Corte de Rancagua revisará prisión preventiva de gerente de Línea Azul a través de videoconferencia

El empresario fue detenido en agosto del año pasado por el accidente ocurrido en Chillán, donde fallecieron seis personas. Su defensa, el abogado Juan Carlos Manríquez, solicitó la diligencia.




Una “teleaudiencia” se realizará mañana en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Se trata de la revisión de medidas cautelares del empresario Marcelo Hernández, gerente de la flota de buses Línea Azul. El imputado está en prisión preventiva desde agosto del año pasado luego de que se le levantaran cargos por el accidente de tránsito, protagonizado por la firma en San Francisco de Mostazal, que terminó con seis personas fallecidas.

Fue el abogado de Herández, Juan Carlos Manríquez, quien solicitó al tribunal de alzada que la apelación al fallo que rechazó revocar su privación de libertad sea realizada de manera remota, atendiendo a la crisis sanitaria que se vive en el país tras la propagación del Covid-19.

Según dijo al respecto Manríquez, las suspensiones de audiencias producto la contingencia, evidencian la necesidad de una modernización y agilización en materia penal, imponiéndose como una oportunidad para ello.

“Tenemos la necesidad de avanzar hacia una digitalización y hacia una no presencialidad en la justicia, no solo en situaciones de crisis como la que estamos enfrentando, sino que -incluso- para sentar las bases de una posible modernización y agilización, particularmente en materia penal”, aseguró Manríquez, enfatizando que “todo aquello que hagamos en estas circunstancias, puede significar una gran oportunidad”, explicó.

“Por todo ello, será fundamental exigir que las Cortes y los intervinientes de los procesos penales cuenten con los equipos adecuados para poder litigar en igualdad de condiciones y sin que ello afecte la calidad o la justicia en las resoluciones de los tribunales”, concluyó Manríquez.

A lo largo de la indagatoria, Manríquez ha insistido en lograr una medida menos intensa que la prisión preventiva, como lo es el arresto domiciliario total, argumentando que igualmente cumple los fines del procedimiento, considerando que, en el caso de Hernández, no existe peligro de fuga y su libertad no representa un peligro para la seguridad de la sociedad

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