Cuatro congresistas de distintas bancadas fueron oficializados para competir hoy, desde las 18 horas locales (20 horas de Chile), en la elección por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, en reemplazo de José Jerí, quien fue destituido el martes por el pleno.

Con 75 a favor, 23 en contra y 0 abstenciones, el Congreso censuró y removió al también parlamentario que asumió el cargo el 10 de octubre pasado tras la vacancia de Dina Boluarte.

Entre los candidatos que participarán en la elección congresal están María del Carmen Alva (Acción Popular), José Balcázar (Perú Libre), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). Todos ellos tuvieron la aprobación de sus voceros de bancada.

Silvia Monteza, de Acción Popular, quiso postularse a sí misma, pero la Oficialía Mayor del Parlamento le negó el trámite, al parecer, porque no era portavoz titular sino alterna, según dijeron fuentes al diario El Comercio.

Según el Reglamento del Congreso, la elección de la Mesa Directiva del Congreso se realiza de acuerdo con las siguientes reglas. Iniciada la sesión se leen las listas de candidatos y la Mesa Directiva invita a dos congresistas para que oficien de escrutadores.

El acto empieza cuando el presidente del Parlamento deposita su voto en el ánfora y le siguen los demás miembros de la Mesa y los escrutadores. Después, se invita por orden alfabético a los demás congresistas.

Terminado el acto de votación, el titular del Congreso realiza el escrutinio voto por voto, ayudado por los escrutadores.

Y una vez concluido, el presidente proclama miembro electo al candidato de la lista que haya logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas.

Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose ganador al que obtenga más votos.

Un día después de la destitución de Jerí, en Perú existían cuestionamientos sobre si lo que correspondía era la vacancia o la censura. El abogado constitucionalista Natale Amprimo sostuvo a la radio RPP que lo correspondiente para su caso era la figura de la vacancia; sin embargo, dijo que el Parlamento optó por una censura para obtener un mayor rédito político con miras a las elecciones.

“La clase política en nuestro país siempre busca una salida fácil, siempre busca el atajo (...) El Perú vive una desinstitucionalización permanente, porque los que hoy día decían una cosa, en dos años dicen lo contrario”, mencionó.

Sobre la elección de su sucesor, Amprimo se mostró sorprendido por la postulación de hasta cuatro listas y cuestionó que, “en las circunstancias actuales”, no se haya logrado consensos.

“Yo esperaba que las fuerzas políticas hubiesen llegado a algún tipo de consenso, pero el planteamiento de cuatro listas, cada una respaldada por su propia bancada, revela que nadie está dispuesto a ceder nada y que no está dispuesto a buscar a alguien con ecuanimidad, con tranquilidad, con un pasado en la gestión que nos pudiese dar un clima de paz de aquí a julio”, indicó.

Con miras a la nueva gestión, el abogado señaló que la futura composición del gabinete ministerial será un aspecto crítico por evaluar del nuevo presidente, pues diversas bancadas parlamentarias solicitan “cupos” en el gobierno.

“Habrá que ver también quién será elegido, cómo recompone el gabinete. Porque hay varias bancadas que han sido expertas en pedir cupos y sitios, y no con fines santos, sino con fines de hacer un botín del sector al cual se le han asignado”, comentó.

Camino judicial de Jerí

El removido presidente mantiene tres investigaciones abiertas y una orden judicial que deberán continuar sin la protección que le otorgaba la más alta magistratura del Perú. Así, indicó el diario El Comercio, que la Fiscalía ya no deberá esperar hasta el próximo 29 de julio para investigar, bajo restricciones de derecho y con medidas judiciales.

Tras ser censurado por el Congreso, Jerí podrá ser objeto del levantamiento de su secreto de comunicaciones y su secreto bancario, en las diversas investigaciones que se siguen en su contra por presuntos delitos de corrupción en agravio del Estado.

En este sentido, fuentes del Ministerio Público (MP) señalaron a El Comercio que, en esta semana, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, “comenzará a ejecutar las diligencias que requieran órdenes judiciales como el levantamiento de los secretos bancarios y de comunicaciones y todas aquellas que se requieran y que no se podían realizar”.

“A partir de pasado mañana a más tardar se iniciarán las diligencias que no se realizaron hasta el momento por las limitaciones que se tenía, se harán todas las necesarias”, indicaron.

Respecto a un posible pedido de impedimento de salida del país, las fuentes señalaron que lo evaluarán conforme se vayan desarrollando las pesquisas. Indicaron que ello podría ser una posibilidad más efectiva si se llega a formalizar investigación preparatoria en algunos de los casos a cargo de la FN o, si el contexto lo requiere, podría hacerse antes.

Luego de Manuel Merino -que estuvo cinco días a cargo de la presidencia- Jerí Oré ocupa el segundo lugar dentro de las gestiones presidenciales más cortas de la historia reciente, con cuatro meses en el cargo.

El Comercio indicó que ahora, sin la protección que otorga la investidura presidencial, deberá enfrentar “a toda máquina” las tres investigaciones abiertas en su contra que se les sigue por presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal de intereses particulares, cohecho pasivo propio y otros; así como una orden judicial de tratamiento psicológico.

En su última actividad pública, como presidente, José Jerí participó en el cambio de guardia en la plaza principal de Palacio de Gobierno. Estuvo acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

Jerí Oré llegó a ser congresista de la República como accesitario de Martín Vizcarra, luego de que este no pudiera ocupar su puesto al ser inhabilitado para el ejercicio del cargo público por el “Vacunagate”.

Ahora, escribió el diario El Comercio, Jerí Oré y Vizcarra compartirán algo más que la misma curul y el mismo destino de ser removidos del sillón de Pizarro; ambos enfrentarán a la justicia por presuntos actos ilícitos cometidos cuando ejercieron el cargo de presidente de la República.

Por el momento, ninguna investigación contra Jerí Oré se encuentra suspendida, pero en el caso de la Fiscalía de la Nación, en las investigaciones por sus reuniones con empresarios chinos no registradas y por las reuniones en Palacio con personas allegadas que luego obtuvieron contratos con el Estado, no se podía requerir medidas judiciales cautelares y tampoco podía formalizarse la investigación preparatoria en su contra.

Esto, debido a la resolución del Tribunal Constitucional (en el caso Dina Boluarte) que estableció que el Ministerio Público podía realizar una investigación contra un presidente de la República en funciones, pero no podía aplicar medidas de coerción o limitativas de derechos (impedimentos de salida, allanamientos, levantamiento de secreto bancarios, tributario y comunicaciones), entre otros.

De esta manera, la Fiscalía de la Nación sólo quedó facultada para realizar diligencias simples como pedidos de información y tomar la declaración del presidente, hasta en dos oportunidades como máximo.

Por tanto, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, podrá seguir desarrollando las pesquisas en contra de Jerí Oré, pero ahora tendrá la facultad de requerir medidas con intervención judicial, sostuvo El Comercio.