El reservado oficio de Carabineros al CDE que revela preocupación por vínculo de policía con Resistencia Mapuche Lavkenche

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El Consejo de Defensa del Estado recibió un documento firmado por el general director de la institución uniformada, Ricardo Yáñez, en que se les pide querellarse en la investigación de asociación ilícita y robo de madera donde dos funcionarios fueron detenidos como integrantes del grupo delictual.


La detención de 12 personas vinculadas a delitos de robo de madera, asociación ilícita y atentados en la provincia de Arauco dejó dos sensaciones entre las autoridades: por un lado, satisfacción por arrestar a un grupo que mantenía vínculos con la Resistencia Mapuche Lavkenche, pero, por el otro, preocupación por los vínculos que mantenían dos carabineros -uno en retiro y otro activo- con esta asociación ilícita.

“Estamos en una zona donde permanentemente se está buscando corromper a carabineros, además de hacerlos parte de las ganancias. Siempre que hay robo de manera, hay dinero circulando, existe ese riesgo”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, luego de la detención llevada a cabo por la PDI.

El caso, además, motivó la reacción del general director de Carabineros, quien tomó contacto con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para pedir una querella contra los carabineros (R) que participaron de estos delitos. Los uniformados que colaboraban con entrega de información sobre los servicios policiales en Arauco fueron identificados como Luis Berna Toledo y Darwin Carrillo Rodríguez.

El primero pasó a retiro el año pasado, quien se desempeñaba en la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), y el segundo era un funcionario de la Cuarta Comisaría de Curanilahue. Desde sus puestos, según la investigación del Ministerio Público, recibían dinero a cambio de información y datos sobre las fiscalizaciones que hacía la policía en zonas rurales.

Dada la gravedad de los hechos, es que Carabineros pidió la querella del CDE, a través de un oficio firmado por el propio general Yáñez. En el documento, al que accedió La Tercera, se señala que “esta situación, que de suyo es de suma gravedad, ya que involucra a funcionarios públicos vinculados a Carabineros de Chile, se agrava teniendo presente que la labor que se señala que ellos efectuaban en relación a los delitos investigados, era entregar información sensible de los movimientos y procedimientos policiales a los copartícipes de estos hechos”.

Para la policía uniformada, de acuerdo a lo expresado por Yáñez al Consejo, esta colaboración en la entrega de antecedentes sobre los planes policiales en la Macrozona Sur, “extrema la peligrosidad de la conducta de ellos, tanto por afectar la mantención del orden y la seguridad pública en la zona, como la seguridad del propio personal policial que presta servicio allí”.

Las alertas de riesgo

En Carabineros existe lo que se llaman los “análisis de riesgo” sobre el personal policial. Estos están a cargo del departamento de Astutos Internos, los que desde 2018 han visto reforzadas sus capacidades, a partir del fraude institucional.

Mediante este departamento se revisan plantillas de pagos, cuentas, relaciones interpersonales, compras, patrimonio y todo lo que pueda, en alguna medida, dar pistas de eventuales irregularidades en la conducta de los policías.

Fuentes policiales señalan que los controles son permanentes y en especial en una zona donde existe mayor riesgo, no solo desde el punto operativo, sino que también desde lo amplio de las organizaciones delictuales. Advierten que los ilícitos no solo se concentran en atentados, sino que también en el tráfico de droga y robo de madera. Esto último, a cargo de verdaderas mafias dedicadas a esto.

En este caso en particular, agregan, si bien se activó una preocupación latente -y por lo mismo se abrió un sumario al respecto-, fue Carabineros quien, a través de estos mecanismos de control interno, identificó algunas conductas “sospechosas” del cabo Carrillo, en 2022.

Internamente se le trasladó desde Arauco a Viña del Mar, pero el policía interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones del Biobío, la cual acogió la acción judicial y revocó la medida disciplinaria de la policía uniformada.

Por ahora, en Carabineros advierten que sus medidas de fiscalización interna continuarán en todas las unidades del país, aunque con especial énfasis en las zonas más sensibles, como la frontera y también la Macrozona Sur. Sorpresas, seguro encontrarán, y advierten que de ser así la decisión es una: la expulsión.

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