El gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes el estado de excepción en al menos siete provincias del país en medio de las protestas y paros impulsados por los transportistas contra el fin del subsidio al diésel.

“La violencia y los intentos de desestabilización no serán tolerados”, dijo la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, agregando que el Ejecutivo “respeta el derecho a la protesta pacífica”, si bien actuará frente a aquellos manifestantes que “vulneren la ley”.

Rovira explicó que el gobierno ecuatoriano ha mantenido varias conversaciones con los transportistas para dar respuesta a sus demandas. “La estrategia de algunos ha sido generar caos y paralizar servicios públicos. La respuesta del Estado siempre será el diálogo, pero no permitiremos que se juegue con la integridad de los ecuatorianos”, sentenció.

En virtud del decreto emitido para las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, el derecho a la libertad de reunión queda restringido, pero no así el de circulación. Asimismo, las Fuerzas Armadas patrullarán las carreteras en distintos puntos estratégicos para evitar actos de violencia.

Noboa defendió que este subsidio era “una carga” a las cuentas públicas y que gran parte de dichos recursos se desviaban al contrabando o la minería ilegal, si bien la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) criticó que se trata de un nuevo “paquetazo neoliberal” que “encarecerá de inmediato la canasta básica” y “la vida de los sectores más pobres”.

El gobierno preparó una serie de medidas para respaldar al sector tras eliminar el subsidio al combustible, como la entrega de un bono a 55.000 nuevas familias beneficiarias, la devolución directa del IVA a personas adultas mayores, y una compensación económica para 23.300 conductores de transporte público, quienes percibirán entre 400 y 1.000 dólares al mes, entre otras.