Más de 6.500 firmantes -entre organizaciones sociales, académicas y personas- manifestaron su rechazo a la decisión del gobierno de no iniciar un proceso de regularización para la población migrante empadronada durante la actual administración.

La crítica quedó plasmada en una carta abierta dirigida al Presidente Gabriel Boric, en la que se acusa una "falta de responsabilidad política y ética" por haber impulsado un empadronamiento que generó expectativas explícitas de regularización sin concretarlas.

Según el documento, alrededor de 180 mil personas -en su mayoría con arraigo laboral y familiar- acudieron al llamado estatal entre junio de 2023 y febrero de 2024, entregando datos personales y biométricos y, en muchos casos, autodenunciándose por ingreso por pasos no habilitados, confiando en que el proceso derivaría en una solución administrativa.

“Esa esperanza fue alimentada por autoridades de la época”, sostienen los firmantes, aludiendo a declaraciones previas que abrieron la puerta a una “regularización acotada”.

La carta cuestiona además las explicaciones posteriores del Ejecutivo. En particular, menciona las declaraciones de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien el lunes pasado descartó iniciar la regularización y defendió el empadronamiento como un acto de transparencia, así como los dichos de la exministra del Interior Carolina Tohá, que previamente había reconocido la posibilidad de una medida limitada.

Los firmantes -en su mayoría migrantes- argumentan que la Ley N° 21.325, en su artículo 155 N°8, faculta a la Subsecretaría del Interior para disponer mecanismos de regularización de personas en situación migratoria irregular, lo que –afirman- sí permitía avanzar en una solución durante el año pasado.

“No hacerlo, pese al tiempo y la base legal, constituye una decisión política”, señalan.

Un punto central del reclamo es la protección de datos personales. El texto advierte que la información sensible recabada debió tener un objetivo claro y resguardos estrictos, conforme a la ley.

“Paradójicamente, quienes confiaron y se empadronaron quedaron hoy menos protegidos que quienes no lo hicieron”, subraya la misiva, alertando sobre posibles usos futuros de esos datos por parte del Estado.

Las consecuencias, agregan, trascienden a la población migrante. Entre los efectos inmediatos mencionan desincentivos a la formalidad laboral, subempleo, barreras de acceso a derechos y limitaciones en seguridad social, como la imposibilidad de incorporarse al Registro Social de Hogares, con impactos en educación, cuidados y asignación de recursos.

A nivel país, advierten un deterioro de la cohesión social y el fortalecimiento del mercado informal, además del riesgo de persecución y hostigamiento en escenarios políticos futuros.

“Esta decisión política no sólo afecta a las personas migrantes, sino que perjudica a la sociedad en general (...) Las consecuencias van aún más allá, ya que la falta de acción oportuna, como hemos visto en otros países, instala las condiciones de posibilidad para una futura persecución y acoso de la población migrante en situación de irregularidad. En ese eventual futuro, también tendría responsabilidad el gobierno que implementó el empadronamiento sin una claridad de propósito", agrega.

El documento cierra con un llamado a asumir responsabilidades por el empadronamiento sin regularización y a transparentar el destino y resguardo de los datos.

Cabe señalar que entre las entidades firmantes figuran Amnistía Internacional, Migrantas, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), clínicas jurídicas universitarias, redes académicas, entre otras asociaciones.