Nacional

Confech cuestiona eventual extensión de “Escuelas Protegidas” a la educación superior: advierte “criminalización” del movimiento estudiantil

Dirigentes marcaron distancia con proyectos en discusión sobre seguridad en recintos educacionales y reiteraron su disposición al diálogo, acusando falta de participación en decisiones clave.

Más de 300 estudiantes de distintas regiones del país participaron este sábado en el primer encuentro nacional de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), instancia realizada en la Universidad Alberto Hurtado y que concluyó con una definición de lineamientos estratégicos, prioridades políticas y una agenda de movilización para el presente período.

A diferencia de procesos anteriores, la organización optó por no elaborar un petitorio tradicional, sino por construir una base programática orientada a fortalecer la articulación del movimiento estudiantil y proyectar su acción frente al actual escenario político.

Según la declaración final, el encuentro tuvo como propósito “definir lineamientos, fijar prioridades políticas y establecer las formas de articulación que orientarán el trabajo de la Confederación”, en un contexto que –afirman- busca “frenar los retrocesos del gobierno y habilitar el avance hacia futuras conquistas sociales”.

Educación gratuita, feminismo y rol del Estado

Entre los principales acuerdos, la Confech reafirmó su histórica demanda por una educación superior gratuita, universal y de calidad, subrayando que el acceso y permanencia no pueden depender de la situación económica de las familias.

“Nuestra bandera de lucha permanente es la educación gratuita, de calidad, no sexista, inclusiva y con acceso universal”, señalaron, agregando que la gratuidad “no es un favor hacia las clases populares”, sino una conquista social.

Asimismo, emplazaron al Estado a avanzar hacia un modelo de financiamiento “justo y transparente”, con mayor fiscalización sobre el uso de recursos en instituciones de educación superior.

En materia de género, el movimiento estudiantil definió que su carácter debe ser “inherentemente feminista y de las disidencias”, comprometiéndose a fortalecer la Educación Sexual Integral, los protocolos contra la violencia de género y la implementación efectiva de la Ley 21.369.

También acordaron reactivar la Coordinadora Feminista (COFEM) como espacio articulador del movimiento, junto con impulsar una estrategia comunicacional que amplíe vínculos con otras organizaciones sociales.

Estrategia de movilización

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la definición de una “estrategia política clara y robusta de agitación y movilización, con la convicción de sostener una coordinación nacional en articulación con diversas organizaciones del mundo social, no solo estudiantil”.

No obstante, enfatizaron que cualquier eventual paralización deberá ser discutida democráticamente en las bases.

“Las movilizaciones serán convocadas en aquellos momentos que definamos como estratégicos (…) procurando la mayor adhesión y articulación posible”, indicaron.

Críticas al gobierno

En el punto de prensa posterior al encuentro, el vocero nacional de la Confech, Diego Torres, abordó la agenda del Ejecutivo en materia de seguridad en establecimientos educacionales, ante la eventual extensión de iniciativas como la ley de Escuelas Protegidas, hacia la educación superior tras la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en Valdivia.

Creemos que este nuevo proyecto de seguir criminalizando el movimiento social, de ir criminalizando finalmente a los movimientos sociales estudiantiles, como fue también el Aula Segura, que no funcionó directamente, sino que solamente sirvió como una excusa para poder criminalizar los movimientos sociales, no puede aplicarse también a las universidades. Estamos tratando con adultos ya, no son niños a los cuales se busque criminalizar”, afirmó.

Si bien condenó la violencia como forma de acción política, Torres sostuvo que ciertos episodios recientes deben entenderse en un contexto de descontento social.

“No apoyamos la violencia como forma de lucha. Sin embargo, la reacción contra la ministra es entendible dentro del marco del descontento que ha creado este gobierno”, agregó.

En la misma línea, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Andrea Abarca, rechazó cualquier medida que implique sancionar a estudiantes con la pérdida de beneficios como la gratuidad.

Estamos totalmente en contra de que se les quite el derecho a estudiar a una persona (…) nadie puede estar por encima de aquello”, señaló.

La dirigenta acusó además que el Ejecutivo ha intentado instalar una imagen negativa del movimiento estudiantil.

“El gobierno ha ocupado estos hechos para posicionarnos como personas violentas (…) y hemos sido dejados de lado en la toma de decisiones”, sostuvo.

Apertura al diálogo, pero con críticas

Pese a los cuestionamientos, desde la Confech insistieron en que mantienen disposición a dialogar con el Ejecutivo, aunque acusaron falta de voluntad por parte del gobierno.

“El movimiento estudiantil nunca se ha cerrado al diálogo (…) quienes no han tenido la capacidad del diálogo ha sido el gobierno”, afirmó Torres.

Los dirigentes apuntaron a decisiones “a puertas cerradas”, recortes presupuestarios y reformas anunciadas sin consulta previa como parte de sus críticas a la actual administración.

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