Al menos 8.000 nuevos documentos relacionados con el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein están disponibles desde este martes en el sitio del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El DOJ ha sido acusado de retener información y ha recibido críticas de los demócratas por la lenta publicación y las amplias censuras aplicadas a los registros de la investigación sobre Epstein.

Los nuevos archivos incluyen cientos de videos o grabaciones de audio, entre ellos imágenes de cámaras de vigilancia de agosto de 2019, el mes en que Epstein fue encontrado muerto en su celda mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

El Departamento de Justicia publicó alrededor de 11.000 enlaces a nuevos documentos en línea, aunque algunos parecían no conducir a ningún contenido.

El Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein (EFTA), que ordenaba la publicación completa de los archivos a más tardar el viernes 19 de diciembre.

¿Desclasificación de archivos Epstein como arma política?

Un grupo de víctimas había denunciado previamente que solo se había divulgado una “fracción” de los documentos y que incluso esos estaban “plagados de censuras anormales y extremas, sin explicación”.

Los copatrocinadores de la EFTA, el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, amenazaron con impulsar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por no cumplir la ley.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, presentó el lunes, 22 de diciembre, una resolución en la que pide acciones legales contra la administración por no publicar la totalidad de los archivos Epstein.

El fiscal general adjunto Todd Blanche atribuyó el retraso a la necesidad de proteger la identidad de más de 1.000 víctimas de Epstein y negó el domingo las acusaciones de que se estuviera protegiendo a Trump, quien fue amigo cercano de Epstein en el pasado.

Trump había intentado inicialmente bloquear la divulgación de los archivos.

Sin embargo, el presidente, que rompió relaciones con Epstein años antes de su arresto y no enfrenta acusaciones de irregularidades, terminó cediendo ante la creciente presión del Congreso y firmó la ley que obliga a la publicación de los documentos.