El líder indígena miskito y exdiputado nicaragüense Brooklyn Rivera murió tras permanecer casi tres años detenido bajo custodia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Rivera, de 73 años, era considerado uno de los principales referentes políticos de la Costa Caribe nicaragüense y encabezó durante décadas la defensa de los derechos territoriales y políticos del pueblo miskito.

El Ministerio de Salud de Nicaragua informó que el dirigente falleció por complicaciones de salud asociadas a una bacteria generada por el Covid-19. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares han responsabilizado al régimen por el deterioro de su estado físico durante su encarcelamiento.

Rivera había sido detenido en septiembre de 2023, en medio de una ofensiva del gobierno sandinista contra voces opositoras y dirigentes críticos. Desde entonces, organismos internacionales denunciaron que permaneció incomunicado y sin garantías de acceso regular a su familia o defensa.

Días antes de su muerte, el gobierno nicaragüense difundió imágenes del dirigente hospitalizado y en estado crítico, luego de meses de presión internacional para que entregara información sobre su paradero y condición de salud.

Un referente miskito bajo custodia estatal

Brooklyn Rivera fue fundador y líder de Yatama, organización política indígena vinculada a la defensa de la autonomía y los derechos de los pueblos originarios de la Costa Caribe de Nicaragua.

La formación fue inhabilitada por las autoridades electorales en 2023, en medio de una serie de medidas del régimen de Ortega contra partidos, organizaciones civiles, medios de comunicación y dirigentes opositores.

Durante la guerra civil nicaragüense, Rivera también fue una figura relevante de la resistencia indígena miskita. Con el paso de los años, mantuvo una relación política fluctuante con el sandinismo, pero terminó convertido en una de las voces críticas del gobierno de Ortega.

Su arresto fue denunciado por organizaciones indígenas y de derechos humanos como parte de un patrón de persecución contra liderazgos comunitarios y opositores.

Críticas al régimen de Ortega

Tras conocerse su muerte, activistas y organismos de derechos humanos acusaron al gobierno nicaragüense de haber mantenido a Rivera en condiciones de desaparición forzada y negligencia médica.

El experto de Naciones Unidas Reed Brody sostuvo que la muerte del dirigente no puede separarse de su detención arbitraria y del aislamiento al que fue sometido.

La situación de Rivera había generado llamados de su familia, del gobierno de Estados Unidos y de organismos internacionales para que el régimen informara sobre su estado de salud y permitiera su liberación.

Su fallecimiento vuelve a poner el foco sobre la situación de los presos políticos en Nicaragua, donde el gobierno de Ortega ha sido acusado de encarcelar, desterrar o despojar de nacionalidad a opositores, religiosos, periodistas, activistas y dirigentes sociales desde las protestas de 2018.

Organizaciones opositoras sostienen que Rivera es uno de los presos políticos muertos bajo custodia estatal durante la actual etapa represiva del régimen sandinista.