la carta, la empresa explicó que tras “la pandemia de COVID-19 que ha afectado a Chile y al mundo desde inicios de este año 2020, la situación se ha tornado más extrema”. En 2018, el Movistar Arena albergó un total de 122 eventos, siendo octubre, noviembre y diciembre los meses de mayor actividad. En 2019, fueron 108 los shows realizados. Mientras que en 2020 sólo cinco. El último evento organizado fue en marzo del año pasado, en una cumbre punk que reunió a 7 mil personas en el recinto cuando empezaba el confinamiento voluntario en Chile.

Según la concesionaria existe una “alta posibilidad de que las medidas sanitarias que en los sucesivo se decreten y eventualmente se autorice la realización de espectáculos masivos, pero no permitirán completar el aforo del Estadio Techado hasta muy avanzado el año 2021”. Además, “probablemente se deberán realizar inversiones importantes para cumplir con resguardos que reduzcan los riesgos de contagio”. Por lo mismo, “es plausible estimar que la plena explotación de la obra pública no se pueda realizar hasta el año 4 subsiguiente y -a su vez- que la eventual recuperación de los más de 2 años sin pleno goce de la concesión no se pueda obtener a la fecha inicial del término de ésta”.

Desde el MOP explicaron a La Tercera que “la Dirección General de Concesiones recibió la solicitud de parte de la Sociedad Concesionaria a cargo del Estadio Techado del Parque O’Higgins. Si bien se están recabando los antecedentes para dar respuesta al requerimiento, cabe precisar que las situaciones ocurridas a causa de la pandemia no son responsabilidad del Estado, por lo que no corresponde revisar el contrato”.

“No es claro que se haya producido un desequilibrio económico-financiero” en el aeropuerto

La petición planteada a la Dirección General de Concesiones no tuvo respuesta y por lo mismo, el pasado 7 de abril la empresa -a través de su gerente general Alex Rebolledo- reiteró la petición planteada y adjuntó un informe en derecho elaborado por el juez del Tribunal de Contratación Pública, Pablo Alarcón Jaña.

En el documento, el magistrado comparó el caso del Movistar Arena con la situación del aeropuerto Arturo Merino Benítez, cuya concesionaria Nuevo Pudahuel solicitó también una prórroga de la concesión, aludiendo una caída en los ingresos producto de la pandemia. Sobre este tema dijo: “en el caso del referido Aeropuerto, por ejemplo, no es claro que se haya producido realmente un desequilibrio económico-financiero derivado del menor número de pasajeros y vuelos, ya que en tal caso también el Estado se ha visto perjudicado por los menores ingresos, incluso en mayor medida, puesto que en tal caso sólo el 22% de los ingresos comerciales corresponden al concesionario, mientras que el 78% de los mismos corresponden al Fisco. En otras palabras, el riesgo en tal caso no es solo compartido, sino que recae en una considerable mayor medida sobre el Estado”.

A su juicio, a diferencia de lo que ocurre en el aeropuerto, en el caso del estadio techado, “el riesgo recae casi en su totalidad sobre la sociedad concesionaria (98%)”. Esto si se considera que las bases de la licitación establecen que el 2% de los ingresos del recinto deben ir al Estado de Chile. “De modo tal que el desequilibrio económico-financiero provocado por las crisis social y sanitaria, ha recaído casi completamente sobre dicha concesionaria, lo que se aprecia como una clara diferencia adicional respecto de la situación de otras concesiones que también pudieron verse afectadas por las crisis indicadas”, remató el estudio.

El informe del magistrado detalló que “las proyecciones no son muy halagüeñas, sobre todo considerando que el número de contagios por COVID-19 no disminuye suficientemente y no existe claridad sobre la distribución y eficacia de las vacunas disponibles para uso masivo. El sector de entretención continúa afectado por limitaciones de funcionamiento y prohibición de operar con mayor capacidad en espacios cerrados, y no se aprecian aún medidas de ayuda específicas para estos rubros. Además, el clima social y político continúa inestable desde el 18 de Octubre de 2019, lo que aumenta la incertidumbre para el ambiente de negocios en Chile, al menos por los próximos dos años (proceso constituyente)”.

“El respeto del equilibrio económico-financiero de la concesión y el resguardo de los intereses y el patrimonio fiscal, hacen plenamente justificable que se establezca una extensión temporal de la referida concesión, que haga posible la recuperación del tiempo en que no ha sido posible explotarla dado el entorpecimiento en su ejecución, que se ha extendido incluso hasta la fecha”, explicó Alex Rebolledo, Gerente General Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A. en su segunda carta.

Consultada la Sociedad Concesionaria sobre este tema, declinó dar declaraciones por el momento.

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