Amnistía Internacional llama al presidente Castillo a asegurar uso proporcional de la fuerza ante protestas “en un contexto de máxima tensión”

Ante el aumento en los precios de alimentos, combustibles y fertilizantes, sectores de la sociedad peruana vinculados al transporte y la agricultura, mantienen desde el pasado 28 de marzo una serie de protestas en varias regiones del país, con bloqueos carreteros y paros.

El jueves, el presidente Pedro Castillo, abordó esta escalada afirmando que “dejaremos sentada la base de que en el Perú, la libertad de manifestación y protesta sea un derecho. No debe haber persecución a los dirigentes”.

El 5 de abril el presidente suspendió algunos derechos constitucionales mediante un decreto aplicable en Lima y Callao y, en respuesta, otros sectores de la población organizaron nuevas manifestaciones. Además, se reportaron saqueos y actos de violencia en distintos puntos del país.

Frente a ello, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que “alertamos sobre el posible uso innecesario o desproporcionado de la fuerza que los funcionarios del orden pudieran hacer en contra de manifestantes en un contexto de máxima tensión. Amnistía Internacional ya ha documentado en el pasado graves violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas sociales en Perú”.

“Pedimos al presidente Castillo que garantice el estricto apego de las fuerzas del orden a la ley y al derecho internacional en todas las regiones del país, de manera tal de evitar más pérdidas de vidas humanas, daños a la integridad física de las personas y la posible escalada de esta crisis”, agregó.

La organización señaló que, de acuerdo con información publicada en medios de comunicación, al menos dos personas habrían fallecido en el contexto de las protestas por el disparo de proyectiles de armas de fuego, otras cuatro habrían muerto en circunstancias no aclaradas aún y decenas más habrían resultado heridas. Organizaciones de derechos humanos, en tanto, están denunciando uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional.

De acuerdo con un reporte oficial de la Policía de Perú, al menos 18 personas fueron detenidas en Lima en este contexto. Asimismo, las autoridades han informado que decenas de agentes policiales han resultado heridos y que varios edificios estatales han sido dañados.

“Exigimos, al Estado Peruano que se realicen investigaciones exhaustivas, inmediatas e imparciales de las denuncias de violaciones de derechos humanos que podrían haber cometido las fuerzas de seguridad, incluidas las muertes por disparos de proyectiles en el contexto de las protestas. Si bien la fuerza pública tiene el deber de garantizar el orden público, y para ello tiene la potestad de usar la fuerza si es necesario, como último recurso y siempre de manera proporcional, esta función debe llevarse a cabo con estricto apego a los derechos humanos. El uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones es en todo caso ilegal, y solo puede hacerse uso de las mismas en caso de que la vida del oficial de que se trate o de un tercero estén en un grave riesgo inminente”, enfatizó la directora para las Américas de AI.