La mañana de este miércoles, en la sala 201 del Centro de Justicia se llevó a cabo la jornada 560 del juicio por presunto financiamiento ilegal de la política, en el denominado caso SQM.

La última audiencia del caso estuvo marcada por la lectura del veredicto tras 11 años del caso, el que terminó con la absolución de los ocho acusados.

Así, tras casi tres años de juicio, las magistradas del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago arribaron a la convicción de que la Fiscalía Regional de Valparaíso no logró acreditar los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios en contra del exsenador de la UDI Pablo Longueira, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) y el exgerente general de SQM Patricio Contesse.

Así como tampoco los de Carmen Valdivieso, exasesora de Longueira; Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI; Cristián Warner, exsecretario general del PRO y asesor de MEO; Roberto León Araya, hijo del exdiputado, y Marcelo Rozas, asesor e histórico militante de la DC.

Pero antes de entregar su veredicto, la previa de la audiencia estuvo marcada por la llegada de ME-O, quien, a diferencia del resto que ingresó al Centro de Justicia a través del estacionamiento, lo hizo rodeado de adherentes por el frontis del edificio ubicado en Avenida Pedro Montt.

En un cuidado despliegue de adherentes que portaban una bandera y pancartas, ME-O era filmado en todo momento por un equipo de grabación, lo que hizo pensar a los asistentes a que se trataba de parte de su franja electoral.

“La verdad más importante de mi vida va a ocurrir en 20 minutos más. Voy a escuchar un veredicto”, dijo el candidato en medio de los gritos de sus seguidores y previo al fin del juicio que tuvo 560 audiencias, 219 testigos y más de mil millones de pesos en sueldos públicos asociados y en cuyo desarrollo del caso fallecieron 13 testigos.

El rol de la Fiscalía

Ya al interior de la sala, y con todos los asistentes individualizados, la jueza presidenta del tribunal, María Teresa Barrientos, comenzó a leer el veredicto, lo que se extendió por más de una hora.

La decisión del tribunal, que tuvo dos votos a favor y uno en contra, sería una derrota absoluta para el Ministerio Público, el que representado en esta ocasión por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, debió escuchar una a una las principales críticas de parte del tribunal a la investigación del ente persecutor.

Pero no fueron los únicos, porque las magistradas también emplazaron al Servicio de Impuestos Internos (SII), al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Fundación Ciudadano Inteligente.

A continuación, las principales frases que marcaran la criticada labor del Ministerio Público:

• “En el presente caso existe una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que afecta a todos los acusados, siendo la única forma de subsanar tal afectación e impedir que se perpetúe es la adopción de una decisión absolutoria”.
• “Tanta ha sido la dilación en la resolución de la causa, que las penas requeridas estarían prácticamente cumplidas, lo que evidencia aun más la vulneración a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”.
• “En este caso se ofrecieron por el persecutor más de 14 mil documentos, sorprendiendo que varios de los instrumentos ofrecidos se encontraban repetidos o contenidos de manera más genérica en los distintos medios de prueba. Lo anterior reveló un actuar poco prolijo y diligente del ente persecutor al ofrecer rendir la prueba, generándose diversos incidentes por este motivo durante el juicio, con la consecuente demora, en caso alguno atribuirles a las defensas”.
• “Queda asentado que la complejidad de la investigación desde el juicio no es la causante de la exorbitante demora de este procedimiento, sino que las actuaciones del propio Ministerio Público”.
• “Las probanzas resultaron insuficientes para tener por establecido, más allá de toda duda razonable, que se trató de documentos ideológicamente falsos”.
• “Un Estado democrático y constitucional de derecho como el chileno no puede permitir la prolongación desmesurada del ejercicio del imputado, por lo que se vulnera el derecho a ser juzgado de un plazo irrazonable”.
• “La extensión temporal de la investigación y el procedimiento en sí mismos hasta la obtención de la sentencia firme y ejecutoriada, han lesionado seriamente la situación jurídica de todos los acusados y acusadas, quienes estuvieron sujetos por largo tiempo a medidas cautelares privativas y restrictivas de su libertad personal”.
• “De ser conocidos los hechos imputados en un solo juicio oral, pudiera provocar graves dificultades de la organización o el desarrollo del juicio o detrimento del derecho de defensa”.
• “En el presente caso, la agrupación de investigaciones realizadas por el Ministerio Público y el rechazo a la petición y separación de acusaciones realizadas por los órganos jurisdiccionales ya citados, concluyendo la dictación de un único auto de apertura ha afectado sin duda el ejercicio del derecho-defensa de todos los acusados”.
• “Las precedentes reflexiones conllevan a sostener que estas magistradas no pueden suplir deficiencias en las propuestas tácticas de la acusación de los órganos estatales, representadas por el Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos y Consejo de Defensa Estado, así como de la fundación Ciudadano Inteligente”.