¿Y qué pasó con ME-O? La carrera contra el tiempo en el itinerario presidencial del PRO

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Pese a que su colectividad lo proclamó a principios de febrero y el exabanderado manifestó que daría su respuesta después de las elecciones de convencionales constituyentes, a tres semanas de esos comicios aún no hay claridad respecto de los planes de Enríquez-Ominami. Con el deadline del 23 de agosto como plazo para inscribir una eventual candidatura -y con la presión de una posible primaria convencional-, su situación judicial sigue siendo la mayor complicación para el ya escueto calendario que maneja su colectividad.




No estaba ni en el Servicio Electoral ni en la sede del Partido Socialista. Y por su situación judicial tampoco estuvo dentro de los planes de ninguno de los presidentes de las colectividades de Unidad Constituyente el día de la fallida inscripción de las primarias presidenciales. La posible candidatura presidencial del exabanderado del PRO Marco Enríquez-Ominami fue una de las interrogantes que se mantuvieron sin responder luego de esa caótica jornada en la centroizquierda.

El exdiputado -quien ha competido ya tres veces por el sillón presidencial- tiene su derecho a sufragio suspendido, lo que por ahora lo mantiene impedido de postular al cargo de Presidente de la República. Su situación judicial sigue siendo la mayor complicación en los planes de su colectividad: el exabanderado se encuentra imputado por el delito de fraude de subvenciones, o financiamiento irregular de campañas políticas, en el marco del caso OAS y, además, fue formalizado por presuntamente haber facilitado la emisión de facturas ideológicamente falsas a SQM.

Y el timing de la justicia no ha facilitado los planes del PRO, quienes en febrero de este año le solicitaron formalmente que asumiera el desafío. Según explican desde esa colectividad, desde el Ministerio Público han postergado su juicio en diferentes ocasiones, lo que los ha obligado a aplazar sus definiciones internas. De hecho, el jueves pasado se reprogramó el inicio del proceso de hoy para la próxima semana.

Por eso, ahora en el PRO sostienen que el calendario fijado es tomar una decisión los primeros días de agosto, mismo mes en que se tienen que inscribir las candidaturas para la primera vuelta presidencial (23 de agosto). En la colectividad calculan que el juicio debiese durar cerca de tres semanas.

“La actual legislación tiene una aberración democrática, que es la suspensión del derecho a votar o ser votado por el mero hecho de una acusación de un fiscal. Como PRO hemos recurrido a la justicia para recuperar un derecho básico por parte de Marco. Y estamos dispuestos, incluso, a llegar a instancias internacionales. Ya hemos recibido apoyos importantes de expresidentes como Lula, Pepe Mujica, el actual Presidente argentino, Alberto Fernández; prestigiosos juristas internacionales como el juez Garzón o Juárez Tavares, como tantos otros lideres políticos de América Latina y Europa. Y nos escandaliza que en Chile nadie se escandalice del abuso de una norma constitucional pinochetista. Hay un silencio cómplice de conservadores del Frente Amplio, del PC y la ex Concertación que no se pronuncian de este abuso”, manifestó el timonel de esa colectividad, Camilo Lagos.

Y añadió: “Ahora, de si será o no candidato, ya lo hemos dicho, creemos que Marco tiene todas las atribuciones y virtudes para ser candidato presidencial, un liderazgo que entiende bien el momento que vive la sociedad chilena, y la necesidad de la unidad con antiguos adversarios por el bien de Chile. Hoy ser candidato depende de su decisión, pero cuenta con el apoyo del PRO para ello. Y sea cual sea su decisión, que la tomaremos juntos en agosto, estamos seguros de que será para contribuir a la unidad de la centroizquierda y para evitar que volvamos a tener un gobierno desastroso de derecha”.

No obstante, los plazos que hoy maneja el PRO dejarían a Enríquez-Ominami con un mínimo margen para una participación en eventuales primarias convencionales con el resto de las colectividades de Unidad Constituyente, comicios en los que, dicen desde en esa coordinación, ME-O sería “bienvenido” en caso de que logre resolver sus impedimentos.

En todo caso, el domingo el excandidato presentó un recurso de protección contra el Servel con el fin de recuperar su derecho a sufragio. “No necesito querer ser candidato para pelear por mis derechos políticos (...) Quiero tener los derechos que tiene cualquier ciudadano y es injusto que me los quiten de un día para otro sin respetar mi derecho a la presunción de inocencia ni menos a ser juzgado en un plazo razonable”, sostuvo el fin de semana.

Pese a que hoy ME-O no está marcando en las encuestas, en el PRO sostienen que el escenario está “muy líquido” y que, por lo tanto, aún hay tiempo para que se posicionen otras candidaturas. En ese sentido, recalcan que antes de las elecciones de convencionales constituyentes los sondeos arrojaban a la diputada Pamela Jiles como la próxima presidenta de Chile, números que se redujeron después de esos comicios.

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