El crimen organizado está en el centro de la agenda costarricense, e incluso el diario The Wall Street Journal lo destacó la semana pasada. El país conocido como un “bastión de la democracia” en Centroamérica está viviendo momentos difíciles, en los que la presidenta y el Poder Judicial se echan la culpa por el crecimiento de los grupos criminales.

Con 453 homicidios en los primeros siete meses del año, Costa Rica se mantiene en una tasa alta de asesinatos, considerando que cuenta con una población de 5 millones de habitantes. Los crímenes se concentran en la provincia de Limón, donde un puerto ha concentrado los esfuerzos de las bandas criminales.

El reportaje recientemente publicado por The Wall Street Journal señala que los homicidios en Costa Rica aumentaron un 50% desde 2020. Con esto, hoy alcanza una tasa de asesinatos comparable con la de México: en los últimos años, llegó a tasas estimadas de entre 16,8 y 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. El país norteamericano, por su parte, registra una tasa nacional de 15,4.

Este aumento en los asesinatos está ligado al crecimiento de las organizaciones criminales internacionales. Así, Costa Rica está en un nodo de las rutas de la cocaína, que se producen en Sudamérica y llega a Estados Unidos y Europa saliendo en barcos desde el país centroamericano.

Según el Departamento de Estado norteamericano, desde 2020 Costa Rica se ha vuelto el principal punto de tránsito desde la cocaína con destino a Estados Unidos y Europa. El año pasado, autoridades locales anunciaron el desmantelamiento de una red que enviaba cocaína en contenedores de yuca congelada.

Esta crisis de criminalidad y narco empezó a notarse en 2020, sobre todo alrededor de la ciudad portuaria de Limón, en la costa caribeña. Desde que se puso a operar en 2019 el puerto de Moín, donde se trasladan grandes cargamentos, los grupos criminales comenzaron a utilizarlo para transportar droga.

En medio de todo eso, los poderes el Estado no se ponen de acuerdo en cómo enfrentar esta situación. Según el reportaje publicado por The Wall Street Journal, la crisis de inseguridad está “trastornando el sistema político del país”, y la situación se ve agravada por las evidentes diferencias entre el gobierno de Laura Fernández y el Poder Judicial. Así, el medio estadounidense acusa una “guerra civil política” en este conflicto.

En el reportaje, el medio entrevista a varias figuras del país, incluida la presidenta Laura Fernández, quien sostiene que el Poder Judicial no está haciendo lo suficiente para enfrentar la crisis. La mandataria señaló que, mientras la Policía realiza su trabajo y detiene a presuntos delincuentes, los tribunales liberan a algunos de ellos, generando un círculo que dificulta contener la criminalidad. “¿Por qué esto se ha convertido en un círculo vicioso, donde la policía arresta personas y el Poder Judicial las libera?”, preguntó Fernández poco después de tomar posesión.

En el mismo reportaje, el fiscal general Carlo Díaz señaló que los recortes presupuestarios que viene imponiendo el gobierno al Poder Judicial “definitivamente benefician al crimen organizado”. En el presupuesto del Poder Judicial para 2027, hay un recorte que equivale a 23.000 millones de colones, o sea, cerca de 50 millones de dólares.

En tanto, la policía de la provincia de Limón también se queja. Jeison Arce, jefe de la policía municipal en la ciudad, aseguró que vive una batalla desproporcionada. Su fuerza dispone de apenas tres vehículos patrulla frente a organizaciones con recursos económicos mucho mayores. A esto se suma que son muchos los jóvenes que se incorporan a las bandas ante la falta de alternativas laborales.

Uno de los homicidios más representativos de este aumento en la violencia en Costa Rica fue el del agente Gerson Rosales, de 28 años. Habría sido abatido por miembros de una banda local mientras patrullaba, y tras su muerte, la presidenta mandó nuevas iniciativas para endurecer las penas.

Desde la presidencia, de todos modos, defienden sus resultados. Aunque asumió en mayo, el gobierno de Laura Fernández es la continuidad del presidente anterior, Rodrigo Chaves, hoy ministro de Hacienda y de la Presidencia. En ese sentido, indican que en los últimos dos años la policía antidrogas incorporó 100 nuevos agentes, y que al menos comparados con 2025, los asesinatos ocurridos entre enero y agosto bajaron en 62.

No obstante, el Journal señaló que los asesinatos alcanzaron máximos históricos en 2023 y apenas cedieron en los dos años siguientes, mientras los decomisos de cocaína cayeron a 21,4 toneladas métricas en 2023, el nivel más bajo desde 2015.

El 2023, con 907 asesinatos, fue el año donde esta crisis llegó a un punto grave. Ahora, sin embargo, los analistas aseguran que los grupos delictuales ya están “asentados” en Costa Rica.

Laura Fernández se puso la meta de terminar su período presidencial bajando el registro a un máximo de 15,3 casos por cada 100 mil habitantes. Eso implicaría pasar de 873 a 799 los asesinatos durante el año 2030.

“Se trata de una meta muy ambiciosa de mi parte, donde me la estoy jugando el todo por el todo por la seguridad nacional, asumiendo responsabilidades sobre una meta nacional con un poder de la República, el Poder Judicial, que ni siquiera quiere dialogar con la presidenta de la República, ni con la jerarca del Congreso”, dijo Fernández.

Mandato de Chaves y efecto Bukele

La confrontación tiene raíces en el mandato anterior, apunta Infobae. Rodrigo Chaves, quien gobernó entre 2022 y 2026, impulsó un discurso duro contra el crimen y las instituciones tradicionales, defendió medidas inspiradas en el modelo de El Salvador bajo Nayib Bukele y promovió la construcción de una prisión de máxima seguridad cuya apertura está prevista para este año.

Durante su administración se aprobó también la reforma constitucional que permite extraditar a ciudadanos costarricenses acusados de narcotráfico.

Este año, el país extraditó a Estados Unidos a un exmagistrado de la Corte Suprema y exministro de Seguridad acusado de delitos vinculados al tráfico de drogas.

En agosto, dos presuntos narcotraficantes, Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, y Gabriel Lozano, alias “Compadre”, fueron entregados a la justicia estadounidense para enfrentar cargos en una corte federal de Nueva York, según informó Reuters.