El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, determinó este miércoles que el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, debe brindar declaraciones sobre la operación policial que tenía como objetivo el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales del país, y que dejó más de 120 fallecidos según datos oficiales.

Para ello, De Moraes programó para el próximo lunes 3 de noviembre una audiencia que se celebrará en Río de Janeiro y en la que se discutirá la denominada Operación Contención y los detalles en torno a esta. Para ello se abordará el nivel de fuerza utilizada, el número de agentes involucrados y el balance oficial de víctimas, entre otros, según recoge Agência Brasil.

El operativo fue realizado el martes pasado por la policía civil y militar en los complejos de favelas de Alemão y Penha, y consistió en la ejecución de 180 órdenes de allanamiento y 100 órdenes de detención, 30 de las cuales fueron emitidas por el estado de Pará. Según el gobierno de Río, el objetivo era contener la expansión del grupo criminal que nació dentro de las cárceles en la década del 70.

El gobernador Castro calificó la operación como “un éxito”, pero defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos de las favelas denuncian la acción como una “masacre”. Esto luego de que familiares de los fallecidos, como consigna la agencia, señalaran que los cuerpos presentaban signos de ejecución, como heridas de bala en la cabeza e incluso mutilaciones.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, se mostró “profundamente preocupado por el elevado número de víctimas mortales ocurridas ayer durante el operativo policial en las favelas” de la ciudad brasileña.

Según su portavoz, Stéphane Dujarric, el jefe de Naciones Unidas subrayó que “el uso de la fuerza en los operativos policiales debe ajustarse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a las normas internacionales”, por lo que instó a las autoridades a que inicien una “inmediata” investigación.

La Defensoría Pública de Río de Janeiro aseguró durante la jornada que al menos 132 personas fallecieron como consecuencia de la operación policial, en la redada más letal de la historia del estado. Sin embargo, el gobierno regional cifró en 121 los muertos, cuatro de ellos agentes policiales, y en 113 las detenciones.