Un exministro peruano que, estuvo en el cargo apenas dos semanas, acusó este miércoles al Presidente Pedro Castillo de obstaculizar la captura de implicados en presuntos actos de corrupción en el gobierno, un nuevo foco de crisis que presiona al mandatario.

El exministro de Interior Mariano González fue despedido sorpresivamente la noche del martes y Castillo designó rápidamente su reemplazante, que se convirtió en el séptimo titular de esa cartera en el primer año de gestión del Presidente, quien ya ha superado dos intentos de destitución.

González había asumido el cargo el 4 de julio y esta semana conformó un equipo especial de la policía para apoyar a la fiscalía que investiga casos de corrupción que vinculan a ex funcionarios de Castillo, entre ellos un exministro, un exasesor de Palacio de Gobierno y un sobrino del Presidente.

Con ello el exministro tenía como objetivo capturar a los implicados en una trama de corrupción en la concesión de obras públicas. En este caso la fiscalía también investiga a Castillo, quien ha negado todas las acusaciones.

“El obstaculizar a los equipos de inteligencia es una clara obstrucción también a la justicia. Para mí eso es evidente y descalifica para que (Castillo) pueda ser el mandatario del país”, dijo González en una entrevista con la radio local RPP.

El exministro dijo que el Presidente le había cuestionado y pedido explicaciones por crear el equipo especial de la policía, y sostuvo que, minutos después de esto y antes de pactar una cita, Castillo anunció por Twitter su salida del cargo.

“El equipo especial venía trabajando y estaba muy cerca de tener logros en los próximos días”, refirió en torno a la búsqueda de los prófugos implicados en actos de corrupción.

El primer ministro, Aníbal Torres, rechazó las acusaciones de González hacia Castillo y afirmó que el funcionario fue separado porque no presentó ningún plan para luchar contra “la desesperante” inseguridad ciudadana, considerado -dijo- como el principal problema del país sudamericano.

“Aquí estamos todos unidos con el Presidente de la República, a quien le hacen imputaciones sin ninguna prueba”, refirió Torres, en una conferencia de prensa junto a todo el gabinete de ministros en Palacio de Gobierno.

Tras las declaraciones de González, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, citó al exfuncionario a través de una mensaje por Twitter “para tomar su declaración por los hechos relatados que configurarían presuntos actos delictivos”.

González dijo incluso en otra entrevista a la estación Panamericana Televisión que no tenía “ninguna duda del compromiso que el señor (Castillo) tiene con la corrupción”.

La denuncia generó en el Congreso opositor pedidos para iniciar un nuevo proceso de destitución de Castillo, que superó en marzo un segundo juicio político para sacarlo del poder acusándolo de “incapacidad moral” para gobernar.

Al igual que la fiscalía, el Congreso ya investiga a Castillo. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, también enfrenta una acusación que podría expulsarla del cargo.

Para despedir a Boluarte por una supuesta infracción a la Constitución se necesita más de la mitad de votos de los 130 miembros del Congreso. Una destitución a Castillo requiere más de 87 votos, algo improbable en estos momentos, según analistas.

Carlos Anderson, un legislador opositor, dijo que un grupo de sus colegas promueve la presentación de una nueva moción para pedir la vacancia de Castillo, proceso que debería producirse durante el próximo periodo legislativo que comienza en agosto.

“No hay forma de hacerlo antes”, dijo a periodistas. A fines de julio el Congreso debe renovar a su junta directiva. Otros legisladores opositores afirmaron que apoyarán la moción para un nuevo juicio político contra el mandatario.

Castillo, que asustó a los inversionistas con planes de una economía estatista en el segundo mayor productor mundial de cobre, ha moderado su discurso; pero con cuatro distintos gabinetes y conflictos sociales en curso el mandatario transita en una constante incertidumbre que ha debilitado a su Gobierno.