Controversia y condena transversal ha provocado el caso del uso fraudulento de licencias médicas por parte de empleados públicos, que durante la última semana ha remecido al gobierno central, los municipios y organismos públicos, sin distinción ni color político.

Según un informe emitido por la Contraloría General de la República, entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios salieron fuera del país mientras se encontraban con una licencia médica vigente, evidenciando desprolijidades y casos sistemáticos de abuso, en que personas llevan meses o años recibiendo dinero fiscal.

Al respecto, la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la última semana del mes de mayo dio a conocer este domingo que un 92% de los consultados está de acuerdo con que se debe terminar con el contrato de trabajo de los funcionarios involucrados y tienen que ser despedidos por falta grave a la probidad.

En el mismo tenor, un 94% piensa que estos deberían devolver los dineros; un 81% que se les aplique la prohibición de volver a ejercer cargos públicos, independiente de si ya renunciaron o no a sus labores; mientras que un 80% se inclina por demandarlos penalmente.

A la vez, un 98% cree en relación a este caso que aún está comenzando y se sabrá mucho más.

De igual modo, un 51% opina que esta situación afecta principalmente a servicios y empresas públicas; un 45% al gobierno central; y un 43% a municipalidades.

Ley de aborto

El miércoles pasado, el gobierno anunció el ingreso al Congreso del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con plazos, iniciativa comprometida por el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública 2024 y que busca regular la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación, estableciendo mecanismos en el sistema de salud para ello.

Dicha iniciativa mantiene las normas de objeción de conciencia establecidas en la ley chilena, tanto personal como institucional, y busca garantizar el acceso a la prestación en el plazo más breve posible, así como el acceso a la información.

Al respecto, el estudio de opinión detalla que un 54% cree que la mujer debería tener derecho a hacerse un aborto solo bajo algunas circunstancias, un 29% bajo cualquier circunstancia y un 14% bajo ninguna circunstancia.

En torno a estos requisitos, un 59% lo aprobaría si es probable que el bebé nazca físicamente discapacitado.

No obstante, un 62% se opone a la interrupción del embarazo si la madre no está preparada o no quiere tener hijos/as, y un 66% no está de acuerdo si hay dificultades económicas y costaría mantener al nuevo hijo/a.

Sumado a ello, un 52% de los encuestados no apoya que un doctor apelando a objeción de conciencia se niegue a practicar un aborto, aunque este sea ley.