Roberto Garrido, nuevo fiscal regional de La Araucanía: “Si logramos detectar de dónde viene el financiamiento, vamos a poder desbaratar a los grupos violentistas”

Oriundo de Talcahuano, en Biobío, hincha acérrimo de Huachipato, el abogado Roberto Garrido Bedwell (45) ha hecho casi toda su carrera en la región aledaña a la que nació y esta semana asumió su desafío más importante como fiscal regional de La Araucanía, una de las reparticiones que, al interior del Ministerio Público, se consideran de las más complejas.

Ante la pregunta de si se puede lograr la “paz social” en este sector de la Macrozona Sur, el fiscal sonríe y lanza una anécdota. “¿Sabe usted que La Araucanía comienza en la cuesta “La Esperanza” y su territorio termina en un pueblo llamado “La Paz”?”. Acto seguido reflexiona y plantea en su primera entrevista como autoridad del ente perseguidor penal: “Yo creo que la finalidad de un sistema de justicia es lograr la paz social, porque proporciona una solución racional, civilizada y justa a un conflicto, entonces la medida que nosotros como operadores de este sistema de justicia podamos honrar el respeto a la ley, el principio de objetividad y de probidad, estaremos cooperando para que ese objetivo se logre, yo tengo confianza en que desde el Ministerio Público vamos a contribuir en un objetivo que no sólo depende de nosotros, pero sabemos que nuestro rol es relevante para ello”.

¿Cuáles son sus desafíos como fiscal regional de una zona tan compleja como lo es La Araucanía?

Es una de las fiscalías pioneras, investiga delitos complejos y debe enfrentar un fenómeno criminal que no se presenta en otras regiones, como los delitos asociados a la violencia rural, que no obstante no representa cuantitativamente el número más relevante, sí abarca gran cantidad de nuestros recursos, porque lamentablemente es una región que enfrenta fenómenos criminales complejos que han causado, y siguen provocando mucho daño, dolor y división entre los habitantes de La Araucanía.

Agrupaciones critican a la fiscalía por no desbaratar a los grupos que actúan en la zona. ¿Qué les responde?

La labor de persecución que realiza el Ministerio Público siempre va a ser objeto de críticas. De hecho, las primeras críticas surgen de nuestra propia institución, somos bien autocríticos de nuestros procedimientos y procesos de trabajo, por eso los estamos revisando de forma permanente. Lo que las personas tienen que tener claro es que el rol del Ministerio Público es la dirección de la investigación y el deber que pesa sobre la institución es poner a disposición todos los medios que estén a nuestro alcance. En ese sentido, podemos trabajar reforzando lo que ha realizado la Fiscalía de Alta Complejidad, mayor dotación, la aplicación de técnicas de análisis criminal, pero el trabajo de la fiscalía no tiene como objetivo final, y no puede tenerlo, el pretender terminar con las situaciones de violencia rural, ya que como lo han señalado autoridades políticas, del Poder Legislativo y Ejecutivo, este es un problema de Estado que tiene múltiples factores y, por lo tanto, son todos órganos del Estado los que se tienen que poner como objetivo final terminar con las causas que generan esta violencia.

Claro, pero si ustedes llevaran a los responsables ante tribunales, esta violencia podría disminuir...

Mire, en la labor del Ministerio Público no está la prevención, ni el terminar con el fenómeno del que se deriva la violencia rural. Lo que sí tenemos que hacernos cargo es de las manifestaciones criminales que este fenómeno tiene, y para ello ¿qué necesitamos? Mejor coordinación con los equipos policiales, aspirar a que estos sean equipos de mejor nivel, que permanezcan en el tiempo en esta zona, porque los actos de violencia rural son complejos de investigar. A eso se debe sumar un marco legislativo adecuado y uno de mis desafíos es mejorar los resultados de la flagrancia, hoy día prácticamente no tenemos a ningún detenido en la quema de predios, de camiones, etc.

¿Cómo pretende lograr esto?

Quiero en mi gestión cambiar la forma en que se abordan estos hechos, esa lógica que hay de investigar de forma aislada el caso a caso. Hay evidencia de que las personas que participan de estos actos se repiten en uno y en otro, por eso el análisis criminal de estos ataques nos va a permitir tener patrones, cercar a los grupos que están detrás y finalmente lograr la prueba que nos permita detenerlos y quizás lo más importante, lograr con esa evidencia condenas. Es una lógica distinta a cómo hoy se trataban estos casos.

¿Cuál cree que es la clave para terminar con la denominada violencia rural?

Es evidente, y se desprende de las propias indagatorias, que aquí hay financiamiento, y me parece importante abocar nuestro trabajo en encontrar quiénes están detrás de esto. Si logramos detectar de dónde viene el financiamiento de estos actos de violencia, vamos a poder desbaratar a estos grupos de violentistas y así llevar a todos los responsables ante la justicia. El poder de fuego con el que cuentan, los medios de protección que usan, dan cuenta que se trata de agrupaciones de personas, grupos de individuos que de algún lugar sacan dinero para financiar estas actividades. Recuerde que estos fenómenos de violencia tienen ramificaciones, como lo son el tráfico de armas, delitos contra la propiedad, incluso, en algunos casos, está vinculado a delitos asociados al tráfico de drogas y, por lo tanto, también esas manifestaciones son las que pretendemos atacar y priorizar.

La ciudadanía confía poco en el sistema penal, ¿qué piensa de eso?

Una de las cosas que me gustaría al finalizar mi periodo es que la gente sepa mejor qué hacemos los fiscales y tenga mayor confianza en esta institución que es proba y que está llena de personas con vocación de servicio público que queremos dar respuesta a todas las víctimas. El objetivo que persigue la fiscalía es enfrentar la criminalidad venga de donde venga. Si ponemos en el centro de nuestra actuación el poder proporcionar a las personas que son víctimas de algún delito el acceso a la justicia, siempre respetando el principio de objetividad y legalidad y, por supuesto, los derechos de las personas que son objeto de una investigación, podemos darle a la ciudadanía una respuesta mejor y que transmita seguridad. Los casos Huracán, Catrillanca, dan fe de que el Ministerio Público en La Araucanía respeta estos principios.

Usted investigó el asesinato de Camilo Catrillanca y llevó a varios carabineros a juicio. ¿Cómo es su relación con las policías?

Tengo excelente relación tanto con Carabineros como con la PDI. Acá el Ministerio Público no investigó nunca instituciones, investigó a agentes del Estado que se desviaron de sus funciones. De hecho, en el juicio por el homicidio de Camilo Catrillanca tuvimos a carabineros declarando para esclarecer los hechos. Acá el mensaje es claro, se investigan delitos, pero nunca vamos a permitir una justicia a cualquier costo, así pasó en el caso Huracán y así pasará cada vez que un funcionario público sea carabinero o quien sea cometa delitos.

Usted lideró la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía de La Araucanía, ¿qué le parece la idea del Presidente de una fiscalía especializada en la materia?

Desde La Araucanía ya en el año 2017 planteamos que era necesario que existieran dentro de los equipos de trabajo unidades especializadas en la persecución de delitos vinculados a la violencia institucional, a las violaciones a los DD.HH., y que contara con especialistas y equipos multidisciplinarios. Son investigaciones que presentan complejidades especiales por el tipo de peritajes que se requiere realizar, porque requieren un conocimiento específico jurídico y coordinación con el sistema de justicia. El anuncio presidencial responde a las expectativas que existen dentro del Ministerio Público de poder dar una adecuada respuesta la desviación de los agentes del Estado en el objetivo que deben perseguir, que es el bien común, me parece un aporte, porque podría mejorar la labor de la fiscalía y nuestra relación con las víctimas para darles una mejor respuesta frente a este conflicto.

¿Qué pasa con los pueblos originarios que muchas veces han planteado que hay ‘fiscales antimapuches’?

Eso no es así. Nuestra labor es criticada en diferentes sectores, pero esas críticas que tienen algún interés detrás, son infundadas, injustas, porque la labor del Ministerio Público no considera el origen del imputado, ni de las víctimas. Desde hace muchos años trabajamos reconociendo la multiculturalidad de la región, por lo tanto me parece que se enmarcan en defensas de intereses y no corresponden a la realidad. La labor de la fiscalía acá es mucho más que los casos de violencia rural, realizamos un trabajo de atención de víctimas de violencia intrafamiliar con enfoque especial en la multiculturalidad de la región. Tengo la convicción de que ante las dificultades que enfrentamos sólo existe una respuesta posible: Debemos cumplir nuestra labor con irrestricto apego a la ley y a los principios de probidad y objetividad. Nuestro comportamiento y compromiso con los ideales de justicia y bien común nos van a permitir ser una institución confiable y que contribuye efectivamente a alcanzar la paz social. Así que ese concepto no existe, no somos fiscales anti nada, sino que fiscales mandatados por la Constitución para perseguir delitos e intentar obtener justicia que traiga paz a la sociedad.