Fue hace una semana que el Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago dictó el veredicto que generó un remezón al interior del Ministerio Público. A más de 11 años de que se iniciara la investigación del denominado caso SQM, y tras un juicio que se extendió por casi tres años, las juezas María Teresa Barrientos y Claudia Santos estuvieron por absolver a todos los acusados. En tanto la magistrada Carolina Paredes fue el único voto que estuvo por condenar a siete de los ocho acusados.

El veredicto cayó como un balde de agua fría en el edificio de Catedral 1437, más cuando en medio de la resolución las magistradas cuestionaron en duros términos el actuar del Ministerio Público, acusándolo de vulnerar el derecho de los acusados a ser juzgados en un plazo razonable.

Pese a los cuestionamientos, inicialmente desde la Fiscalía Nacional optaron por no pronunciarse y fue la persecutora a cargo de las pesquisas, la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich, la que tomó la palabra.

Sin embargo, eso cambió este miércoles y el fiscal nacional, Ángel Valencia, se pronunció sobre el polémico caso SQM que, en estos últimos días, se transformó en un bochorno para el equipo de fiscales a cargo del juicio. Así, en primer término, reconoció que recibieron el veredicto con “frustración”.

“Aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente. Ya el tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no procede la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba”, aseguró Valencia.

El fiscal nacional además hizo presente que al interior de la Fiscalía llamó la atención que solo se reprochara a los fiscales por la duración de la indagación y del juicio, puesto que hay otros intervinientes que inciden en ello, incluido el propio tribunal.

“Todos los juicios, particularmente uno como este, van a ser objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público porque siempre las cosas se pueden hacer mejor (...) Pero ahora puedo mencionar que es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea, y a la jurisprudencia interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal”, manifestó el fiscal nacional.

Valencia agregó que “pareciera que solo se hiciera alusión a la actividad de la Fiscalía y que el tribunal se desentendiera de sus propias decisiones y de la forma en como esas decisiones pudieran haber impactado en la ordenación del juicio”.

Igualmente, el persecutor calificó como “paradojal” que se les reproche por la duración del juicio y que la sentencia recién se vaya a notificar en 10 meses más: “El tribunal, que reprocha a la Fiscalía por la duración excesiva, señala que los fundamentos de esa afirmación nos los va a comunicar en agosto próximo”.

Sumario para Perivancich

Valencia también confirmó que, a raíz de la reclamación ingresada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami (ME-O), el Ministerio Público está analizando el inicio de un sumario.

“Lo que existe es una denuncia en el marco disciplinario, presentada por los abogados del señor Marco Enriquez-Ominami, que para estos efectos es una persona que todavía está imputada en esa causa, en el que, insisto, todavía formalmente está pendiente. Y a esa denuncia le tenemos que dar la tramitación que conforme a la ley corresponde”, explicó Valencia.

La máxima autoridad del Ministerio Público comentó que la defensa de ME-O también solicitó una entrevista con algún representante de la Fiscalía Nacional. Dada la denuncia realizada por los abogados de ME-O, Valencia dijo que está analizando “quién sería el fiscal regional que llevaría adelante la investigación administrativa”. Esto debido a que al ser una fiscal regional, tendrá que ser un par de ella el encargado de llevar adelante el sumario.

“En consecuencia, conforme a nuestra legislación, la normativa que nos rige establece que es un fiscal regional quien tendría que dirigir la investigación, y estamos en la etapa en la cual tenemos que definirlo. Sin embargo, sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión”, añadió Valencia.