Más de 6,5 millones de hondureños estaban habilitados para acudir a las urnas el domingo, para definir si el partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) retenía la presidencia del país o si volvía el bipartidismo tradicional. La oficialista Rixi Moncada, el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, y el antisistema Salvador Nasralla, del Partido Liberal, fueron los candidatos que competían para suceder a la actual presidenta del país, Xiomara Castro.

Cuando el nuevo presidente de Honduras asuma el cargo a finales de enero de 2026, la pobreza será el principal desafío urgente a resolver, pues encontrará un país donde más del 60% de la población vive en ella y la informalidad laboral alcanza el 74%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Frente a ello, los principales candidatos a suceder a Castro plantearon modelos económicos distintos, aunque no contrapuestos. Moncada, la abanderada del continuismo, defendió durante su campaña un Estado activo para corregir fallas de mercado y reducir desigualdades. Su política de “democratizar la economía” se basó en otorgar créditos a tasas bajas y fomentar una política industrial verde.

Salvador Nasralla, el presentador de televisión de 72 años que compitió por tercera vez por la presidencia, enfocó su discurso en la reducción de la burocracia, la atracción de inversión, la generación de empleo y el apoyo a pequeños y medianos empresarios.

Y Nasry Asfura, el empresario por el que llamó a votar el presidente estadounidense Donald Trump para frenar el “avance comunista”, apostó por la estabilidad fiscal, fortalecer el sector agropecuario, mejorar la conectividad y priorizar iniciativas con impacto inmediato en la economía local.

Dependencia de remesas

La economía hondureña depende fuertemente de las remesas enviadas desde el extranjero, que representan el 27% del PIB y superan con creces los ingresos de sectores clave como las exportaciones. Solo en los primeros 10 meses del año, el país recibió 10.000 millones de dólares de sus ciudadanos migrantes, según explica el medio France 24.

La economía cerrará este año con un crecimiento del 3,5%, según la proyección del Banco Central de Honduras, pero el país necesita un crecimiento sostenido superior al 6% para generar beneficios tangibles, aseguró a la agencia de noticias EFE el gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera.

La inflación se ha contenido a cambio de subsidios al combustible y la energía, mientras que la deuda pública nacional superará los 18.000 millones de dólares este año, lo que amenaza con limitar los fondos para programas de desarrollo y políticas sociales.

Si bien los datos de desempleo y pobreza se han reducido durante el actual gobierno de Castro, la brecha económica muestra un alto índice de inequidad.

El 95% de la población tiene el 77,5% de los ingresos en el país, según los Indicadores de Pobreza y Mercado Laboral 2025 del INE publicados en noviembre. “Los hogares más ricos del país ganan 101 veces más que los más pobres, una diferencia que refleja una fuerte concentración del ingreso y una alta desigualdad económica”, señaló la entidad.

El Banco Mundial define la economía hondureña como “relativamente pequeña y abierta, con la agricultura y la manufactura ligera -especialmente los textiles- como fuentes importantes de empleo y exportaciones”. El organismo atribuye a la nación centroamericana “una baja capacidad productiva y alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales, combinada con una limitada capacidad de respuesta, y altos niveles de criminalidad y violencia que fomentan la migración”.

Seguridad dependiente del Ejército

Honduras registró este año su tasa más baja en homicidios de las últimas tres décadas, como ratificación de una tendencia a la baja que comenzó desde antes de la administración de Xiomara Castro.

La proyección oficial para final de 2025 es de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes, un descenso del 50% respecto a 2021 y 14% menos que 2024. Pese a ese panorama, la nación centroamericana mantiene la peor tasa de homicidios de la región.

Castro asumió el cargo en enero de 2022, con la propuesta de darle más competencias en seguridad a la policía y revertir la dependencia del Ejército. Pero en diciembre de ese año la presidenta declaró el estado de emergencia para combatir la violencia de pandillas.

El Ejecutivo ha prorrogado más de una veintena de veces la medida. La mayoría de los municipios de Honduras operan actualmente bajo ese estado de emergencia, lo que ha devuelto al Ejército un papel central en el mantenimiento del orden público, en una clara muestra de debilidad estatal ante el crimen.

El nuevo mandatario deberá decidir si mantiene la política de seguridad basada en renovación del estado de emergencia o si apuesta por un modelo que brinde más garantías constitucionales.

Diversos órganos de la ONU y entidades como Human Rights Watch han manifestado su preocupación por el uso prolongado del estado de emergencia sin una política integral de seguridad pública.

Las detenciones y allanamientos sin orden judicial figuran entre las vulneraciones que más inquietan a la comunidad internacional.

Intolerancia a la corrupción

La percepción de corrupción muestra a Honduras como uno de los países más atormentados por ese flagelo en el continente, al ocupar el puesto 154 entre 180 naciones, según Transparencia Internacional. Con su peor calificación histórica registrada en 2024, solo es superada en la región por Venezuela, Haití y Nicaragua.

El 88% de la ciudadanía demanda la instalación de un organismo internacional independiente (CICIH) contra la impunidad, según una encuesta publicada en agosto por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, una idea que Salvador Nasralla ha vinculado a su propuesta de campaña.

Aunque Xiomara Castro firmó en 2022 un memorando de entendimiento con la ONU para establecer la misión anticorrupción internacional, la propuesta nunca se ejecutó, por incompatibilidades en la implementación.

Algunos votantes cuestionan al gobierno no solamente el incumplimiento de la promesa de campaña, sino los escándalos de corrupción que han tocado al círculo cercano de la presidenta.

El más visible de ellos se registró en 2024, después de que el medio InSight Crime reveló reuniones entre el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, con poderosos narcotraficantes para ayudar a Castro a ganar las elecciones en 2013. La presidenta condenó los señalamientos, que definió como un intento de golpe de Estado.

Entre el continuismo de izquierda de Rixi Moncada y los discursos disruptivos de Salvador Nasralla y Nasry Asfura, los votantes hondureños debían elegir a qué modelo apostar, en unas elecciones que conjuran la necesidad de llegar a fin de mes, el hastío por la corrupción y el mantenimiento de la seguridad sin sacrificar garantías constitucionales.