Fiscalía pide prohibir salir de Perú a directivos de petrolera Repsol tras derrame que provocó desastre ecológico

Las manifestaciones de los peruanos contra la firma española Repsol, tras el derrame de crudo. Foto: AP

El juez Romualdo Aguedo presidió la audiencia en que la fiscalía fundamentó el pedido de prohibir la salida del país al jefe de la firma española en Perú, Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, y a otros tres ejecutivos. El procurador del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, explicó que el delito de contaminación ambiental “tiene una penalidad de 4 a 5 años”. Sin embargo, aclaró que la pena puede subir de 6 a 7 años, pues los jefes de Repsol proporcionaron “información falsa” sobre el derrame a las autoridades.




La fiscalía peruana pidió este jueves a la justicia que prohíba salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol mientras avanzan las investigaciones por el derrame de crudo en el mar del 15 de enero.

El juez Romualdo Aguedo presidió la audiencia en que la fiscal Rosa Gonzales fundamentó el pedido de prohibir la salida del país al jefe de Repsol en Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, y a otros tres ejecutivos de la compañía.

Los abogados de la defensa no impugnaron la solicitud en la audiencia y afirmaron que sus clientes están dispuestos a colaborar con la justicia.

El derrame de unos 6.000 barriles de crudo, calificado como “desastre ecológico” por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque “Mare Doricum”, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, de propiedad de Repsol. La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.

El buque ahora está fondeado, con prohibición de zarpar, frente al puerto del Callao, contiguo a Lima, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas.

En la audiencia la fiscal, dijo que Fernández-Cuesta es investigado como presunto “autor” del delito de “contaminación ambiental” y los tres coacusados como “cómplices”.

“Esta fiscalía considera y es preciso que estos imputados permanezcan dentro del territorio nacional a objeto de asegurar el esclarecimiento de estos hechos”, dijo Gonzales en la audiencia virtual.

“Se pueden advertir indicios fuertes de que se han contravenido las normativas [...] que exigen a la empresa Pampilla SAC cumplir con los mecanismos de seguridad y contención para haber evitado los resultados que son de público conocimiento”, añadió.

Tras las exposiciones de la fiscal y los defensores, Aguedo -juez de Investigación Preparatoria de Ventanilla- anunció que entregará su resolución este viernes a las 08h00 locales.

Entidades fiscalizadoras

El petróleo vertido ha matado a una cantidad indeterminada de peces y aves marinas, y dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales, que han protagonizado protestas contra la compañía española.

Los otros tres directivos peruanos de la petrolera son Renzo Tejada Mackenzie (jefe del terminal marítimo 2 de la refinería), Gisela Posadas Jhong (gerente de Calidad y Medio Ambiente) y José Reyes Ruiz (gerente de Seguridad).

La fiscalía ha dicho que “es necesario” además indagar eventuales responsabilidades de los organismos peruanos de fiscalización, como la dirección de capitanías de puertos.

El procurador [abogado litigante] del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, explicó que el delito de contaminación ambiental “tiene una penalidad de 4 a 5 años”.

Sin embargo, aclaró que el delito “en agravado puede subir de 6 a 7 años”, pues los jefes de Repsol supuestamente proporcionaron al comienzo “información falsa” sobre el derrame a las autoridades.

Según la fiscalía, la petrolera dijo inicialmente que se habían vertido “seis galones” de crudo (24 litros)”, pero después se comprobó que eran unos 6.000 barriles (casi un millón de litros).

Olla común en muelle

El crudo derramado se expandió a lo largo de la costa hasta Chancay, a 60 km la refinería, afectando a más de 20 playas.

En el muelle de la playa Chacra y Mar, en el distrito de Aucallama, los pescadores artesanales preparaban este jueves una olla común para el almuerzo de unas 50 familias, pues no tienen ingresos desde hace 12 días.

“Las áreas de donde los pescadores traen su pan para cada día están afectadas. Los trabajadores que fileteamos no tenemos trabajo”, dijo a la AFP Katy Medina.

“Los ciudadanos ya no confían en los peces, porque dicen que los pescados están contaminados. Todo esto está afectando a la sociedad en sí”, se lamentó la trabajadora de 33 años.

Una misión técnica de las Naciones Unidas indicó en un comunicado que “el derrame de petróleo, califica como grave según los estándares del International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF), nivel que pone a dura prueba las capacidades de respuesta de cualquier país”.

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