La Corte Suprema chilena decretó el sobreseimiento definitivo por muerte del expresidente de Perú Alberto Fujimori, en un requerimiento por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos esterilizaciones forzadas, cometidos durante su gobierno.

En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y María Cristina Gajardo y la abogada Pía Tavolari- consideró que producida la muerte del exmandatario corresponde el sobreseimiento.

“Es posible concluir que la declaración de sobreseimiento definitivo del procedimiento de extradición emerge como una forma extraordinaria de ponerle fin expresamente aceptada por el legislador procedimental”, planteó la resolución.

En esa línea, el tribunal indica que esto “posibilita encontrar una respuesta jurídicamente consistente frente al surgimiento de ciertos hechos o circunstancias imprevistas de notoria relevancia procesal, en los que aparece inevitable decantarse por la conclusión extraordinaria del procedimiento, sin que ello importe un pronunciamiento asociado a la procedencia o improcedencia de la solicitud de extradición y su ampliación”.

“El fallecimiento del sujeto requerido constituye un motivo suficiente para poner término al procedimiento de extradición pasiva por la vía del sobreseimiento definitivo. Esto, en atención a que, por su intermedio, solo se constata el acaecimiento de un hecho jurídico que lisa y llanamente hace perder eficacia al procedimiento, sin efectuar consideraciones en torno al fondo de la controversia penal”, señala el fallo.

La resolución puntualiza que “el único efecto que busca la declaración de sobreseimiento definitivo del procedimiento de extradición por muerte del sujeto requerido es dar conclusión extraordinaria al mismo por haber sobrevenido un hecho externo al problema jurídico de fondo y con el mérito de dicho antecedente, traspasar al Estado requirente la potestad de declarar extinguida la responsabilidad penal de aquel”.

La muerte de Fujimori en Perú, a los 86 años, el 11 de septiembre de 2024, se concretó estando pendiente el procedimiento de extradición pasiva y la ampliación parcialmente concedida en primera instancia.

La muerte, precisó el máximo tribunal chileno, produjo irremediablemente la consecuencia jurídico-procesal de restar toda eficacia al procedimiento de extradición pasiva y, con ella, la subsecuente necesidad de terminarlo extraordinariamente mediante la declaración de sobreseimiento definitivo.

El fallo asevera que, bajo ese escenario, la resolución judicial de 20 de noviembre de 2024 que rechazó íntegramente la solicitud de ampliación de extradición como respuesta a la muerte de la persona requerida, transgredió el principio del desasimiento del tribunal, al modificar sustancialmente la sentencia de la ministra instructora Andrea Muñoz del 24 de junio de 2024 que había accedido parcialmente a la misma solicitud.

“Finalmente, en cuanto a los efectos jurídicos-penales generados a partir de la defunción del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori, esta Corte Suprema carece de competencia para emitir cualquier pronunciamiento sobre el punto, siendo resorte de las autoridades judiciales pertenecientes al Estado requirente resolver acerca de la extinción de la responsabilidad penal de aquél”, concluye el fallo.

La sentencia se adoptó con el voto en contra de la ministra Gajardo.

Acorralado por diversos escándalos mientras lideraba Perú, a finales de 2000, Fujimori renunció al cargo durante una visita a Japón y cinco años después, en noviembre de 2005, llegó a Chile, siendo detenido para ser entregado la justicia peruana en 2007 para que fuera juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno.

A mediados de 2017, la Corte Suprema de Chile amplió los cargos de extradición del expresidente Fujimori, en un fallo que permitía a la justicia peruana procesarlo por causas que quedaron fuera del juicio por el que fue encarcelado en 2009.

la resolución de junio de 2024, consideró cinco casos acogidos, en los que se cumplían, según la ministra Muñoz, los requisitos para acceder a la ampliación de la extradición,