Desde el 16 de diciembre pasado que las asociaciones de funcionarios de Gendarmería están en alerta. Ese día el Presidente Gabriel Boric anunció que ingresaría al Congreso una reforma constitucional para que Gendarmería se integre al Ministerio de Seguridad Pública, separándola de las actuales funciones de reinserción.

La medida generó preocupación inmediata entre los efectivos del organismo que hoy encabeza Rubén Pérez, y ahora que la iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que será revisada por el Senado, no ha hecho más que aumentar sus aprensiones.

Como explican desde los gremios, estiman que el mensaje no solo implica el fin de las asociaciones -como han reprochado-, sino que también trae una serie de repercusiones negativas para la institución. Según advierten, lo primero sería una fuga masiva de suboficiales que, ante la imposibilidad de que se les garanticen condiciones laborales, optarían por dar un paso al costado y buscar otras fuentes laborales.

Así lo alertan en conversación con La Tercera dirigentes de dos de las asociaciones más grandes, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) y la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), desde donde insisten que la salida del personal solo empeorará las condiciones de seguridad en los penales.

De acuerdo con los cálculos de los gremios, actualmente hay 5.800 funcionarios que están en condiciones de acogerse al retiro anticipado y, de ellos, al menos 600 avanzarían en los trámites para dejar la institución en las próximas semanas si el proyecto promovido por el Ejecutivo es aprobado y despachado por el Senado. Eso se sumaría, dice, a los 300 que ya gestionaron su salida y a los casi 200 que han sido desvinculados por irregularidades.

La salida ligada al progreso de la reforma, explican, está vinculada principalmente al tema de las remuneraciones. Al pasar a ser una institución de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, dicen, los gendarmes perderían diferentes asignaciones que hoy tienen -como el bono trimestral que reciben funcionarios públicos-, lo que también tendría impacto en sus futuras pensiones.

Además, señalan, el hecho de que se supriman las asociaciones los dejaría en una suerte de “indefensión”. Según dicen, ya no podrían hacer las denuncias que realizan ante casos de “abusos laborales” o de irregularidades en la gestión al interior de los penales, ya que rápidamente se verían expuestos y estarían en constante riesgo de ser desvinculados.

“Si en el Senado no se introduce una indicación con la que se nos garanticen las condiciones que hoy tenemos, va a haber una salida numerosa de funcionarios, por lo menos 600 o 700 funcionarios, porque nadie va a querer el día de mañana sufrir pérdida en sus temas de pensiones. Nadie va a querer que sus pensiones sean más bajas, y eso va a pasar si se homologa a Gendarmería con Carabineros”, manifestó a este medio José Carrasco, presidente de Anfup.

Agrega, en el mismo sentido, que si bien no se oponen a los cambios, que esperan ser considerados. “Esto produce total incertidumbre para nosotros. Hay una sensación, aparte, de que si sacan a los gremios, nunca vamos a ser considerados en las negociaciones, no vamos a estar representados y van a terminar (las autoridades) haciendo lo que quieran”, complementó.

“Acá el Senado ahora tiene la responsabilidad de no destruir Gendarmería y de no traspasar el costo económico del accionar de un número muy reducido de funcionarios corruptos a todos los gendarmes de Chile”, apuntó.

En la misma línea, Carlos Fernández, director de Ansog y uno de los funcionarios que optaría por dar un paso al costado de Gendarmería, sostiene que el proyecto del gobierno es sin duda una “medida irresponsable”, dado que la salida masiva de gendarmes que genera tendrá efectos inmediatos en la seguridad de los penales. Esto, explica, ya que se irán los de mayor experiencia y quedarán efectivos que no reunirían -a su juicio- todo lo necesario para controlar a la población penal de alto compromiso delictual.

“Se van a producir fugas, peleas, riñas entre internos, se van a producir más situaciones de desorden como motines o tomas de rehenes, cosas que hemos visto en otros países donde incluso hay muertes de funcionarios (...) Es lógico que la gente se va a querer ir si no le respetan las condiciones remuneracionales. Ya no va a ser negocio estar aquí con 20 años de servicio. En mi caso, puedo pensionarme con 20 años de Gendarmería y trabajar hasta de Uber, gano más plata que estando en la Gendarmería”, dice.

Menciona, en línea, que la fuga de funcionarios también podría empeorar lo referente a los turnos y horarios que cumplen, ya que con menor número de efectivos las jornadas de trabajo necesariamente se verán afectadas. “Eso nos genera gran incertidumbre e igualmente la posibilidad de que los oficiales puedan hacer y deshacer, ya que sin gremios se dificultan las posibilidades de denunciar los abusos que cometan”, agrega Fernández.

Foco sobre Gajardo

El hecho de que la reforma sea impulsada por el ministro Jaime Gajardo (PC), titular de Justicia, es una triste paradoja para los funcionarios, dado que esperan que al ser un militante comunista estuviera del lado de los trabajadores. Los dirigentes señalan, en ese sentido, que estiman que se les ha dado la espalda y que se les ha mentido. Por lo mismo, activaron coordinaciones con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a fin de conseguir mejoras.

Tanto Carrasco como Fernández coinciden en que, de no mediar modificaciones, el futuro de la institución es más que complejo, por lo que durante los últimos días han sostenido una serie de reuniones con parlamentarios con miras a lograr se aprueben ciertas indicaciones que, para ellos, generen “garantías de estabilidad”.

Desde la CUT, en tanto, Eric Campos recalca que seguirán instando a que se respete el rol de los sindicatos y los logros alcanzados.

“Ahora que la reforma llega al Senado, es el momento de que el Ministerio de Justicia reflexione. El ministro sabe mejor que nadie que los derechos sindicales son derechos humanos. Es una paradoja que un gobierno que se dice progresista avance en una reforma que, en la práctica, despoja a miles de trabajadores de su patrimonio sindical y sus canales de defensa. La modernización no puede ser sinónimo de silenciamiento; le pedimos al ministro que corrija este rumbo en el Senado, porque ninguna seguridad real se construye vulnerando la libertad sindical", dice.