El Poder Judicial de Perú anunció el miércoles que rechazó los cinco recursos de apelación interpuestos por el expresidente Pedro Castillo, que está siendo investigado por delitos de organización criminal y rebelión, por lo que continuará cumpliendo prisión preventiva tras ser inculpado de un presunto golpe de Estado.

Una de las salas de Tribunal Supremo decidió por unanimidad declarar “infundadas” las apelaciones del exmandatario con las cuales pedía una revisión del plazo de su prisión preventiva y la excepción de improcedencia de acción por el delito de rebelión tras anunciar la intención de cerrar el Congreso.

Asimismo, los jueces rechazaron la tutela de derechos solicitada por la defensa de Castillo, que argumentaba “ambigüedad e imprecisiones en la acusación fiscal sobre la responsabilidad de Castillo en el delito de rebelión”, según reza un comunicado del Poder Judicial peruano publicado en la red social X.

Castillo cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por el supuesto golpe de Estado, caso por el cual la Fiscalía ha pedido una condena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública; y una segunda prisión preventiva de 36 meses en el marco de la investigación por presuntos delitos de organización criminal.

El mandato de Castillo fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana. Una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno -con más de 70 ministros- que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.

El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo mandato sigue en entredicho.