En su primera intervención ante el Consejo Regional Metropolitano tras el ingreso del requerimiento por parte de la oposición que busca su destitución en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), el gobernador Claudio Orrego optó por subir el tono.

“Han presentado una acusación en mi contra y yo como ciudadano me voy a defender. Son las reglas del juego y las respeto”, dijo en el inicio de la cuenta, que terminó convertida en un debate entre acusaciones, desmentidos y llamados al respeto.

Durante su exposición Orrego presentó una diapositiva titulada “Algunas mentiras a desmentir”, en la que recopiló frases de consejeros regionales que, según dijo, “faltaban a la verdad”.

Una de ellas apuntaba directamente al core Víctor Valdés (republicano), quien es parte de la colectividad que firmó para presentar el requerimiento. Frente a esto, el gobernador afirmó que “una cosa es una crítica política y otra muy distinta es levantar falsedades que afectan no solo a mi persona, sino también a una institución que ha tratado de modernizarse”.

Para respaldar su versión, Orrego incluso invitó a dos integrantes del equipo directivo del Gobierno Regional para responder a afirmaciones hechas por Valdés. “No vienen a defenderme a mí, sino a una institución que ha sido víctima de una mentira”, sostuvo sobre Virginia Saavedra (directora subrogante de Administración y Finanzas) y Carolina Hidalgo (jefa de Modernización).

Luego de terminar su presentación, el gobernador anunció que también se entregarán detalles al consejo del sistema ERP (Enterprise Resource Planning) de la Corporación Regional, uno de los organismos cuestionados en los informes de Contraloría que sustentan parte del requerimiento.

El debate se intensificó cuando Orrego abordó declaraciones del consejero Sergio Morales (ind. republicano), quien en una sesión anterior del pleno vinculó al gobernador con el caso GOPA. “Yo presenté querellas, incluso llamé al Servicio de Impuestos Internos para que se querellara”, respondió Orrego. Y agregó: “No necesariamente hay una injuria, pero sí se ha tratado de instalar que el gobernador y la institución mienten”.

Acto seguido se dirigió al consejero Javier Ramírez (UDI), quien había señalado que Alberto Larraín, involucrado en el caso ProCultura, fue contratado por el GORE y que recursos de la entidad fueron recibidos por él como un amigo personal del gobernador, y que se le habría entregado “dinero en cash”.

Orrego lo desmintió: “Eso raya en lo ridículo. Pasó por todos los umbrales: Contraloría, Dipres y el propio Consejo Regional. Podemos tener opiniones distintas, pero andar desparramando mentiras atenta contra la convivencia civilizatoria entre nosotros”.

El siguiente aludido fue el core Álvaro Bellolio (UDI), uno de los precursores del requerimiento en contra de Orrego y jefe de bancada de los gremialistas.

“Usted fue víctima de acusaciones falsas y yo solidaricé con usted”, recordó Orrego. “Pero ahora usted me acusa de tener el teléfono de la fiscal. El día que fueron a buscar mi teléfono, yo estaba en otra actividad”. Además, Orrego calificó como “inaceptable” las afirmaciones de Bellolio sobre presunto favorecimiento a familiares en contrataciones. “Eso es una imputación de delito. Si tiene el dato, denúncielo. Pero no injurie ni a mí ni a mi equipo”, remató.

Durante la sesión también se leyó una carta enviada por los jefes de división y departamentos del Gobierno Regional, en la que rechazaron las acusaciones formuladas por Bellolio en un reportaje televisivo. En el documento, once altos funcionarios afirmaron que las declaraciones del core constituían “una acusación injusta, sin fundamento, sin indicar los hechos que la sostienen, ni los posibles responsables e involucrados”. Además, anunciaron que se ingresarán acciones legales “para restablecer nuestra honra dañada” contra el core Bellolio.

Respuestas

El primero en responder fue el core Valdés, quien aseguró que sus críticas no iban dirigidas contra personas, sino contra las herramientas tecnológicas que utiliza el GORE. “Lo que tienen no es un ERP, es un repositorio”, dijo, y agregó que si existiera un sistema adecuado, “no estaríamos ante los hallazgos del caso GOPA ni los informes de Contraloría”.

Morales también intervino: “Usted mismo dijo en este pleno que se contactó con la fiscal. Además, nos dijo que no pasaba nada con la corporación y una semana después aparece el informe de Contraloría. Pido que nos explique la salida de la directora de Administración de Finanzas (DAF) por irregularidades”.

A su vez, Donoso propuso una revisión para determinar si efectivamente existe un ERP funcionando en el Gobierno Regional.

Bellolio retomó las declaraciones de Orrego en el pleno para insistir en que sí hubo contacto con la fiscal. También mencionó el caso AJEM -incluido en el Informe 873, que detectó entre otras cosas los presuntos coaching electorales- y aseguró que involucra a la exdirectora de la DAF. Luego aludió al supuesto caso de la madre del exsubsecretario de la Subdere Miguel Crispi, diciendo que todo lo afirma con base en los informes de Contraloría.

Desde algunos sectores oficialistas hubo respaldo al gobernador y críticas al tono del debate. La core Valeria Ponti (RN) llamó al respeto hacia los funcionarios públicos: “El lenguaje construye realidad. Soy piñerista y también viví mentiras contra el expresidente. No hay una sanción administrativa contra el gobernador”.

Otro consejero de RN valoró que los funcionarios salieran a defenderse y expresó su esperanza de que “todo salga bien” para el gobernador.

Al cerrar, Orrego hizo un llamado al consejo: “Si alguien quiere denunciar un delito, que lo haga en los tribunales. Yo me voy a defender con mis abogados en el marco del requerimiento. Pero cuando se falte el respeto a los funcionarios y a mí, voy a salir a desmentirlo. Les pido que nuestras intervenciones no involucren a los equipos técnicos. Hagamos un esfuerzo por cambiar el tono del debate”.