En su sexta edición, el Informe de Riesgo Político América Latina 2026, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales UC (CEIUC), y que cuenta con la participación de expertos, líderes de opinión, autoridades y académicos en relaciones internacionales de la región, perfila al año que recién comienza como un “punto de inflexión”, tanto por la complejidad del escenario global como por la convergencia de profundas transformaciones políticas, electorales, económicas y sociales en el ámbito latinoamericano.

“La transición hacia un sistema internacional más fragmentado, competitivo y menos previsible -cada vez más condicionado por la rivalidad entre grandes potencias- configura un entorno geopolítico caracterizado por dinámicas de poder más crudas y menos reguladas, cercano a una auténtica ‘ley de la jungla’”, señala en su prólogo el informe que se lanza este miércoles 14 de enero a las 11.00 (hora de Chile) y que tiene como editores a Jorge Sahd, director del CEIUC, y Daniel Zovatto, investigador sénior del CEIUC y director y editor de Radar Latam 360.

Según los investigadores, el devenir de América Latina en 2026 estará fuertemente condicionado por la evolución política de Estados Unidos y por su postura tanto frente a Venezuela -y el efecto dominó que esta tenga eventualmente en otros países de la región- como frente a China y Rusia. “Ya no se trata de promover la democracia sino de asegurar recursos estratégicos, imponer alineamientos geopolíticos y ejercer control sobre territorios clave en función de la competencia global con China y Rusia”, sostienen.

“El índice 2026 confirma que el crimen organizado y la inseguridad siguen dominando la agenda pública en América Latina, mientras los gobiernos muestran crecientes dificultades para enfrentarla, marcada por estructuras criminales transnacionales y profesionalizadas. En este escenario, la caída de Nicolás Maduro en Venezuela es un hecho histórico, pero también un factor de riesgo regional si la transición no se hace de manera pacífica y organizada. Una posible reconfiguración de redes criminales y escenarios de inestabilidad política y migratoria, se sumarían a un contexto geopolítico global ya tensionado”, comenta Sahd a La Tercera.

El estudio pone foco en cuatro países -Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil- que celebrarán elecciones generales a lo largo de 2026. “Los resultados de estas cuatro elecciones permitirán evaluar si se consolidan varias tendencias observadas en el ciclo electoral anterior: el voto mayoritario de castigo a los oficialismos -independiente de su signo político- y por ende mayor alternancia, así como la creciente fragmentación y polarización política”, enfatiza el informe.

Asimismo, el análisis regional confirma la persistencia de tres factores que condicionarán la gobernabilidad y el comportamiento de los mercados: la crisis de representación y erosión de la confianza, la gobernabilidad fragmentada y polarización creciente y la expansión y sofisticación del crimen organizado. “Finalmente, persiste un riesgo sistémico que atraviesa a la región: la creciente desconexión entre ciudadanía y sistemas políticos”, advierten los autores del estudio.

A nivel económico, el FMI anticipa para 2026 una expansión regional cercana al 2,2%–2,4%, en línea con el desempeño observado entre 2022 y 2023. Sin embargo, el estudio advierte que “se trata de un crecimiento modesto, heterogéneo y altamente vulnerable a shocks externos, reflejo de problemas estructurales persistentes: baja productividad, inversión insuficiente, escaso dinamismo tecnológico y debilidades institucionales”.

En este contexto, y pese a ciertos avances, “la insatisfacción ciudadana continuará siendo un componente central del clima político regional. La combinación de desigualdad estructural, informalidad extendida, percepción de corrupción, inseguridad y falta de oportunidades alimenta un malestar social que se refleja en la volatilidad electoral, el debilitamiento del centro político y la proliferación de discursos antisistema o altamente polarizantes”, proyecta el estudio.

“2026, en suma, no será un año más. Será un punto de inflexión en el que se pondrán a prueba la resiliencia institucional, la adaptabilidad económica, la estabilidad política y la madurez estratégica de América Latina en un mundo en plena reconfiguración”, destacan los autores del informe.

A continuación, los 10 principales riesgos que visualiza el Informe de Riesgo Político América Latina 2026:

Crimen organizado y captura del Estado

América Latina exhibe una paradoja estructural: combina un bajo nivel de conflicto interestatal con niveles persistentemente altos de violencia intrastatal. De acuerdo con InSight Crime, en 2024 se registraron 121.695 homicidios, lo que sitúa la tasa promedio regional en 20,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi tres veces y media el promedio mundial.

“Esta violencia no es episódica ni marginal, sino un fenómeno sistémico que afecta la gobernabilidad, la seguridad ciudadana y la calidad de las democracias”, señala el informe.

“Desde una perspectiva de riesgo político, las democracias latinoamericanas enfrentan una encrucijada crítica: o logran responder a esta amenaza estructural mediante políticas integrales -que articulen seguridad, inteligencia, fortalecimiento judicial, inclusión social y desarrollo económico, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho-, o la región permanecerá atrapada en un ciclo de violencia urbana crónica, que erosiona la legitimidad institucional, debilita la cohesión social y compromete su futuro democrático”, agrega.

Violencia política y erosión democrática

“La violencia política aparece cuando las instituciones dejan de ordenar el conflicto”, advierte la politóloga Laura Gamboa (2024). Esta premisa sintetiza uno de los riesgos más relevantes que enfrenta América Latina de cara a 2026: la progresiva normalización de la coerción como mecanismo de gobernanza. Según los autores del estudio, el problema ya no se limita a debilidades institucionales persistentes, sino que adopta una dimensión estructural, en la que dos formas de violencia -la criminal y la estatal- erosionan la democracia desde direcciones opuestas, pero con un resultado convergente: la anulación de la competencia política efectiva.

Ambas dinámicas convergen en un punto crítico: la distorsión de los incentivos democráticos. De cara a 2026, el riesgo no se manifiesta principalmente en golpes de Estado clásicos, sino en la consolidación gradual de regímenes híbridos o abiertamente autoritarios. “El horizonte inmediato definirá si América Latina logra recomponer el monopolio legítimo de la fuerza o si deriva hacia sistemas políticos donde votar sigue siendo posible, pero elegir libremente deja de serlo”, señala el informe.

Vulnerabilidad fiscal de los Estados

Bloomberg (2025) advierte que América Latina arrastra una carga de deuda pública cada vez más difícil de gestionar, marcada por un elevado costo de financiamiento en un contexto internacional menos favorable. “El panorama por país confirma vulnerabilidades estructurales que restringen la capacidad de maniobra de los gobiernos”, apuntan los investigadores.

En conjunto, indican, la región experimenta un “triple candado”: escaso espacio fiscal, elevada deuda pública y baja recaudación. Como destaca Moody’s (2025), los altos niveles de endeudamiento y las tensiones políticas internas dificultan la capacidad de los gobiernos para realizar ajustes cuando las condiciones lo requieren, subrayando la urgencia de fortalecer los marcos fiscales e institucionales.

Instrumentalización política de la migración

Bajo la lógica de Kelly M. Greenhill (2010) en su teoría sobre la ingeniería de la migración estratégica, el escenario latinoamericano hacia 2026 presenta un riesgo sistémico: los flujos migratorios ya no se gestionan prioritariamente bajo criterios humanitarios o demográficos, sino que se instrumentalizan como activos de negociación diplomática, insumos para la competencia electoral -particularmente bajo narrativas de populismo punitivo- o como válvulas de alivio económico y social.

“En un nivel más profundo opera la denominada ‘válvula de escape autoritaria’. Regímenes como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba utilizan la expulsión masiva de ciudadanos como estrategia de supervivencia política. Al forzar el desplazamiento de millones de personas, estos gobiernos reducen la presión social interna y exportan la disidencia, al tiempo que transfieren costos políticos, sociales y fiscales a los países receptores, principalmente Colombia, Perú, Chile y Costa Rica”, destaca el estudio.

“Este escenario sugiere que, hacia 2026, la migración dejará de ser percibida como un problema a resolver para consolidarse como un recurso a explotar”, advierte.

Fragilidad ante el cambio climático

El estudio pone de relieve que la exposición al riesgo climático es heterogénea y responde principalmente a factores territoriales, demográficos y ambientales. Países como Brasil, México, Perú, Colombia y Chile presentan niveles elevados de vulnerabilidad hacia 2026 debido a la alta concentración de población e infraestructura en zonas expuestas a sequías, incendios forestales, inundaciones, aluviones y estrés hídrico.

“El impacto social y político actúa como amplificador de estos riesgos”, sostiene el informe. Los desastres recurrentes afectan de manera desproporcionada a comunidades pobres y rurales, con menor acceso a infraestructura resiliente, sistemas de emergencia y financiamiento para la reconstrucción. “Este deterioro ocurre, además, en un contexto de debate político fragmentado en torno al cambio climático. Si bien existe consenso científico, en varios países persisten discursos que minimizan o relativizan la magnitud del fenómeno, retrasando la adopción de políticas de adaptación y mitigación de largo plazo”, apunta.

Debilitamiento del sistema internacional y redefinición del comercio global

El orden internacional basado en reglas ha ido cediendo progresivamente ante un sistema cada vez más transaccional, en el que lo multilateral pierde centralidad frente a lo bilateral y donde el uso de la fuerza -económica, política y estratégica- se relegitima como instrumento de política exterior.

Se trata de un sistema internacional en fase de deterioro, con un orden liberal crecientemente cuestionado y donde la principal potencia que históricamente promovió estos principios, Estados Unidos, emerge hoy como uno de sus críticos más visibles.

Asimismo, el estudio destaca que Estados Unidos representa cerca del 13% del comercio global, por lo que sus medidas unilaterales están generando desviaciones de comercio hacia mercados con mejores condiciones de acceso. China, en particular, ha intensificado la redirección de sus exportaciones hacia Asia, profundizando la reconfiguración de los flujos comerciales globales.

Creciente presión de EE.UU. y China sobre la región

En esa misma línea, el informe enfatiza que América Latina enfrenta la necesidad de recalibrar su relación con las dos principales potencias globales -Estados Unidos y China-, que concentran una parte sustantiva de su comercio exterior, inversión y financiamiento.

Mientras Estados Unidos ha endurecido sus políticas migratorias, comerciales y el uso de sanciones económicas, China ha respondido ampliando su presencia financiera en la región, anunciando líneas de crédito por 9.000 millones de dólares. Si bien Washington ha sido históricamente el actor dominante, en las últimas dos décadas Beijing se ha consolidado como un socio estructural a través del comercio, la inversión directa y el financiamiento de infraestructura, reduciendo el margen de exclusividad estadounidense en el hemisferio.

“En un entorno global cada vez más polarizado, y con un Estados Unidos más asertivo, varios países latinoamericanos podrían verse obligados a redefinir su relación con Beijing, generando nuevas tensiones políticas internas y dilemas de alineamiento estratégico que marcarán la agenda regional en el corto y mediano plazo”, apunta el estudio.

Escalada de tensión regional

El panorama internacional hacia 2026 se proyecta como una prolongación de la fragmentación y la competencia estratégica, consolidando un entorno de crisis aunque de baja intensidad en términos de conflicto bélico directo. Sus efectos, sin embargo, se transmiten de manera cada vez más directa y acelerada hacia América Latina.

Además del contexto externo, los autores del estudio ponen foco en una dinámica regional que dificulta la construcción de consensos. El lenguaje político confrontacional de algunos líderes latinoamericanos, que trasladan las relaciones internacionales al plano personal y adoptan posiciones públicas respecto de asuntos internos de otros países, ha erosionado la confianza diplomática y reducido los espacios de diálogo.

“En este marco, la fragmentación regional se consolida como un factor estructural de vulnerabilidad. La ausencia de una respuesta coordinada frente a la crisis venezolana -ni a través de mecanismos diplomáticos regionales, ni mediante instancias multilaterales hemisféricas- dejó en evidencia las limitaciones de América Latina para actuar de manera autónoma frente a amenazas que comprometen la estabilidad regional”, argumentan.

Fragmentación regional y pérdida de peso a nivel global

Hacia 2026, América Latina opera en un escenario de creciente fragmentación institucional y diplomática que limita su capacidad de coordinación regional y de respuesta a problemas transnacionales complejos, como el crimen organizado, la migración irregular, el narcotráfico o la confrontación estratégica entre Estados Unidos y China, los dos principales socios comerciales de la región.

Así, sostiene el estudio, la ausencia de acuerdos mínimos y de una “affectio societatis” entre los líderes ha derivado en un enfoque de “sálvese quien pueda”, donde cada país aborda sus desafíos sin mayor articulación colectiva.

Falta de capacidad frente a la inteligencia artificial

Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por el INIA y la Cepal, de cara al 2026 la región enfrenta desafíos estructurales que limitan la adopción de la IA. Los principales obstáculos siguen siendo la baja inversión, la débil gobernanza de datos, la falta de regulación, la escasez de capacidades profesionales y el limitado desarrollo científico. Sólo cuatro países -Brasil, Chile, Colombia y México- concentran el 1,12% de la inversión global en IA y cuentan con centros de datos robustos, lo que evidencia la alta concentración regional de capacidades tecnológicas.

Persisten también brechas profundas de acceso digital. En varios países, menos de un tercio de los hogares dispone de conexión estable o de dispositivos adecuados, lo que amplifica desigualdades en un momento en que la IA se incorpora crecientemente a servicios esenciales. Las asimetrías en banda ancha y cobertura 5G reflejan la urgencia de una planificación de largo plazo basada en equidad territorial y sostenibilidad.