Por alrededor de una hora se extendió la audiencia en que la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago -integrada por los ministros Alejandro Rivera, Sandra Araya y el abogado integrante Jorge Gómez- escuchó los alegatos referentes al recurso de protección presentado por la defensa de Manuel Monsalve para anular el sumario de Contraloría en su contra.

En junio pasado, el organismo dirigido por Dorothy Pérez, como publicó este medio, levantó siete cargos en contra del exsubsecretario por una serie de graves infracciones que la exautoridad cometió en etapas previas y posteriores a la denuncia por violación que estampó su subalterna el 14 de octubre del año pasado, aunque para él, todo se dio en el marco de un proceso totalmente irregular.

Tras ser notificado, el otrora jefe civil de las policías no dudó en estampar con el abogado Enrique Aldunate un recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior y la propia Contraloría, acusando que el proceso disciplinario no se habría dado en el marco de la norma vigente. Según esa acción constitucional, existieron determinaciones “ilegales y arbitrarias, carentes de una adecuada motivación y adoptadas estando cursada la renuncia”.

Durante la jornada de este miércoles 1 de octubre, su abogado expuso ante los magistrados. Ahí, insistió en que, formalmente, Monsalve supo del sumario en su contra cuando fue citado a declarar, en marzo de 2025, pese a que supuestamente la decisión se había tomado y registrado en un decreto firmado el 16 de octubre de 2024.

En el recurso en cuestión, Monsalve relató el punto de esta forma: “En el mes de marzo de 2025, encontrándome recluido en el anexo Capitán Yáber, se me solicita declarar en este sumario, cuya existencia desconocía, empero, solo con fecha 9 de junio de los corrientes, he sido notificado personalmente en mi domicilio de la ciudad de Viña del Mar -atendido que me encuentro sometido a la medida cautelar señalada-, de la formulación de siete cargos en mi contra por mi presunta responsabilidad administrativa”.

Por lo mismo, en los alegatos se recalcó que haber cursado su renuncia el mismo día en que aparece tramitado el acto administrativo que dio origen al sumario -pese a tener antedatado el día 16 de octubre-, implica que el sumario “carecería de competencia material”.

Adicionalmente, el abogado planteó que aún cuando se le quisiera dar validez a esos documentos, todo quedaría invalidado al observar que Contraloría tomó el sumario días después. Eso, se subrayó, implicaría un acto administrativo nuevo, no a una simple continuidad.

Desde la otra vereda, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Jorge Escobar, esgrimió los argumentos tanto del gobierno como de Contraloría para sostener la validez de las indagaciones llevadas a cabo como también de los cargos formulados.

Así, los jueces procedieron a dejar en acuerdo su determinación, por lo que se espera que den a conocer su resolución en los próximos días.