El colapso del sistema penitenciario y la construcción de nuevas cárceles ha sido uno de los temas relevantes durante esta campaña presidencial. Así quedó en evidencia, por ejemplo, durante el último debate en el que los ocho candidatos se enfrentaron con sus propuestas.

La construcción de cárceles fue uno de los asuntos más controvertidos durante la discusión. Esto debido a que si bien la mayoría de los candidatos está de acuerdo en que hay que construir más de estos recintos, es en los detalles prácticos en que florecen las diferencias y las dudas sobre la factibilidad.

El candidato que ha acaparado la conversación, debido a una propuesta calificada de populista, es el abanderado del Partido de la Gente Franco Parisi. En su programa de gobierno incluye el “arrendamiento de Unidades Penitenciarias Flotantes (barcos cárceles) con foco en reos de alta peligrosidad, ubicados a 80 millas de tierra firme”.

Según detalla el mismo documento “las unidades se arrendarán desde ocho a 10 años con capacidad para entre 300 y 500 reos”. Parisi plantea que “a cada reo se le cobrará, mediante Tesorería General de la República, su estadía en el barco”. Además “los reos tendrán la posibilidad de tener comunicación con los tribunales mediante llamadas por teléfonos satelitales desde zona la marítima y tendrán la posibilidad de comunicarse con sus familiares una vez al mes por una hora. En materia de control, éste va a ser compartido entre policía marítima, armada, e interior y Gendarmería”.

Durante el debate el candidato explicó que este tipo de penales “se administra de la misma forma en que se administra una cárcel, donde están los gendarmes a cargo del control interno, y externo la Armada”. Dijo que “el costo va entre US$ 4 y 5 millones para arrendarlo y construir sale un poquito más.

Marcela del Sol-Hallett, encargada de seguridad del comando de Parisi, explica que tomaron como referencia la correccional Vernon C. Bain Center. Este barco cárcel partió en 1992 como una solución temporal ante el hacinamiento penitenciario de la prisión Rickers Island. Albergó cerca de 500 reos en las costas de Nueva York, pero cerró en 2023.

Ese barco, que estaba anclado al muelle, según la prensa local cerró porque se trataba de una solución temporal, aunque también se explicó que la infraestructura se deterioró y su mantención tenía un alto costo.

El equipo de Parisi también se inspiró en la prisión flotante para migrantes de Gran Bretaña Bibby Stockholm. Se trata de un barco privado que se usó por el gobierno británico para retener a solicitantes de asilo. Los primeros subieron al barco en agosto de 2023 y el último grupo lo hizo en noviembre de 2024. La embarcación ya no se usa para esos fines, fue remolcado en enero de este año, se renombró como Avony y actualmente tiene su base en Países Bajos.

Pese a que ambos referentes fueron soluciones puntuales y no lograron persisitir en el tiempo, Sol-Hallett defiende la propuesta: “No es una medida populista y comprende conocimiento de la criminología penitenciaria. Es una medida técnica y temporal, ya probada en los casos mencionados”.

Para Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, la efectividad de instalar cárceles en lugares extremos, como islas o embarcaciones, es baja. “Más allá de los enormes costos logísticos y las dificultades humanas y operativas que implica mantener un recinto aislado, el verdadero desafío está en la seguridad estratégica”, afirma el también exintegrante del comando de Evelyn Matthei.

“La experiencia muestra que el aislamiento físico no sustituye la necesidad de un sistema sólido de inteligencia y contrainteligencia penitenciaria, capaz de anticipar y neutralizar las redes criminales. Sin ese componente, cualquier cárcel, por remota que sea, corre el riesgo de transformarse en un nuevo centro de coordinación del delito”, agrega Urquízar.

El desierto

Otra de las propuestas que han generado enfrentamientos es la idea de la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei. La exalcaldesa ha dicho que quiere construir una cárcel en el desierto.

Dicho modelo ya sea aplica en algunos lugares del mundo y, a diferencia de lo ocurrido con los barcos cárceles, sí se encuentran en operación, como la prisión estatal de High Desert en Nevada, Estados Unidos y que alberga a más de 4 mil reclusos en instalaciones de máxima seguridad. En el mismo país, pero en el estado de California, está la cárcel de Ironwood. Otros países como Israel y Egipto, también tiene ejemplos similares.

Pero la propuesta de Matthei tampoco es una novedad para la realidad chilena. En el país hay cárceles que están catalogadas como instalaciones en el desierto: los penales de Arica, Alto Hospicio y Antofagasta. Además hay otra en construcción ya que se adjudicó la licitación para la cárcel de El Arenal, una instalación penitenciaria que se ubicará en pleno Desierto de Atacama, a 40 kilómetros de Copiapó. El recinto, albergará a más de 2.100 reclusos.

De hecho esto hizo que en marzo Matthei tuviera un enfrentamiento con el ministro de Justicia Jaime Gajardo (PC). “Parecen anuncios bien poco concretos. Parece que no está enterada de lo que ya se está realizando por parte del Ministerio de Justicia”.

El exdirector de Gendarmería y colaborador de la abandera de Chile Vamos, Christian Alveal, plantea que dada la situación de seguridad del país, no es viable la construcción de cárceles en la ciudad, sin embargo, afirma que “hoy día la ubicación de la cárcel es importante, pero no es determinante. Lo determinante es cómo nosotros podemos aislar adecuadamente a sujetos extremadamente peligrosos. Hay que rediseñar la cárcel en relación con el fenómeno que estamos viendo hoy día”.

Alveal plantea que lo más importante es que estos lugares tengan conexión con servicios de emergencia, para recurrir a refuerzos policiales, así como también se debe garantizar que ningún asentamiento poblacional se instale en el entorno.