A partir del 2 de junio el Ministerio del Interior incorporó oficialmente a su estructura la Unidad de Seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, instancia que dará continuidad al trabajo desarrollado por la Comisión para la Paz, cuyo informe final fue entregado el pasado 6 de mayo en La Moneda.

El nuevo organismo -que toma el nombre de la instancia asesora creada en 2023 y cuya comunicación tardó por temas administrativos- tendrá como objetivo principal impulsar, coordinar y supervisar la puesta en marcha de las medidas recomendadas por la comisión. Su encargado nacional será Fabián Salas, quien se desempeñó como el último secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial.

Esta nueva orgánica había sido sugerida, precisamente, por la Comisión para la Paz, que en su punto 21 recomendaba “crear una oficina, dentro de un actual órgano de alta jerarquía, encargada de la implementación de las medidas recomendadas por esta Comisión, la cual funcionará como una instancia de continuidad de la actual Secretaría Ejecutiva”. Esta oficina, se sumaba, “será responsable de impulsar, coordinar y supervisar la implementación de las medidas recomendadas por esta Comisión”, especificando que “todas las medidas que la Comisión recomienda adoptar en el presente informe y que no hayan sido previamente consultadas, deberán someterse a los procesos de consulta indígena, ya sea al Pueblo Mapuche o a todos los pueblos reconocidos, según corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio Nº 169 de la OIT”. En todo lo no acordado en estas recomendaciones “se mantiene la regulación de la actual ley indígena”, cerraba.

Pero no es la única novedad en el Ministerio del Interior, cartera que también sumó a su estructura el Plan Buen Vivir, estrategia presidencial paralela orientada a reorientar la acción del Estado con un enfoque intercultural, especialmente en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Esta iniciativa busca disminuir el rezago histórico en dichos territorios, además de articular y mediar en las relaciones entre comunidades y el Estado.

La coordinación del Plan Buen Vivir quedará, de manera subrogante, en manos de la abogada Tanae Núñez, luego de la renuncia voluntaria de Francisco Arellano el pasado 31 de mayo.