El Juzgado de Garantía de Puerto Montt dejó en prisión preventiva a siete funcionarios de Gendarmería por, presuntamente, haber integrado una red criminal y por los delitos de lavado de activos y cohecho.

Según informó el tribunal mediante el sitio web del Poder Judicial, en total fueron ocho las personas formalizadas: los siete gendarmes y una civil, Margarita Moreno, imputada por los mismos delitos quedó bajo arresto domiciliario total, aunque esta decisión fue apelada por la Fiscalía. El tribunal aludió a que esta acusada no contaba con antecedentes penales y que ha colaborado con la investigación.

Respecto de los siete gendarmes, que fueron dados de baja, se especificó que corresponden al suboficial mayor Mario Palma, los suboficiales Mauricio Romero y Edgardo Cerna, el sargento segundo Senén Orellana, el cabo segundo Nicolás Toro y los cabos Hugo Núñez y Diego Casanelli.

El tribunal estableció que el Ministerio Público contaba con presupuesto material para establecer que tanto la civil como los exfuncionarios cometieron, presuntamente, los delitos de soborno y cohecho. Sin embargo, consideró que el delito de lavado de activos se circunscribía, según la prueba presentada hasta ahora, sólo a los exgendarmes, en la modalidad de autolavado. Y, además, se desestimó para todos los imputados, en esta etapa, la asociación para la comisión de crímenes.

El modus operandi

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, fue en los módulos 41, 42 y 43 del Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt que se detectaron dos organizaciones dedicadas a la comisión de delitos, que operaban con ayuda de funcionarios de Gendarmería, de los propios internos y sus familiares.

Los gendarmes -al menos desde 2023- permitían que visitas ingresaran especies prohibidas como alcohol, comida, artículos de lujo y fármacos; objetos ilícitos, entre ellos celulares, aparatos electrónicos y drogas; además de especies contraladas como dinero, que luego circulaban entre los internos.

También se acusó que luego de los allanamientos realizados para incautar artículos prohibidos o ilícitos, los gendarmes vendían estas especies u ofrecían devolverlas a cambio de dinero. Otra de las imputaciones fue que éstos “arrendaban” el patio del módulo para que los internos hicieran estafas telefónicas y coordinaran lanzamientos de drogas o celulares.

El dinero por estos “servicios” era recibido en efectivo por los gendarmes, por transferencias electrónicas que se hacían a cuentas corrientes de terceros o por “trueques”.

Respecto de Margarita Moreno, se acusó que su rol era recibir dinero, facilitando sus cuentas bancarias para recibir los depósitos de los internos o sus familiares por al menos, dos años y medio. Habría recibido más de $118 millones y más de $26 millones en la cuenta de una hija menor de edad.