“Andreas y su mujer son los dueños del restaurante y ellos saben todo y manipularon todo desde el inicio“.

Ese mensaje lo recibió Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras (85), en septiembre de 2024. Habían pasado cuatro meses de que la adulta mayor había desaparecido desde el Fundo Las Tórtolas en un almuerzo por el día de la madre y el caso se transformaba en un enigma policial.

Al otro lado del teléfono, por WhatsApp, había un sujeto que por ese entonces se identificó como “Limache vive en mí”. Ese no fue el único mensaje. El sujeto primero se hizo pasar por un trabajador del fundo y dijo saber qué había pasado con la mujer. Llamó a Hernández pidiendo dinero y ofreciéndose luego como “investigador privado”. Pero era todo falso.

Con esa supuesta información, Hernández comenzó a plantear sus sospechas en los medios de comunicación contra Mónica Kleiner y su hermano, Andreas, por el extravío de su abuela. Una acusación que los aludidos siempre rechazaron.

Desde el entorno de los Kleinert dicen que con esa información se ha producido una suerte de campaña en su contra que ha derivado en daño moral y perjuicio económico para el restaurante. Eso motivó a que los dueños del recinto en las últimas semanas contrataran a un equipo de abogados para iniciar una ofensiva judicial.

Cerca de que se cumplan dos años de la investigación, los abogados Felipe de la Fuente, Lizandro Godoy y Fabián Jacquin presentaron una querella contra el sujeto detrás de esos mensajes. En el equipo de penalistas comentan que esa fue la falsa fuente que originó varias de las declaraciones contra sus representados.

Meses antes, el abogado de la familia Juan Carlos Manríquez presentó una querella por obstrucción a la investigación por la supuesta falta de material audiovisual del recinto. Pese a que esa querella no apunta contra Kleinert, se describen hechos que involucran su actuar.

La querella

La acción penal, a la cual tuvo acceso La Tercera, hace un relato cronológico de lo ocurrido el 12 de mayo de 2024 en ese recinto ubicado en la comuna de Limache. En sus primeros párrafos, se centra en el “daño cognitivo” que tenía la adulta mayor, punto que no ha sido reconocido completamente por la familia. “Por esta razón, la señora María Ercira no concurrió por sí misma al restorán del Fundo Las Tórtolas, sino que lo hizo asistida por su hijo, Maximiliano Hernández Contreras y por su nuera, Myriam Ramírez Henríquez“, dice el texto.

Luego, en otro punto controvertido, los abogados del fundo señalan que pasaron varios minutos para que la familia se percatara de que no regresaba del baño, lo que ocurrió a las 15.09, y su búsqueda no fue inmediata, como dice la familia: “La familia de doña María Ercira se percató de la ausencia de la señora varios minutos después de que fue al baño, siendo captados por primera vez a las 15:22 horas buscándola en el interior del restaurante”.

En el texto legal están varios de los mensajes que recibió Carla Hernández. “Ellos, los jefes, me pidieron deshacerme de las imágenes de cámaras del 12″, fue otro de los mensajes. En síntesis, el sujeto afirmaba que a la mujer la habían llevado al sur secuestrada, que la PDI estaría involucrada y que habían participado dos sujetos venezolanos.

“No confío [en nadie] estamos [amenazados] de muerte y tú también con tu familia [,] Andreas contrat[ó] dos sicarios venezolanos para que a ustedes los mantengan alejados en caso de que vuelvan a insistir”, decía el sujeto.

Pero los mensajes eran absolutamente falsos. Por ejemplo, el sujeto decía estar en Limache, pero estaba en la comuna de San José de Mariquina, Región de Los Lagos.

Posteriormente, a la PDI le reconoció que nunca había estado en Limache. En el texto se señala que con esa información Carla Hernández se comunicó con su cónyuge, con quien discutieron cómo debían enfrentar el caso.

¿Las cámaras?

Una de las críticas que ha sostenido Hernández es el supuesto ocultamiento que el fundo ha hecho respecto a las cámaras. Algo que es rechazado por los abogados del recinto. Según dicen, los registros fueron entregados de manera íntegra y el borrado que se hace es por una programación temporal cada siete días.

“Como hemos señalado, los registros de video de las cámaras de seguridad del Fundo Las Tórtolas se respaldan transitoriamente en un dispositivo de almacenamiento DVR, configurado para sobrescribir los archivos transcurridos siete días de antigüedad. El mismo día de la desaparición de doña María Ercira Contreras se entregó parte de esos videos, en la extensión que fueron requeridos, a su familia, que luego los aportó a la investigación”, se lee en el texto de la querella.

Lo mismo en cuanto a la disposición de colaborar que, afirman, ha tenido Kleinert, pese a que dos meses después de la desaparición se fue a Estados Unidos. Desde el equipo legal afirman que esto respondió a que ella tiene residencia en ese país y necesitaba terminar un procedimiento médico. Kleinert ya ha prestado testimonio y, comentan, podría volver a hacerlo si así lo requiere el fiscal del caso.

Acusaciones cruzadas

Lisandro Godoy, uno de los abogados de Kleinert, dice a este diario que decidieron pasar a la ofensiva porque la falsa información terminó por perjudicar a su representada. “Donde todos vimos una tragedia, él vio una oportunidad de negocios. Se hizo pasar por un trabajador del fundo, llamó a la nieta de doña Maria Ercira para decirle que su abuela estaba secuestrada en Puerto Montt y que mis representados serían los gestores de este secuestro”.

“Esta acción no es solo una defensa, es también una forma de poner un estándar mínimo de responsabilidad en un caso donde se ha especulado demasiado, afectando el curso de la investigación y dañando a tanto a la familia de la señora María Ercira como también a la familia Kleinert”, añadió.

Asimismo, tiene en el horizonte pedir el sobreseimiento para Kleinert en una audiencia: “Nuestra prioridad es el establecimiento de la verdad y seguir colaborando con la investigación en todo lo que esté a nuestro alcance. Y luego, en el momento oportuno, pedir las declaraciones formales de sobreseimiento respecto de nuestra representada”.

Por su lado, el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, valoró que la acción penal busque dar con la verdad. “La familia de María Ercira Contreras valora todo esfuerzo por establecer completamente la verdad. Esta acción, que se dirige contra una persona que en principio le dijo a Carla Hernández ser trabajador del fundo Las Tórtolas y luego dijo ser un investigador, debe ser investigada como todo lo que ha ocurrido en la causa, para confirmar o descartar si se trató de una maniobra obstructiva, distractiva, de ocultamiento o de mero aprovechamiento enfermizo”, dijo Manríquez.

Eso sí, emplazó a los abogados del fundo a que pongan el fundo a disposición de pericias y no esperen órdenes judiciales. “Sería altamente valorable que los querellantes de esta causa manifestaran su voluntad expresa a abrir todas las dependencias del fundo a las pericias que se encuentran en evaluación en la Fiscalía regional sin tener que pedir autorización judicial o consintiendo en una audiencia. Eso sería un paso relevante de demostración de volutnad real de cooperación”, dijo Manríquez a La Tercera.