La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el cambio de las medidas cautelares de seis de los nueve acusados en el caso de violación grupal por parte de excadetes de Cobreloa.

En una sentencia unánime, el tribunal de alzada de Antofagasta hizo un fuerte llamado de atención al Ministerio Público. Esto debido a que un error del fiscal Eduardo Peña terminó jugando a favor de los acusados quienes ahora estarán en libertad luego de que se revocara la prisión preventiva.

“Se ha vuelto a constatar el cumplimiento insatisfactorio del acusador institucional, no siendo procedente justificar aquello en un error de sistema computacional, porque en su momento, representado que le fue la falencia, el fiscal razonablemente tenía la obligación de preparar los antecedentes a entregar, en el entendido de que él conoce la carpeta de investigación o al menos debiera conocerla, en especial respecto de aquella prueba que dice relación con la ofrecida en la acusación”, plantea el fallo.

“Esa falta de diligencia que ha derivado en nuevos retardos en la tramitación de la causa, que a su vez conlleva el aumento del tiempo de privación de libertad, tornando la medida cautelar como desproporcionada, no ya con el reproche penal que eventualmente arriesgan los acusados, sino porque la medida se ha extendido en exceso por la forma en que ha llevado adelante esta causa el ente persecutor”, se lee en la sentencia de los ministros Juan Fernando Opazo y Jaime Rojas y el abogado integrante Marcelo Díaz.

Ese extracto de la sentencia hace referencia al error que ocurrió el martes 26 de agosto. Ese día ocurrió la audiencia para la preparación del juicio oral en el Juzgado de Garantía de Calama y se constató que el Ministerio Público, específicamente el fiscal Eduardo Peña, no había entregado todos los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa a las defensas, vulnerando el derecho de los acusados.

Eso derivó en una reprogramación de la instancia para el próximo 29 de septiembre, pero también en una petición de seis de los nueve acusados para que se modificara su medida cautelar, lo que fue acogido este martes 2 de septiembre y ahora confirmado por la corte.

Los acusados quedaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.