Proyecto de aborto en Argentina propone creación de registro estadístico nacional

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Miles de mujeres siguen en una pantalla de televisión exterior, la discusión sobre el aborto en la Cámara Baja del Congreso, el jueves en Buenos Aires.

La iniciativa que será votada el próximo mes en el Senado, busca realizar un levantamiento oficial de datos para evaluar año a año el impacto de la ley.




"Cuando me desperté y abrí los ojos, el médico me dijo que todo iba a estar bien. Ahí terminaban una serie de padecimientos inhumanos que había tenido, pero luego empecé a tener ataques de pánico muy fuertes relacionados con el tema de clandestinidad", comentó Ana Correa a La Tercera.

La historia de Ana, de 50 años, representa la vivencia de miles de mujeres que año a año, por diferentes motivos, se someten a abortos en Argentina. Sin embargo, en la actualidad no existen cifras ni registros oficiales de interrupciones de embarazos del tipo no punibles- por violación o peligro de vida de la madre- realizados en ese país y menos de los que se practican clandestinamente.

El proyecto que en una estrecha votación de 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención se aprobó el jueves en la Cámara de Diputados y que dentro de un mes será tratado en el Senado, propone la creación de un registro estadístico nacional con monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo, "a efectos de generar información actualizada relativa a la implementación", señala el artículo 14 del texto.

La idea de la iniciativa que busca despenalizar el aborto hasta la 14 semana de gestación inclusive, y que extiende el plazo en caso de violación, malformación fetal y riesgo de vida de la madre, es realizar un levantamiento nacional de datos desde lo sociodemográfico y todo lo que se estime pertinente, salvaguardando siempre el anonimato y la confidencialidad de la solicitante.

Según datos a los que tuvo acceso el diario La Nación, el Ministerio de Salud estima que en el último año en los hospitales públicos de Buenos Aires se practicaron casi 2000 abortos ilegales, mientras que en 2014 se contabilizaban 100 casos. Mientras que a nivel nacional la data apunta a 2004, año en que se estimó que se practicaban entre 486.000 y 522.000 abortos clandestinos.

"La negación"

Hace 11 años, durante la 12 semana de gestación, el segundo embarazo de Ana presentó problemas. El bebé que esperaba venía con una alteración genética que lo hacía inviable, llamada síndrome de Edwards, también conocido como trisomía 18. En caso de nacer, su hija sobreviviría solo un par de horas fuera del vientre materno.

Pese a que el tipo de aborto terapéutico que necesitaba Ana está actualmente contemplado en la ley argentina, por la causal "inviabilidad del feto", el primer médico que la atendió se negó a practicarlo.

La objeción de conciencia es otro de los aspectos que recoge el polémico proyecto, estableciendo que "el/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización".

En el documento se explica que los profesionales solo pueden eximirse de esa obligación "cuando manifieste su objeción previamente", lo que además debe estar contemplado en un registro de "profesionales objetores" de cada establecimiento de salud y debidamente informado a la autoridad de salud de cada jurisdicción.

Años más tarde, cuando comenzó el debate en el Congreso, uno de los 700 expositores que pasaron por la Cámara para exponer su postura en contra el aborto, fue el mismo doctor que no quiso practicárselo a Ana. "Cuando lo vi, me di cuenta que tenía que contar mi historia. Porque lo que me había pasado a mí, probablemente le había pasado a otras mujeres", señaló.

Así, para quienes están a favor del proyecto, con la legislación actual ni siquiera se aplican de manera efectiva los protocolos de atención para este tipo de prácticas no punibles en los centros de salud, lo que a su juicio representa una importante deuda del Estado en esta materia y que sería corregido con la nueva ley si es que la aprueba el Senado en julio.

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