Hay quienes dicen que la última sesión del Consejo de Rectores (Cruch) desarrollada en dependencias de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) bien grafica las posturas que hoy son posibles de encontrar en torno al proyecto de nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES) que propone el gobierno para superar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Las posiciones no solo se dividen entre lo que aspira el Ejecutivo y los reparos que han mostrado los rectores de universidades, sino que dentro de este último grupo hay también miradas disímiles sobre la estrategia para lograr concretar indicaciones a un proyecto de ley que está próximo a ser discutido en las comisiones de Educación y Hacienda del Senado.

Ocurre que antes de que el FES fuera aprobado en la Cámara, el Cruch había presentado en sociedad un documento con nueve puntos sobre el proyecto, y ahora está la idea de sumarle otros tres: sustentabilidad financiera con una medición de perfil de riesgo, garantizar el copago más allá del décimo decil y asegurar la autonomía de las instituciones. Pero en esa última sesión en la UTEM no hubo acuerdo unánime para resolver cómo abordarlos. Algunos rectores creen que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, no es el momento político para hacerlo y, si lo hacen, el proyecto puede terminar entrampándose, considerando que en lo que sí coinciden es que el CAE hay que dejarlo atrás.

Otros empujan para que esos tres puntos sean incorporados inmediatamente. Y ahí hay otro nudo: cómo asegurarse de ello. La idea de una mayoría es que entren vía indicaciones en un trabajo conjunto con el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Educación Superior y no vía senadores, porque perderían fuerza y cada quien lo haría por su cuenta, reforzando sus propias creencias. Pero hay rectores que se desmarcan del trabajo conjunto.

Ejemplo de esto, dicen algunas voces del Cruch, es la cruzada del rector Juan Carlos de la Llera, quien desde la Universidad Católica está preparando un documento negativo en torno al FES para presentarlo directamente al Senado. En ese lote de rectores en una posición más dura contra el FES, según entendidos, también se encuentran Carlos Peña (UDP), José Antonio Guzmán (UAndes) y Carlos González (Playa Ancha).

Hay otros que también hablan de las “señales” que reflejan la tensión en torno al FES -dicho está- no solo entre gobierno y rectores, sino que al interior de estos últimos.

En esa sesión del jueves pasado en la UTEM, de la que también participaría el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, antes de su llegada los rectores estaban intentando ponerse de acuerdo en explicitar en su documento los tres puntos ya mencionados en esta nota. Una vez arribada la autoridad vino la foto de rigor y tras ello, un café, después del cual se retiraron algunos rectores, a pesar de que la sesión no había culminado.

Pero más allá de cómo abordar sus reparos, en lo que sí están de acuerdo los rectores es, justamente, en las observaciones que tienen hacia el proyecto, algo que también tienen claro en el gobierno, desde donde en sus pasillos reconocen que las universidades y la oposición han sido insistentes en ampliar el límite del copago, hoy solo permitido al décimo decil. Ese, coinciden casi todas las voces, es el gran nudo que tiene que destrabar este proyecto si es que el Ejecutivo quiere que vea la luz.

Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción y vicepresidente alterno del Cruch, espera que en esta etapa legislativa en el Senado “se considere el conjunto de modificaciones que hemos planteado desde el inicio de la discusión. Para ello promovemos que el Ejecutivo incorpore un conjunto específico de indicaciones en el proyecto, como el copago en los deciles superiores, un mecanismo de transferencia periódico que permita la adecuada planificación institucional, la incorporación de mecanismos que aborden el desarrollo institucional y una adecuada armonización con la Ley 21.091 (sobre Educación Superior)″.

Al respecto, el día de la sesión del Cruch el subsecretario Orellana señaló que “para el gobierno el segundo trámite legislativo es una instancia clave para dialogar y buscar entendimientos. Hemos manifestado siempre nuestra disposición a escuchar y construir un acuerdo en conjunto, por lo que valoramos especialmente el planteamiento que nos hará llegar el Cruch”, y que, una vez recibido, “lo estudiaremos con el mismo espíritu de trabajo colaborativo y apertura que hemos mantenido hasta ahora, ecualizando adecuadamente las necesidades de las personas, las instituciones de educación superior y el país”.

Sin embargo, tanto en el gobierno como en las carteras involucradas en este proyecto (Hacienda y Educación) han sido también insistentes en retrucar que mientras no se logren acuerdos en el impacto real del FES en las instituciones educativas, el copago, si bien es una alternativa, no es la única.

De hecho, voces conocedoras dentro del gobierno insisten en la idea de que actualmente se sigue trabajando con las casas de estudio para determinar conjuntamente los diversos impactos del proyecto, el que, dicen las mismas fuentes, en las proyecciones a veces ha terminado siendo positivo.

Pero, más allá de eso, en el Ejecutivo saben que para avanzar en la tramitación el copago es un tema que hay que abordar. Y ahí se ha analizado que si se acepta incluir el copago esto podría hacerse con las normas actuales de la gratuidad, ampliando deciles para el FES, o bien, que podría tener una regulación específica.

El presidente de la Comisión Económica del Cruch y rector de la Universidad de Talca, Carlos Torres, argumentó hace algunos días que independiente de la fijación de los aranceles regulados, hay diferencias entre las instituciones que son imposibles de representar en un modelo generalista. “Creemos que el copago se funda principalmente por esa diferencia de los enfoques”, dijo, sumando que “el copago vendría a darle flexibilidad para que estas diferencias sean acogidas dentro del modelo que se plantea”.

Pero el copago es una alternativa que no gusta en La Moneda. Por algo no es parte del diseño original del proyecto: se analizó que un mayor grado de copago no garantiza un financiamiento responsable, y que, por otro lado, las instituciones que reciben recursos del Estado no pueden cobrar lo que quieran a las familias.

Por ello, si bien hay apertura a explorar la posibilidad del aporte familiar, tampoco se descarta que en vez de esta medida se incluya en el FES el uso de cualquier otro instrumento que se tenga a mano para asegurar esos ingresos, como fondos institucionales ya existentes con inyección de recursos -todavía en evaluación- o incluso fondos nuevos, algo que el Presidente Gabriel Boric ya esbozó en su última cuenta pública, al decir que no se va a renunciar a los fondos basales. “Ahí está la respuesta”, dicen en las entrañas del gobierno. Eso sí, con una cuestión fundamental: lo que se termine zanjando debe ser autocontenido, sin un gasto adicional para que el proyecto sea sustentable.

Hoy el Ejecutivo intentó -sin éxito- aplacar esta preocupación de las instituciones sobre la reducción del aporte familiar al flexibilizar a 50%, 75% o 100% el financiamiento con FES que puede solicitar un beneficiario, cosa de que lo restante lo pague mes a mes y ello asegure un ingreso permanente.

Sea lo que sea que se zanje como alternativa para destrabar este nudo, en el gobierno ven como fundamental la propuesta que termine haciendo el Cruch, para con ello diseñar la mejor respuesta al gran gallito que le queda al FES.

Y es que hay otros temas que, si bien aún no están del todo zanjados, no generan mayor problema. Por ejemplo: el Consejo de Rectores también ha pedido regularizar el calendario de transferencias desde el Estado que se replicaría con el FES. Ocurre que muchas veces esos traspasos se atrasan o no son mensuales, lo que les provoca problemas de liquidez. Esto, sin embargo, en el gobierno ven que no debería ser mayor problema puesto que en rigor no depende de una ley sino que es de carácter administrativo y puede ser parte de las alternativas que den certezas a los rectores.

Juan Yuz, rector de la U. Técnica Federico Santa María y presidente de la Red G9 de universidades (todas las católicas, U. de Conce y Austral), aclara que desde su vereda decidieron sumarse al trabajo del Cruch, sin pretender abordar un informe adicional. Dice, eso sí, que han tenido permanentes conversaciones con parlamentarios de los territorios donde están insertos y que la semana pasada tuvieron una reunión con el subsecretario Orellana para hablar de proyectos legislativos, entre ellos el FES. “Su paso al Senado lo vuelve aun más relevante. Estamos comprometidos con buscar los ajustes necesarios que permitan garantizar el desarrollo de mediano y largo plazo de nuestras instituciones”, asevera.