A casi doce años de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes en el estado de Guerrero, al sur de México, el denominado caso Ayotzinapa volvió a la mira luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) de dicho país detuviera al exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien estaba a cargo de la región cuando ocurrieron los hechos de septiembre de 2014.

El Ministerio Público mexicano acusó a Aguirre de obstrucción de la justicia y desaparición forzada por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de evidencia. Según Fiscalía “la instrucción para realizar dicho ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces mandatario” con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

“Estos y otros elementos contenidos en la investigación permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”, remarcó el ente fiscalizador.

La detención representa uno de los movimientos más importantes del caso que lleva 12 años abierto, cuya investigación de desaparición forzada ha estado marcada por el encubrimiento de parte de diferentes instituciones del Estado mexicano.

La noche de los hechos

Los hechos se remontan a la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 83 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se trasladaron en autobús hasta la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, donde pretendían viajar posteriormente a Ciudad de México y participar en las movilizaciones conmemorativas de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968.

Durante esa noche y la madrugada siguiente, los jóvenes fueron atacados en distintos puntos de Iguala por policías municipales que interceptaron y dispararon en contra de los autobuses. El ataque dejó seis personas fallecidas, múltiples heridos y 43 estudiantes desaparecidos.

Las investigaciones posteriores vincularon a policías municipales con el grupo criminal Guerreros Unidos y revelaron que distintas autoridades tuvieron información sobre los movimientos de los estudiantes mientras los ataques estaban ocurriendo.

Aún así, el alcance de la participación de las instituciones de seguridad continúa siendo uno de los principales puntos de controversia del caso.

A doce años de los hechos solo han sido identificados restos correspondientes a tres de los 43 estudiantes y el paradero de los otros 40 sigue sin conocerse.

La “verdad histórica”

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República entregó una explicación que buscaba cerrar el caso, la que fue denominada como la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.

En concreto, la versión del procurador Jesús Murillo declaró que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y arrojados al río San Juan.

Sin embargo, aquella versión fue duramente cuestionada por familiares, organizaciones de derechos humanos y especialmente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y los representantes de las familias; quienes detectaron inconsistencias de la investigación.

Con el paso de los años también aparecieron antecedentes sobre torturas a detenidos, irregularidades en la obtención de testimonios, ocultamiento de información y líneas investigativas que no habían sido suficientemente desarrolladas.

En aquel punto, la investigación se centró aún más en las acciones, omisiones y posibles encubrimientos de autoridades estatales y federales.

Un crimen de Estado

Durante el gobierno de Andrés Manuel López, en 2018, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y reabrió diferentes líneas de investigación.

En agosto de 2022, la comisión concluyó que la desaparición de los estudiantes constituía un “crimen de Estado”, al señalar la participación de integrantes de Guerreros Unidos y la intervención, acción u omisión de diferentes autoridades.

Ese mismo año fue detenido el exprocurador general Jesús Murillo Karam, principal responsable de presentar la llamada “verdad histórica”. Paralelamente, los familiares exigieron investigar aún más la documentación de las Fuerzas Armadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, informó que existían nuevas líneas investigativas durante 2026 y nuevos antecedentes que fueron comunicados a las madres y padres de los desaparecidos antes de hacerse públicos.

En concreto, la Fiscalía detuvo a Aguirre, gobernador de Guerrero durante la desaparición de los estudiantes ya que los antecedentes apuntan a que habría intervenido en el ocultamiento o destrucción de grabaciones de cámaras de seguridad que podían contener información relevante sobre los hechos ocurridos en Iguala.

En paralelo, los esfuerzos de la justicia están centrados en determinar el destino de los 40 jóvenes aún desaparecidos establecer quiénes fueron responsables de su desaparición.