El diario The Washington Post informó que la mañana del 14 de enero el FBI ejecutó una orden de allanamiento en el domicilio de la periodista Hannah Natanson, reportera del mismo medio, como parte de una investigación a un contratista del gobierno estadounidense acusado de retener ilegalmente material gubernamental clasificado.

Al momento del registro por parte de las autoridades federales, la reportera se encontraba en su vivienda, en el estado de Virginia. Los agentes revisaron su domicilio y sus dispositivos, e incautaron su teléfono, dos computadores portátiles –una personal y una de trabajo- y un reloj inteligente.

El diario estadounidense comunicó que también recibió una notificación por parte de la policía federal exigiendo que entregara toda la información relacionada con el contratista del gobierno y cualquier comunicación entre el contratista y otros empleados del medio.

Y es que no es común que las autoridades policiales estadounidenses realicen allanamientos a los domicilios de los periodistas. Las regulaciones federales de Estados Unidos destinadas a proteger la libertad de prensa, están diseñadas para dificultar el uso de estrategias policiales agresivas contra periodistas para obtener la identidad de sus fuentes o información.

En un correo electrónico dirigido al equipo de redacción del Post, el editor en jefe, Matt Murray, calificó la búsqueda como una “acción extraordinaria y agresiva” que es “profundamente preocupante y plantea profundas preguntas e inquietudes sobre las protecciones constitucionales de nuestro trabajo”.

Pérez-Lugones

Por otra parte, en el momento del allanamiento, Natanson fue informada por los agentes federales que ella no era el objetivo del allanamiento. La orden indicaba que se está investigando a Aurelio Pérez-Lugones, un exmarino y administrador de sistemas que tiene una autorización de acceso a información clasificada.

El contratista estaría arrestado desde la semana pasada, acusado de extraer informes de inteligencia clasificados de instalaciones gubernamentales, los que posteriormente fueron encontrados en su lonchera y en su sótano, según una declaración jurada del FBI.

Un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que el administrador de sistemas buscó información clasificada sin autorización, incluyendo inteligencia clasificada sobre una nación identificada en los documentos judiciales como “País 1”.

El mismo funcionario detalló que, en el momento de su arresto, Pérez-Lugones se encontraba enviando mensajes a la periodista. Los investigadores determinaron que había “información clasificada” en su chat, añadió.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó al respecto en redes sociales: “La semana pasada, a petición del Departamento de Guerra, el Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron una orden de allanamiento en el domicilio de un periodista del diario The Washington Post que obtenía y reportaba información clasificada y filtrada ilegalmente de un contratista del Pentágono”.

“La administración Trump no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser divulgadas, representen un grave riesgo para la seguridad nacional de nuestra nación y para los valientes hombres y mujeres que sirven a nuestro país”, escribió Bondi.

A la fecha, la periodista no ha sido acusada formalmente de ningún delito, y la querella presentada contra Pérez-Lugones tampoco señala que haya filtrado la información clasificada que presuntamente obtuvo. El exmarino, por su parte, fue acusado de retener ilegalmente información de defensa nacional.

En medio de una firma de proyectos de ley en la Casa Blanca, Donald Trump pareció referirse a Pérez-Lugones. Sin ser preciso sobre qué exactamente estaba hablando, el mandatario dijo que: “El filtrador fue encontrado y se encuentra en prisión. Es el filtrador sobre Venezuela, un filtrador muy malo. Aunque podría haber otros, les haré saber”, declaró.

“Probablemente estará en prisión mucho tiempo. Veremos qué pasa”, finalizó Trump.

La prensa en riesgo

Estados Unidos no tiene ninguna ley que tipifique explícitamente como delito que un periodista obtenga o publique información clasificada. En 2019, cuando Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, fue acusado bajo la Ley de Espionaje por divulgar información clasificada, expertos en la Primera Enmienda –norma de la Constitución estadounidense que protege la libertad de prensa, entre otras- advirtieron que el caso podría sentar un precedente que podría utilizarse contra periodistas.

En el correo electrónico enviado al equipo de redacción del periódico, el editor en jefe escribió: “The Washington Post tiene una larga trayectoria de firme apoyo a la libertad de prensa. Toda la institución defiende esas libertades y nuestro trabajo. Hemos estado en estrecho contacto con Hannah, con las autoridades y con nuestros asesores legales, y los mantendremos informados a medida que sepamos más. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es seguir ejerciendo vigorosamente esas libertades, como lo hacemos a diario”.

En esa línea, el diario consignó que su reportera, Natanson, cubre asuntos sensibles. Entre ellos, personal federal, y forma parte de la cobertura relacionada con los despidos gubernamentales, la seguridad nacional y la diplomacia durante el primer año del segundo gobierno de Trump.

“Hannah es una de nuestras mejores reporteras y trabaja incansablemente para informar a nuestros lectores sobre lo que realmente sucede en el gobierno”, afirmó Will Lewis, editor y director ejecutivo del Post, en un comunicado.

“Como era de esperar, su ánimo no se vio afectado por la indignante acción que se tomó en su contra a las 6 de la mañana de hoy en su casa. Incluso con sus computadoras portátiles y su teléfono retenidos, ¿qué era lo que más deseaba hacer hoy? Volver al trabajo y publicar nuevas historias contundentes, ejemplificando así el espíritu indomable de The Washington Post. Después de todo, esto es lo que hacemos”, continuó.

También, organizaciones defensoras de la Primera Enmienda condenaron el registro del domicilio de un periodista por parte del FBI, alegando que socava la libertad de prensa.

El presidente del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, Bruce D. Brown, calificó el registro del domicilio de Natanson como “una tremenda escalada en las intrusiones del gobierno en la independencia de la prensa”.

Por su parte, si bien el FBI no ha emitido un comunicado oficial al respecto, su director, Kash Patel, escribió en redes sociales que la presunta información filtrada ponía en peligro a las Fuerzas Armadas.

“Esta mañana, el FBI y sus colaboradores ejecutaron una orden de registro contra un individuo del Washington Post que presuntamente obtenía y divulgaba información militar clasificada y sensible de un contratista del gobierno, poniendo en peligro a nuestros combatientes y comprometiendo la seguridad nacional de Estados Unidos”, escribió Patel.

Sumado a lo anterior, en abril del año pasado, la fiscal general Bondi derogó una política del gobierno de Joe Biden que impedía a los funcionarios revisar los registros telefónicos de los periodistas al intentar identificar a personal del gobierno que hubiera proporcionado información sensible a los medios de comunicación.

En ese momento, la fiscal general declaró en un memorando interno que los medios de comunicación no deberían recibir tales protecciones, señalando las filtraciones de información gubernamental durante la administración Trump. “Esta conducta es ilegal e incorrecta y debe cesar”, escribió en el memorando.

Pero, aunque Bondi afirmó que el Departamento de Justicia solo revisaría los registros de comunicación de los periodistas cuando se hubieran agotado otros métodos de investigación, la orden de allanamiento y las incautaciones fueron las primeras interacciones de Natanson con los investigadores federales.

Históricamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no investiga ni procesa a los periodistas que comparten información proporcionada por fuentes confidenciales.

Bajo la administración del predecesor de Bondi, el fiscal general Merrick Garland, las regulaciones internas prohibían a las fuerzas del orden emitir citaciones a periodistas o allanar sus viviendas para obtener la identidad de sus fuentes o información para investigaciones penales. Esto incluía investigaciones contra empleados del gobierno acusados ​​de filtrar información a los medios de comunicación.

“Cualquier registro dirigido a un periodista merece un escrutinio riguroso, ya que este tipo de registros pueden disuadir e impedir la cobertura periodística, vital para nuestra democracia”, declaró Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia.

“La fiscal general Bondi ha debilitado las directrices que pretendían proteger la libertad de prensa, pero aún existen importantes límites legales, incluidos los constitucionales, a la autoridad del gobierno para utilizar citaciones, órdenes judiciales y órdenes de allanamiento para obtener información de los periodistas”, aseguró Jaffer.