Hace ya una década, Chile implementó la norma legal 20.606 o Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos, una de las regulaciones más ambiciosas de la salud pública local. Su puesta en marcha obligó a la industria alimentaria nacional a adicionar en sus envases los hoy famosos sellos negros de advertencia “ALTO EN”, que permiten, con sólo un vistazo –y sin tener que revisar su tabla nutricional– identificar aquellos productos que son menos saludables.

En un principio, como ningún alimento quería llevar tanta advertencia, las marcas se adaptaron al nuevo paradigma: redujeron azúcares, grasa y sodio; también achicaron sus porciones. Todo para poder destacar en sus envoltorios que eran “libres de sellos”.

El impacto de la medida fue tan grande que traspasó las fronteras: en América Latina, México, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina y Colombia imitaron el etiquetado, mientras que otros países como Canadá e Israel han desarrollado programas similares.

¿Cuánto ha cambiado la salud de los chilenos desde la puesta en marcha de esta normativa? Recientemente, la prestigiosa revista científica The Lancet publicó un artículo que midió el impacto de la ley. Sus resultados evidencian que, en niños y niñas, se produjo una disminución estadísticamente significativa del riesgo de caer en la obesidad. Sin embargo, Chile aún presenta una de las mayores tasas de sobrepeso infantil de la región. A nivel adulto, en tanto, las cifras no son mejores: uno de cada tres chilenos presenta exceso de peso.

Mucho más que etiquetas

Para entender el alcance de los cambios que ha producido la ley hay que volver a inicios de la década pasada, cuando Chile comenzó a discutir la regulación.

El exministro de Salud Jaime Mañalich recuerda la fecha exacta en la que la ley entró en vigencia: el 27 de junio de 2016. Sin embargo, el proyecto se generó originalmente a través de mociones parlamentarias anteriores al primer gobierno del fallecido Presidente Sebastián Piñera, quien decidió respaldarlo y ponerle urgencia legislativa.

“Gracias a eso, se transformó en ley en el año 2012, llevando la firma del presidente Piñera y la mía”, rememora Jaime Mañalich, hoy investigador principal y académico de CLAPES-UC, quien reconoce que fue una normativa “bastante compleja de implementar” dado su reglamento técnico.

La exautoridad cuenta que el tema central que preocupaba tanto a los legisladores como al Ejecutivo en ese tiempo era la obesidad infantil. Si en el pasado se habían creado políticas públicas para la lucha contra la desnutrición, como las implementadas por el doctor Fernando Monckeberg, en ese momento la urgencia era la malnutrición por exceso. “Creo que esta ley ha logrado un cambio cultural progresivo. Ha permitido entender que la obesidad es una manifestación de enfermedad”, agrega Mañalich.

Un legado que comparte Lorena Rodríguez, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile: “Demostró la viabilidad de una política pública integral. Esta normativa no se limitó a una sola acción, sino que abordó con éxito entornos clave”.

Lo cierto es que la mayoría de los chilenos asocia la Ley de Etiquetado con los sellos, pero esta regula mucho más que los envases. Lorena Rodríguez destaca tres puntos: la entrega de información nutricional clave para el consumidor, la restricción de venta en los colegios de los productos “altos en” y la prohibición de la publicidad de alimentos potencialmente dañinos dirigida a menores de 14 años.

Para Jaime Mañalich, otro de los principales logros de la normativa fue precisamente haber incentivado la reformulación de productos por parte de los fabricantes, revisando alimentos muy calóricos que llevaban décadas en el mercado.

Desde la industria, sin embargo, plantean que el fenómeno venía desarrollándose desde antes. Juliana Cortez, representante de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), señala que “la implementación de la ley chilena se incorporó a una tendencia de reformulación ya existente, incentivando y acelerando ajustes en determinadas categorías de productos”, explica.

La ejecutiva sostiene que la implementación implicó “desafíos técnicos relevantes” a la hora de recetas, procesos productivos, abastecimiento de ingredientes, costos, vida útil y desarrollo de nuevas alternativas. Y si bien las posibilidades de reformulación varían según el producto, Cortez valora que “el etiquetado frontal pueda contribuir a generar cambios en las decisiones de compra”.

Las tareas pendientes

Sin embargo, el impacto de los sellos no necesariamente se ha traducido en una solución definitiva para el problema central. Con altos niveles de sedentarismo, sobrepeso y obesidad, particularmente entre niños y adolescentes, el balance obliga a mirar diferentes realidades.

“La normativa tuvo buenas intenciones y logró avances importantes, aunque insuficientes”, señala Claudia Rojas, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

La especialista plantea que, si bien se ha logrado reducir el uso de azúcar y sodio en muchos alimentos, hay varias formulaciones que reemplazaron el azúcar por edulcorantes no calóricos, lo que aumentó la exposición de niños y adolescentes a estos aditivos de forma frecuente y prolongada.

“Según datos recientes, el consumo de edulcorantes no calóricos subió de 37% a 43% en la población, en sentido contrario a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que apunta a reducir gradualmente el gusto por lo dulce”, agrega.

Lo cierto es que los sellos cambiaron nuestra relación con la comida, al menos desde la alfabetización nutricional. Así lo analiza la nutricionista Pamela Campi, codirectora del Centro especializado en Trastornos de la Conducta Alimentaria (CADDA), al ver que la ley “logró que la gente leyera más las etiquetas y reconociera azúcar, sodio y grasas saturadas”.

Campi analiza que en niños, adolescentes y adultos con predisposición a trastornos de conducta alimentaria (TCA), los sellos pueden funcionar como “semáforo rojo” que dispara culpa, ansiedad al comer, o conductas de restricción. No es que los sellos “causen” TCA, aclara, pero deben ser reforzados con mayor educación alimentaria sin caer en pensamientos dicotómicos como bueno o malo. “Sin esa capa emocional, el etiquetado queda incompleto y puede aumentar la obsesión por lo sano”, discute.

Lorena Rodríguez, de la Universidad de Chile, considera que cualquier modificación estructural en los entornos alimentarios requiere de muchos años para reflejar resultados estadísticos a nivel poblacional. “Cuando evaluamos políticas públicas de carácter poblacional, la paciencia científica es obligatoria”, enfatiza.

El desafío a futuro

Los especialistas comparten que la Ley de Etiquetado es un avance para modificar el entorno alimentario, pero es sólo una arista de las necesarias para resolver un fenómeno multifactorial como es la obesidad.

Ahora, el debate está puesto ante los productos reformulados. Frente al aumento en el uso de edulcorantes y otros aditivos, la académica Claudia Rojas, de la UNAB, sostiene que esta situación plantea nuevos desafíos sanitarios, especialmente en niños y adolescentes, al mantener la preferencia por sabores intensamente dulces pese a la reducción del azúcar.

La académica propone incorporar un nuevo rótulo para identificar los alimentos ultraprocesados, tal como se discute actualmente en el Congreso. “Podría ser una medida útil para entregar más información, pero ya hay evidencia de que la información sola no es suficiente”, dice.

Otros cambios profundos, dice, serían incorporar educación nutricional continua con nutricionistas en establecimientos educacionales, además de consejería en atención primaria de salud y subsidios estatales a frutas, verduras, pescado y mariscos, entre otros.

Una preocupación similar plantea, Lorena Rodríguez, ante los alimentos ultraprocesados. “La reformulación dio paso a una creciente oferta de productos que, aun cuando cumplen con los criterios establecidos por la ley, continúan siendo alimentos ultraprocesados”, advierte.

¿Nuevo impuesto saludable?

Ante la normalización de productos ultraprocesados, Jaime Mañalich, investigador de CLAPES-UC, comenta que los avances alcanzados durante la última década no deberían significar el fin de la discusión regulatoria. El exministro plantea que uno de los caminos a explorar son los llamados “impuestos saludables”, una herramienta utilizada en distintos países para desincentivar el consumo de productos asociados a mayores riesgos sanitarios.

“Es evidente que seguimos teniendo un problema gigantesco con la obesidad y que los indicadores globales no están mejorando. Frente a esto, tengo una postura absolutamente personal: creo firmemente que el único camino viable para avanzar son los impuestos saludables”, propone.

A su juicio, el país ya cuenta con una ventaja de infraestructura administrativa y legal construida a partir de la Ley de Etiquetado, lo que permitiría avanzar hacia nuevas herramientas de salud pública.

“Los tiempos actuales exigen dar ese debate”, afirma Mañalich, quien considera que el Ejecutivo debería evaluar seriamente este tipo de instrumentos pese a las dificultades políticas que implicaría su implementación. Como referencia está el caso de México, donde las bebidas azucaradas enfrentan una carga tributaria superior a aquellas que utilizan edulcorantes.

Desde la industria, Juliana Cortez, de ALAIAB, dice que no está de acuerdo con avanzar hacia los llamados “impuestos saludables” como siguiente paso de política pública. “Creemos que una medida de este tipo debe evaluarse con mucha cautela, porque la evidencia internacional muestra que los impuestos no han logrado reducir de manera sostenida los índices de sobrepeso”, plantean.

Lorena Rodríguez, de la Universidad de Chile, sostiene que la próxima etapa no pasa únicamente por nuevas restricciones, sino más bien por crear las condiciones para mejorar el acceso económico a alimentos frescos, fortalecer las ferias libres, promover la actividad física y reducir las brechas territoriales; todos ellos, elementos igualmente importantes.

“Elegir no es un verbo que la mayor parte de nuestra población pueda aplicar”, sostiene la académica, quien recuerda que las decisiones alimentarias están condicionadas por factores sociales, económicos y culturales que exceden la voluntad individual.

Todo indica que estamos ante una carrera contrarreloj para construir una cultura alimentaria capaz de ir más allá de los sellos negros para tener una sociedad más saludable. “Las personas necesitan comprender no sólo qué alimentos evitar, sino también por qué hacerlo y cómo construir hábitos saludables a largo plazo”, sentencia la académica de la Universidad Andrés Bello Claudia Rojas.