Poco tiempo después de llegar a la Municipalidad de Peñalolén, y tras una reñida elección, el alcalde Miguel Concha (FA) anunció el inicio de una auditoría a la administración de su antecesora, Carolina Leitao. Por aquel entonces, el frenteamplista había levantado sospechas sobre el estado del municipio tras el paso de su compañera de coalición y quien actualmente es la subsecretaria de Prevención del Delito.

Las sospechas de Concha fueron confirmadas a finales de noviembre, cuando ante el Concejo Municipal dio cuenta de una auditoría externa realizada al periodo de Leitao y que advertía de un déficit de $ 16.318.389.000 entre 2021 y 2024. A raíz de aquello, el alcalde oficialista contrató al estudio BACS Abogados, para estudiar una acción penal por presuntos ilícitos.

Cuando el jefe comunal expuso estos resultados, abrió un enfrentamiento público con el gobierno debido a que cuestionaba el actuar de una autoridad del Ejecutivo, lo que causó fricciones en los partidos oficialistas y La Moneda.

Por estos hechos es que la Municipalidad de Peñalolén -representada por los abogados José Pedro Silva, Alejandro Awad y Miguel Schürmann- ingresará una querella por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público en contra de Leitao y otros tres exfuncionarios del ente municipal.

Junto con la exalcaldesa y actual subsecretaria, también serán querellados Patricio Escobar, exadministrador municipal; Tamara Rubio, directora de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), quien está suspendida por un sumario en su contra, y Juan Pino Melo, exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla). Tanto Leitao como los otroras funcionarios, son acusados de elaborar un mecanismo que permitió defraudar al menos en $ 12.223 millones de las arcas municipales.

En particular, se acusa que la administración de Leitao sobreestimó el presupuesto, autorizó y ejecutó gastos sin respaldo financiero, omitió la deuda, presentaron balances incorrectos a la Contraloría y se utilizaron fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para proyectos como canchas y plazas en fines distintos establecidos por la ley.

El mecanismo

A lo largo del escrito que se ingresará ante el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, la actual administración acusa a sus antecesores de ejercer diversas irregularidades que buscaban ocultar la existencia de balances negativos y déficit de caja, para lo cual habrían recurrido a diversos mecanismos de ocultamiento y financiamiento irregular.

Según la querella “por medio de diferentes mecanismos de defraudación, la administración de la exalcaldesa Carolina Leitao fue capaz de sostener la apariencia de un buen funcionamiento financiero municipal, mientras –tras bambalinas– generaba una situación de insolvencia progresiva, generando un déficit de caja considerable, evidenciando no solo un desequilibrio contable, sino una falta efectiva de recursos líquidos y un perjuicio patrimonial concreto".

Para concretar aquello, la administración anterior decidió ocultar la deuda o subvalorarla, lo que se ocultaba en el presupuesto del año siguiente, destinando recursos mucho menores a los que realmente se necesitaban para sanear las deudas. Ejemplo de aquello, plantea la querella, es que para el erario de 2025 se destinaron $ 45 millones, siendo que las deudas acumuladas del 2024 ascendían a $ 9.147.941.956. En total, la deuda flotante ascendería a más de $ 11 mil millones.

“La omisión del registro oportuno de obligaciones devengadas y la subvaloración de la deuda flotante constituyeron un mecanismo que impidió reflejar la verdadera situación financiera del municipio, permitiendo la continuidad de la ejecución de gastos en condiciones de desfinanciamiento y contribuyendo directamente al perjuicio patrimonial sufrido por la Municipalidad de Peñalolén”, sostiene la acción judicial.

Junto con este ocultamiento, la actual administración también acusa a Leitao de haber realizado “gastos sin respaldo financiero efectivo”, lo que se materializaba en que las obligaciones financieras del municipio eran mayores al dinero disponible, lo que se reflejaba en la existencia de una saldo de caja negativo de $ -2.306.537.609.

Si bien no se detalla en la acción judicial, en la auditoría se advirtió que la administración de Leitao aumentó sus gastos, entre otras cosas, al duplicar el número de funcionarios municipales, así como también triplicar el pago de horas extras.

La falta de recursos derivó en que la administración de Leitao se habría valido de dos métodos para lograr hacer frente a su compleja situación económica. En ambos casos correspondía a recursos que tenían destinaciones exclusivas para fines determinados. El primero, son los recursos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), enviados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que se destinaron para financiar gastos del municipio. En este apartado, se habrían desviado al menos $ 1.966 millones que estaban destinados para obras como plazas, canchas, entre otros.

El otro cobro irregular utilizado fue el de “garantías de urbanización”, que corresponde a boletas de garantías, que ascenderían a $ 947 millones para obras que no fueron ejecutadas.

El rol de Leitao

El delito de fraude al Fisco, según la querella del municipio, se habría concretado toda vez que “durante la administración de Carolina Leitao diversos funcionarios municipales, bajo la dependencia de la exalcaldesa, participaron a sabiendas en una trama de defraudación, ocultando el déficit municipal generado para dar una apariencia de solidez financiera, que no tenía sustento real. Este ocultamiento del déficit fue lo que finalmente ayudó a consolidar y amplificar el perjuicio económico al municipio durante más de cuatro años”.

En el caso del ilícito de falsificación de instrumento público, se les acusa de haber entregado informes, balances y estados financieros, carentes de verdad.

La misma querella también otorga un rol a la ahora subsecretaria, a quien le atribuye el “la generación y ocultamiento del déficit, como en lo relativo a la generación irregular de ingresos mediante utilización indebida de fondos PMU y mediante cobro irregular de boletas de garantía, la forma de ejecutar los fraudes fue mediante un esquema coordinado, diseñado para utilizar más recursos de los que efectivamente se encontraban disponibles para la municipalidad, y para disimular y palear el déficit que se iba progresivamente generando, sin hacerse cargo del problema financiero brutal que estaban generando”.

Luego de que la querella sea ingresada, y si pasa el examen de admisibilidad ante el tribunal, el asunto se sumará a la investigación que ya abrió de oficio la Fiscalía Oriente y en la cual el alcalde Concha ya declaró ante la PDI.