Por Nancy Guerrero Castillo, Directora General de Médicos Sin Fronteras (MSF) para América Latina

Alrededor del mundo, los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) tratan una y otra vez las consecuencias físicas y mentales que las políticas migratorias restrictivas generan en la salud de las personas. Así lo constatamos en crisis como las de Bangladesh, Libia, en las fronteras de Grecia, Bulgaria, Hungría y Polonia, y también en las aguas del Mediterráneo -una de las rutas más mortíferas del mundo-. El patrón se repite sin excepción: cuando las vías legales y seguras se cierran, las personas buscan rutas más peligrosas, y su padecimiento se profundiza.

Más cerca de nuestra región, el sufrimiento de quienes se ven obligados a huir también es parte del paisaje cotidiano. Hace más de una década que acompañamos a las personas que se desplazan por Latinoamérica y a quienes llegan desde el otro lado del Atlántico, trabajando en muchos de los países por los que transitan —México, Guatemala, Honduras, Perú, Colombia y Panamá—. Los motivos para migrar son tantos como personas: crisis de larga duración agudizadas por situaciones coyunturales, como la limitación de acceso a suministros básicos en Cuba y la incertidumbre política en Venezuela; el conflicto en ciertas regiones de Colombia; la presión de los grupos criminales y armados en países como Ecuador; el colapso del Estado en Haití; o la exclusión política, la discriminación, la violencia y la falta de oportunidades presentes en muchos países de América Latina, África y Asia. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, nuestros equipos atendieron a casi 3.000 víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y brindaron casi 17.000 consultas de salud mental, motivadas en su mayoría por tortura, secuestro, extorsión, trabajo forzoso y explotación sexual.

Todo este dolor se materializa cuando los Estados responden con barreras en lugar de protección. El año pasado, el Gobierno estadounidense cerró las principales vías para solicitar asilo y reforzó la seguridad en la frontera con México; otros países siguen el ejemplo con políticas igualmente severas. La retórica que criminaliza la migración erigió un muro no solo físico sino psicológico, provocando la reducción más drástica del flujo migratorio entre Darién y el norte de México en años. Miles de personas iniciaron el regreso a sus países de origen, mientras otras quedan varadas en la ruta migratoria, o buscan nuevos destinos, como Chile, Costa Rica o Colombia. Quienes retornan, muchas veces vuelven a los mismos contextos de violencia, exclusión y falta de oportunidades de los que huyeron. Todo esto sumado a una situación donde la financiación humanitaria global se ha reducido de manera extraordinaria tras los recortes de fondos anunciados por los cuatro donantes más grandes de ayuda humanitaria internacional –Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y la Unión Europea- y la suspensión de los programas que sostenían la atención médica, la salud mental y la protección de las poblaciones más vulnerables.

Como trabajadores humanitarios, somos testigos directos de las cicatrices que la desprotección y la persecución dejan en la salud física y mental de quienes se ven forzados a huir. El blindaje y la militarización de las fronteras exponen a las personas aún más a redes criminales, incrementando el peligro y la violencia durante el trayecto. Lo que dejó una década de política de contención lo documenta con precisión un hecho: a diez años del acuerdo entre la Unión Europea (UE) - Turquía, MSF registró más de 156.000 consultas médicas en las islas griegas, atendiendo pacientes con depresión, estrés postraumático y enfermedades producto del hacinamiento, mientras mujeres embarazadas y sobrevivientes de violencia sexual esperaron semanas o meses sin atención. El costo humano fue enorme, y sus consecuencias siguen siendo visibles hoy.

Las políticas migratorias deben proteger los derechos de las personas en movilidad. La experiencia de MSF muestra que cuando se prioriza solo la disuasión, aumentan la violencia, la trata, las barreras de acceso a salud y otros sufrimientos evitables.

Chile tiene la oportunidad de ser un referente regional en políticas migratorias con enfoque de derechos. Por ello, desde MSF recomendamos: mantener el acceso universal a la salud sin ningún tipo de discriminación; fortalecer la atención en salud mental y el cuidado integral a víctimas de violencia sexual en contextos migratorios; y garantizar que las reformas migratorias no criminalicen la búsqueda de protección ni obstaculicen la asistencia humanitaria. Porque migrar es humano y buscar refugio no debería ser un crimen.