En agosto de 2023, la Municipalidad de Villa Alemana presentó una querella por maltrato animal contra un sujeto que, según la acción penal, se autodenominaba como “cazador de gatos”.

Según se relataba en ese escrito, un grupo de vecinos de la población Roque Esteban Scarpa de Villa Alemana afirmaba haber sido testigos desde 2022 que el “cazador de gatos”, cuyo nombre real es José Tapia, capturaba felinos en jaulas, los metía en su casa para luego dispararles con pistolas de aire comprimido y “deshacerse de ellos”. Se le atribuyó la captura de seis gatos, dos de los cuales pudieron ser recuperados. Los otros cuatro nunca aparecieron.

Fue así como la fiscalía de Villa Alemana abrió una investigación contra este sujeto, en un proceso que se extendió por más de un año y que terminó en un procedimiento simplificado. Período en que Tapia, quien no reconoció los hechos que le imputaron, fue declarado en rebeldía al no presentarse a todas las instancias procesales.

Finalmente, en noviembre de 2024, el juez de Garantía Ignacio Adana consideró que la Fiscalía no presentó la suficiente prueba y terminó absolviendo a Tapia. “El tribunal no cuenta con elementos de juicio necesarios para llegar a una convicción condenatoria”, dijo el magistrado. Esto, pese a que la querella se acompañó con fotos de la casa del sujeto con gatos enjaulados y perros amarrados con alambre de púas.

El caso del “cazador de gatos” se enmarca en una serie de procesos que han terminado de igual manera: o absoluciones o condenas mínimas que en la práctica no logran ser fiscalizadas.

Según cifras del Ministerio Público y del Poder Judicial solicitadas por La Tercera vía Transparencia, hasta septiembre de 2025, 232 personas habían sido formalizadas por el delito de maltrato animal. Sin embargo, no todas esas formalizaciones terminaron en procesos ya que, por lo bajo de las penas, se consideran salidas alternativas. Por ejemplo, en 2024 hubo 328 formalizados, pero 82 llegaron a un proceso judicial y 68 terminaron con condenas en Juzgados de Garantía. Esto debido a que se resolvieron en procesos simplificados o abreviados por la cuantía de las penas: el máximo son tres años de presidio. Del total, 13 fueron absueltos.

No son pocos quienes critican la ley. Parte de esos cuestionamos apuntan a que las penas para los maltratadores de animales son bajas; tampoco hay, en la práctica, forma de fiscalizar la pena accesoria que prohíbe a los condenados volver a tener mascotas. Por último, dicen sus críticos, no hay especializaciones en los jueces ni en los fiscales para llevar adelante procesos con mascotas.

Críticas a la ley

El abogado Cristián Apiolaza se ha especializado en tomar casos en defensa de los animales. Una de las últimas causas como querellante fue un hecho ocurrido en Talagante, donde un sujeto atacó con un machete a un perro bautizado como “Tony”, en diciembre de 2024. El ataque fue de tal violencia que le partió el hocico en dos y el animal, agonizante, tuvo que ser eutanasiado. El sujeto, que permaneció con arresto domiciliario, fue condenado a 300 días de presidio, por tener irreprochable conducta anterior y una supuesta colaboración en el proceso. Como ya había permanecido un año en arresto domiciliario y un par de días en prisión preventiva, se dio la pena por cumplida. Solo tendrá que pagar 9 UTM ($625 mil). El caso provoca frustración en Apiolaza.

“Es irrisorio que en un caso de maltrato tan grave el condenado se vaya para la casa. Se debiese crear una agravante como el ensañamiento contra animales”, dice el profesional. Además, la defensa del sujeto presentó un recurso de nulidad, con lo que podría realizarse de nuevo el juicio.

Pese a todo, Apiolaza considera que la Ley Cholito es una avance. “Si lo vemos como avances históricos, sí. Permite visibilizar casos de maltrato animal. Pero hay un montón de otras cosas que no están funcionando. Claramente, podría ser una mejor ley”.

Similar cuestionamiento es el que hace la diputada Carolina Marzán (ex-PPD). “La Ley Cholito fue un avance importante en su momento, pero hoy está quedando corta en su aplicación real y las cifras son claras: miles de denuncias por maltrato animal y apenas un 1% termina en condena, según cifras del año 2024. Y cuando hay condenas, muchas se traducen en penas sustitutivas, sin seguimiento ni fiscalización efectiva”, dice en comunicación con este diario.

Asimismo, el abogado Apiolaza apunta a que la fiscalía no tiene especialización para estos casos. “En los casos de maltrato animal, para el Ministerio Público la sensación que da es que no son tan importantes. Siempre hay otros temas más importantes. Eso es un error, porque por algo están en el Código Penal. Lo mismo pasa con los jueces, no hay especialización”, dice el abogado, quien toma casos de mascotas pro bono.

En total, desde que se promulgó la ley que agrava el maltrato y el abandono animal, en 2017, se ha formalizado a 2.101 personas, con un promedio de 233 imputados por año. Le ley entrega definiciones sobre la tenencia responsable de mascotas y agrega penas a quienes maltratan animales, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 291 Bis y Ter del Código Penal. Tampoco se aplican las agravantes que sí se invocan en delitos contra humanos, como el ensañamiento o la planificación.

De acuerdo con las cifras del Poder Judicial, un buen número de los casos termina en condenas alternativas. De los condenados de 2024, dos fueron condenados a prestación de servicios en beneficios comunitarios, 41 a remisión condicional de la pena, siete a reclusión parcial, cinco a libertad vigilada intensiva. Nunca se termina en cárcel, explica Apiolaza, porque el máximo de pena por maltratar o abandonar un animal siempre se sustituye por una pena alternativa. Ni siquiera con el incumplimiento de la irreprochable conducta anterior.

Registro de maltratadores de animales

Por otro lado, la diputada Marzán, quien no fue reelecta en las pasadas elecciones, lamenta que el Parlamento no haya apoyado un proyecto que ella esta impulsando y que buscaba robustecer la Ley Cholito. Se trata de la creación de un registro de personas que fueron condenadas a la prohibición de tener mascotas a perpetuidad. El registro, tal como existe en los casos de deudores de pensiones alimenticias o de personas inhabilitadas para trabajar con niños, debía ser administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, a cargo del Ministerio de Justicia.

Pero la iniciativa, que alcanzó a ser aprobada en general, fue rechazada en particular de manera transversal en la Comisión de Constitución de la Cámara. “En una decisión que resulta chocante e incomprensible. Fue un verdadero portazo a las organizaciones animalistas, a una demanda ciudadana evidente y a la protección efectiva de los animales como seres sintientes”, afirma.

“Durante la discusión algunos diputados sostuvieron que este registro no era necesario, porque bastaría con exigir un certificado de antecedentes, argumento que desconoce completamente la realidad”, agrega sobre este punto.

Marzán dice que las condenas de prohibición de tener mascotas es “letra muerta” sin este registro, ya que es imposible de fiscalizar. “La inhabilidad para tener animales existe solo en el papel, pero no hay ningún mecanismo que permita hacerla cumplir. Hoy una persona condenada por maltrato puede volver a tener animales bajo su cuidado o incluso trabajar con ellos”.

“Mientras no exista trazabilidad ni fiscalización, la Ley Cholito seguirá siendo una promesa incumplida para los animales y para las organizaciones que hacen el trabajo que el Estado no está haciendo”, remata Marzán.